PREÁMBULO CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO CAPÍTULO I INSTITUCIONES

PREÁMBULO CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO CAPÍTULO I INSTITUCIONES

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PREÁMBULO. CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO
CAPÍTULO I.
INSTITUCIONES LIMPIAS, ABIERTAS Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
1.1 Una democracia más fuerte, una democracia más representativa, una
democracia sin corrupción
1.2. El modelo autonómico de Ciudadanos
1.3. El modelo de financiación autonómica de Ciudadanos
1.4 Modelo de Administración de Ciudadanos
CAPÍTULO II.
REACTIVACION DE LA ECONOMIA Y CREACIÓN DE EMPLEO
2.1 Una economía garantía de prosperidad y empleo
2.2 Por un comercio dinámico, un turismo de calidad y un consumidor
exigente
2.3 Transportes e infraestructuras: Tendiendo puentes, abriendo
caminos para el futuro
2.4 Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el
territorio
2.5 Una energía más eficiente, un medio ambiente más controlado
CAPÍTULO III.
POR UNA CASTILLA Y LEÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR
3.1 Educación y cultura, bases para un futuro mejor
3.2 La sanidad, una garantía para todos los ciudadanos
3.3 Los servicios sociales, la verdadera política de unión y cohesión
social
3.4 Comprometidos con la calidad de vida: Vivienda y Urbanismo
PREÁMBULO. CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO
Castilla y León ya ha perdido demasiado tiempo. El dominio desde 1983
de la política castellanoleonesa por parte del Partido Popular ha
propiciado la creación de una red clientelar que ha generado abuso de
poder.
Durante los últimos treinta años el clientelismo del PP ha diseñado la
acción política de la Junta de Castilla y León, incluso dando un trato
desigual a aquellos ayuntamientos gobernados por otros partidos
políticos.
En este tiempo, los partidos tradicionales y la endogamia que los
gobierna han ido alejándose paulatinamente de la ciudadanía, más
preocupados por sus propios intereses que por trabajar con honestidad
para la sociedad a la que representan; han ido haciéndose con el
control de todos los sectores de la vida pública de forma tal que han
terminado con cualquier independencia entre los poderes de Castilla y
León e invadido todos los resortes de funcionamiento de la sociedad
civil.
En la actualidad nada escapa al control de los partidos (justicia,
medios de comunicación, los sindicatos, la cultura, las universidades,
etc.). Todo esto ha llevado a que el político no se sienta
representante de la ciudadanía sino gobernante de la misma y a que el
ciudadano no perciba al político como un servidor público al que se le
han de exigir responsabilidades por su gestión.
En Castilla y León se ha establecido un régimen pétreo que confunde
partido con gobierno.
El PP ha logrado consolidar una administración intervencionista que
contamina todos los ámbitos de la sociedad y que es utilizada como una
máquina de repartir cargos, prebendas, favores, represalias y genera
corruptelas.
El resultado de casi 30 años de gobierno monocolor es una Castilla y
León que sigue sin modernizarse y a la cola en gran parte de los
parámetros de desarrollo. No existe un tejido social emprendedor y
nuestro sistema educativo es deficiente. Castilla y León es una
sociedad presidida por el inmovilismo que presenta claros síntomas de
‘esclerosis social’, con falta de meritocracia y una economía poco
competitiva.
Por otra parte, el resto de partidos políticos han renunciado de forma
tácita, por dejadez o incapacidad, a ejercer cualquier tipo de
oposición, lo que hace impensable que se produzca hoy en Castilla y
León cualquier tipo de alternancia democrática, no digamos de una
diferente alternativa. Esta particular situación de la política
castellanoleonesa hace imprescindible la consolidación de un
movimiento regenerador civil que levante las alfombras del régimen y
que devuelva al ciudadano lo que es suyo: el control de la vida
pública de nuestra Comunidad Autónoma.
Ciudadanos irrumpe como la gran esperanza de cambio en Castilla y
León. Cambio para los autónomos, para los pequeños empresarios, para
los trabajadores, para las familias, para los jóvenes que han de
buscar fuera sus oportunidades, para los funcionarios que son
desplazados por asesores enchufados por los partidos, para los
ciudadanos de la calle que hasta hoy no teníamos voz en las Cortes de
Castilla y León para defendernos de los abusos de la partitocracia.
Ciudadanos supone un cambio de rumbo en la política castellanoleonesa
porque orienta el debate político hacia la búsqueda de soluciones a
los problemas reales de las personas, por aumentar sus libertades
cívicas desde un posicionamiento progresista, y por asignar todos los
esfuerzos y recursos públicos a mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos.
En definitiva, apostamos por defender el proyecto político que se
recoge en nuestro ideario, en nuestros programas electorales
anteriores, y en el que presentamos a continuación dando respuesta a
los que hoy constituyen los principales problemas y las principales
demandas que la ciudadanía hace a los políticos:
- Reactivación económica y creación de empleo.
- Regeneración de nuestra democracia para aumentar la transparencia en
los asuntos
públicos y acabar con la corrupción y la partitocracia.
- Garantía del Estado del Bienestar sin recortes en sanidad, educación
o servicios sociales.
- Defensa de los derechos y libertades cívicas.
- Racionalización de las administraciones públicas para que sean más
eficientes y evitar el despilfarro. Gastar menos y gastar mejor.
CAPÍTULO I
INSTITUCIONES LIMPIAS, ABIERTAS Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
En Castilla y León, al igual que en el resto de España, se impone
poderosamente la necesidad de una transición ciudadana que ponga fin a
las corruptelas para que los ciudadanos asumamos el poder y la
responsabilidad de decidir qué queremos para nuestro futuro y para el
de nuestros hijos.
Ha llegado la hora de proponer a los castellanoleoneses un nuevo pacto
político. Un nuevo contrato con los ciudadanos donde los elementos
centrales de ese pacto sean la integridad, la transparencia y la
vocación de servicio a la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de
renovar las instituciones políticas, de tal manera que se restaure el
principio de representatividad, se despoliticen las instituciones y se
garantice la total transparencia en la gestión de las finanzas y
recursos públicos.
Hay que separar poder político y poder económico, cortar los
tentáculos de la partitocracia sobre el poder judicial, los medios de
comunicación, los organismos reguladores y supervisores, los consejos
de administración de las empresas, los sindicatos y patronales entre
muchas otras medidas.
Necesitamos un cambio de mentalidad: en lugar de recelar de los
intentos de la ciudadanía por controlarles más estrechamente, los
políticos deben asumir que cuanto más abierto y transparente sea su
trabajo y más control tengan los ciudadanos sobre él, más eficaz y
digno de valorar será. Las instituciones, el imperio de la ley y la
seguridad jurídica, no son sólo necesarias por pura higiene
democrática, sino que también son cruciales para el crecimiento
económico.
1.1 Una democracia más fuerte, una democracia más representativa, una
democracia sin corrupción
En Castilla y León y en el resto de España sufrimos una partitocracia
en la cual los partidos desbordan su espacio propio y ocupan todo el
Estado y una buena parte de la sociedad. El poder de los partidos
anula la división de poderes e instaura un sistema descontrolado que
tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando
así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.
Para Ciudadanos es imprescindible ser rigurosos en la separación de
poderes para que éstos mantengan una verdadera independencia. Es
necesario que se incrementen los sistemas de control de las
instituciones, tanto desde la participación de los ciudadanos como
desde organismos técnicos independientes. Las instituciones deben
ofrecer transparencia en la información sobre su gestión.
Para Ciudadanos, Castilla y León no es patrimonio de oligarquías
políticas, sino de cada uno de sus ciudadanos. Por ello hay que
acercar la política al ciudadano, hacerla más representativa y, sobre
todo, no permitir que se establezcan redes clientelares ni de
corrupción en las administraciones. Para lograrlo hay que reforzar los
instrumentos de transparencia y control y afianzar la participación,
representación y decisión de los ciudadanos en las cuestiones que nos
afectan a todos.
1. Limitación de mandatos
Limitaremos a dos legislaturas el mandato máximo de altos cargos, como
el Presidente de la Junta o el del Parlamento, así como la estancia en
el gobierno autonómico como consejero.
2. Mejor representación de los ciudadanos
Fortalecer la democracia conlleva ensanchar los cauces de
participación pública de que disponemos los ciudadanos. En tal
sentido, promoveremos una reforma de la Ley Electoral autonómica que
mejore la representatividad de los ciudadanos y que aumente la
proporcionalidad, haciendo que un voto valga igual en cualquier lugar
de Castilla y León, para que los escaños obtenidos reflejen fielmente
el respaldo popular otorgado.
Endureceremos las obligaciones de transparencia entre los partidos
políticos y las entidades financieras. Además ciudadanos se compromete
a dar preferencia a trabajar con banca ética allá donde tenga
responsabilidad de arcas públicas.
Fomentaremos la democracia interna de los partidos proponiendo que
asuman en sus estatutos, como Ciudadanos, la elección mediante
primarias de sus candidatos y mejoren la transparencia de sus órganos
internos, a fin de asegurar la participación activa de los afiliados
en la toma de decisiones y promover así un mayor interés de la
ciudadanía por la participación política.
3. Listas abiertas
Promoveremos un modelo de listas abiertas y desbloqueadas, frente a
las actualmente cerradas y bloqueadas, donde el ciudadano escoja entre
los diferentes candidatos y los distintos partidos.
4. Financiación de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales
Proponemos la modificación de la legislación vigente para que todas
las donaciones realizadas a partidos políticos sean conocidas
públicamente.
Reduciremos las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones
empresariales ante la realidad económica que vivimos y la necesidad de
reducir el gasto público.
Eliminaremos las subvenciones a las asociaciones juveniles de los
partidos políticos y de los sindicatos. Eliminaremos las subvenciones
a las fundaciones de los partidos políticos y de los sindicatos.
5. Limitación del gasto electoral
Proponemos disminuir un 50% el límite legal de los gastos electorales
de los partidos políticos. En momentos en que la crisis económica
obliga a apretarse el cinturón a familias, empresas y
administraciones, los partidos deben dar ejemplo y disminuir sus
gastos.
Unificaremos en un solo envío la publicidad electoral, de tal manera
que todos los partidos
cuenten con la misma visibilidad logrando además un importante ahorro
de gastos de envío, de sobres y de ensobrado.
6. Reducción de sueldos de los cargos públicos
Propondremos la aprobación de una tabla de retribuciones para
representantes públicos y
miembros de órganos ejecutivos del Estado Central, las Comunidades
Autónomas y la
Administración Local, basada en los principios de austeridad y
proporcionalidad con la
responsabilidad del cargo.
7. Subvenciones a entidades
Evitaremos el acceso a las subvenciones públicas a todas las entidades
que incumplan o inciten a incumplir la legalidad democrática y
constitucional.
8. Acabar con la corrupción
Levantaremos las alfombras de las administraciones e instituciones de
Castilla y León para
descubrir y limpiar cuanto nos hayan ocultado. Los ciudadanos merecen
representantes públicos y gobiernos honestos que sirvan a la
ciudadanía y hagan buena gestión del dinero público.
Propondremos a todos los partidos políticos la firma de un pacto
contra la corrupción, en el que se incluyan, entre otras, las
siguientes medidas: la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los
partidos en casos de corrupción, la separación del imputado por
delitos relacionados con la corrupción política del cargo público y
exclusión de las listas electorales, la modificación de la legislación
sobre la financiación de los partidos políticos, la prohibición de las
condonaciones de las deudas contraídas por partidos políticos con
entidades financieras o la elaboración de un registro público de todas
las donaciones y las subvenciones que reciben los partidos políticos,
de acceso sencillo y gratuito por parte de cualquier ciudadano.
9. Derecho a la información y transparencia en la gestión pública
Estableceremos la obligación de hacer públicos todo tipo de informes y
encuestas que lleven a cabo los diferentes departamentos y organismos,
así como del coste y la motivación de los mismos y garantizaremos la
transparencia en sus adjudicaciones. Obligaremos a que los diputados
autonómicos elegidos y los consejeros nombrados hagan una declaración
de bienes al comenzar y finalizar la legislatura.
10. Propaganda institucional
Suprimiremos las campañas de propaganda institucional explícita o
encubierta. La Junta de Castilla y León tiene medios más que
suficientes para informar a la ciudadanía de su política y su
incidencia en la vida cotidiana por lo que no hay necesidad de gastar
recursos en balances propagandísticos, encartes, espacios de pago en
diarios o vallas publicitarias.
11. Incompatibilidades
Promoveremos el endurecimiento de la legislación y su aplicación
efectiva sobre la regulación de las incompatibilidades en las
instituciones y la Administración, así como entre éstas y la sociedad
civil, para evitar que los tránsitos entre la esfera pública y la
privada supongan perjuicio alguno de los intereses generales.
Incluiremos como incompatibilidad el ser alcalde o concejal y
procurador en las Cortes de Castilla y León.
1.2. El modelo autonómico de Ciudadanos
1. El ciudadano es el sujeto político
Desde la óptica de C’s, que el modelo de Estado sea unitario o federal
no es lo fundamental; lo importante es que el Estado,
independientemente de su organización territorial, haga del ciudadano
el sujeto político, atienda y resuelva sus problemas, garantice de
manera efectiva la igualdad de derechos y oportunidades y amplíe su
libertad.
2. Eficacia en la prestación de los servicios públicos
La autonomía territorial estará siempre subordinada a la mejor defensa
de la libertad del
ciudadano y de sus derechos políticos y sociales y a la mayor eficacia
en la prestación de los servicios públicos. En ningún caso la
descentralización política (tampoco la centralización) puede ser un
fin en sí mismo independiente de los criterios de interés para los
ciudadanos o de la eficacia en la prestación de servicios públicos. A
conseguir esos objetivos deben orientarse los recursos económicos,
financieros, humanos, materiales y legislativos.
3. Clarificación de competencias
Es necesario establecer un catálogo claro, simple y estable de
competencias basado en criterios de eficacia y racionalidad en la
distribución del poder político y la capacidad de gestión. Si bien
sabemos la importancia del criterio de la proximidad en la prestación
de los servicios cotidianos, en igualdad de oportunidades y con
independencia del lugar de residencia, no es menos cierto que no
siempre la Administración más próxima es la más adecuada para prestar
un servicio. Es necesario que el ciudadano identifique con nitidez qué
competencias corresponden a cada Administración y qué incidencia
tienen en su vida diaria para facilitar así, llegado el caso, la
exigencia de responsabilidades.
4. Igualdad en los derechos, las libertades y los servicios públicos
que reciben los ciudadanos en todo el país
Un Estado eficaz es aquel capaz de proteger y desarrollar por igual
los derechos, las prestaciones y las libertades cívicas. La
Administración Central del Estado debe definir, diseñar y asegurar la
extensión y la calidad de los servicios y las prestaciones públicas
consustanciales a la condición de ciudadano tales como: educación,
sanidad y servicios sociales, seguridad y justicia, comunicaciones e
infraestructuras y prestaciones sociales y mecanismos de
redistribución.
5. Más cooperación y coordinación
Un Estado complejo como el autonómico, con diferentes niveles de
decisión política, necesita mecanismos institucionales para favorecer
la cooperación, la coordinación y la armonización de las políticas, el
intercambio de datos e iniciativas y la cohesión de la acción pública
conjunta.
6. Más autonomía local
El proceso de descentralización se ha llevado a cabo en nombre de la
proximidad, pero su
desarrollo se ha quedado bloqueado a nivel de autonomías. Es necesario
dar un impulso a la gestión descentralizada y potenciar la
administración local dotando a municipios, mancomunidades y aéreas
metropolitanas de mayor autonomía, regulando sus competencias y
dotándolos de más capacidad y recursos para prestar unos servicios de
calidad que faciliten la resolución de las problemáticas y asuntos más
cotidianos de los ciudadanos.
1.3. El modelo de financiación autonómica de Ciudadanos
C's prioriza cuatro principios en su modelo:
1. Igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios
públicos esenciales: sanidad, educación, ayudas sociales, justicia y
seguridad
Debe definirse un catálogo de servicios común las CCAA cuya
financiación esté asegurada, como garantía de una sociedad justa y
cohesionada. Proponemos la creación de mecanismos de control del gasto
del fondo de cohesión que comprueben que recursos destinados a
garantizar los servicios básicos realmente se destinen a esas
partidas.
2. Corresponsabilidad fiscal
Mediante una agencia tributaria única consorciada, una “Hacienda
compartida”, entre la Administración Central y las comunidades
autónomas para evitar deslealtades y retrasos en los pagos,
garantizando la coordinación de las bases de datos de todas las
administraciones para luchar contra el fraude fiscal.
3. Autonomía y suficiencia financiera
Para que las Comunidades Autónomas obtengan los recursos suficientes
para prestar y gestionar las competencias que tienen asumidas.
4. Transparencia
En el modelo para que los ciudadanos sepan cuántos impuestos pagan y a
qué administración, para que puedan exigir responsabilidades por la
gestión de los mismos a quien corresponda.
5. Reforma
Ciudadanos propone la revisión del sistema de financiación autonómica
en el marco de la LOFCA (Ley Órgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas) con el objetivo de garantizar la igualdad en el
acceso a los servicios esenciales del conjunto ciudadanos españoles y
la suficiencia financiera del conjunto administraciones públicas
españolas.
1.4 Modelo de Administración de Ciudadanos
1. Administraciones abiertas, transparentes e impermeables a la
corrupción
Queremos Administraciones transparentes, con paredes de cristal, donde
el ciudadano tenga derecho de acceso a la información, derecho a saber
cuánto, dónde y cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
Administraciones donde los puestos de nivel inferior a Director
General o equivalente sean desempeñados por funcionarios de carrera en
lugar de personal de libre designación. En Ciudadanos queremos unas
Administraciones donde no haya cabida ni para la corrupción y ni para
el clientelismo político.
Impulsaremos las “sedes electrónicas” o “portales para la
transparencia”· de la Junta de Castilla y León y sus Consejerías, como
portales de acceso, a través de Internet, a la información autonómica
y como herramienta para agilizar los trámites administrativos. Estos
portales también deberán mostrar las actividades más importantes de
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León como
Plenos, actividades institucionales, propuestas, etc., y mostrar las
retribuciones de todos los representantes públicos, incluidos los
cargos directivos y de libre designación (asesores y cargos de
confianza).
2. Administraciones más eficientes, más ágiles, más participativas y
próximas a la ciudadanía
Administraciones donde se corrijan duplicidades, solapamientos y
gastos innecesarios. Hay que racionalizar estructuras administrativas
y empresariales suprimiendo aquellas que no tengan una clara
justificación, no aporten valor a la economía, o no tengan un carácter
social.
3. Instituciones orientadas a resolver los problemas de los ciudadanos
Hoy la Administración y las instituciones de Castilla y León se
centran en crear y mantener redes clientelares. Ciudadanos cambiará
esta prioridad destinando los recursos a abordar y resolver los
problemas reales de los castellanoleoneses y no a subvencionar
asociaciones y entidades cuya única finalidad es la lealtad partidista
al partido gobernante.
Potenciaremos la administración electrónica fomentando la utilización
de los certificados
digitales para empresas y ciudadanos y mejorando la interconexión
entre las distintas
administraciones.
4. Racionalización de gastos administrativos
El número de puestos de confianza en la Junta de Castilla y León
supone uno de los asuntos más ocultados por el gobierno
castellanoleones. Son puestos que dependen directamente del
nombramiento del presidente o de los consejeros, por lo que su
elección no se resuelve por convocatoria pública ni aparece en los
boletines oficiales. La Junta es opaca en relación a cuánto personal
de esta condición trabaja para ella; en general, ninguna
administración pública es proclive a ofrecer esta información. El
Estatuto Básico del Empleado Público establece que este personal, “en
virtud de nombramiento y con carácter no permanente” y que “sólo
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial”, deben ser retribuidos con cargo a los
créditos presupuestados consignados a tal fin.
Reduciremos el personal de confianza, estableceremos que sus sueldos
sean acordes a sus equivalentes de funcionarios de carrera y que
además los puestos de nivel inferior a Director General o equivalente
sean desempeñados por funcionarios de carrera en lugar de personal de
libre designación.
Nos comprometemos a recortar de manera drástica los gastos en informes
y estudios técnicos, los gastos de representación y protocolo y las
dietas y gratificaciones extraordinarias. Pondremos en conocimiento
del ciudadano el coste real de estos servicios y sus remuneraciones.
Proponemos que las dietas de los cargos públicos sean incorporadas
como parte del sueldo y que por tanto tengan sus retenciones de IRPF y
tribute como rendimiento del trabajo, o bien que todas las dietas para
ser cobradas vengan justificadas como gastos mediante factura.
5. Transparencia en las adjudicaciones
Estableceremos la máxima transparencia en la adjudicación de contratos
por parte de la
Administración de la Junta de Castilla y León e incrementaremos los
concursos abiertos que
fomenten la libre concurrencia.
Promoveremos mecanismos transparentes de adjudicación y protocolos de
control que garanticen la legalidad de las actuaciones; se solicitarán
informes y valoraciones reales de las empresas que liciten y se
publicarán en la web o sede electrónica las empresas adjudicatarias de
contratos con la administración, las ofertas realizadas por la empresa
ganadora y montante de los mismos.
CAPÍTULO II
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO
En un contexto de crisis financiera y económica, la economía
castellanoleonesa y la del resto de España se encuentra en un momento
difícil y en una situación de gran debilidad. Un volumen de deuda
total (Estado, CCAA, ayuntamientos, empresas, entidades financieras y
familias) que representa casi el 400% del PIB español; un sistema
productivo especializado en la fabricación de bienes y en la
elaboración de servicios de medio o bajo valor añadido y muy baja
productividad; más de cuatro millones y medio de parados y una tasa de
desempleo que duplica la media europea, y una gran dependencia de las
importaciones de energía, de los bienes de capital y de la tecnología
que precisa para crecer.
Acabar con la crisis exige que, además del apoyo a la estabilidad del
sistema financiero, el aumento de la demanda y el mantenimiento del
crédito, se produzca una reconversión productiva que favorezca la
producción de bienes y servicios de más alto valor añadido, mejore la
productividad y corrija el déficit comercial.
Para salir de la crisis hay que rediseñar el sistema productivo de
Castilla y León y del resto de España y orientarlo hacia un modelo de
mayor valor añadido y alta productividad.
Necesitamos un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, que
tenga como objetivo la eficiencia y la sostenibilidad y en el que se
fomenten las actividades relacionadas con el aprovechamiento y la
optimización y se primen las ideas de reutilización y de utilidad. En
definitiva, un modelo basado en la responsabilidad social que tenga
como objetivo el bienestar.
Ciudadanos considera que un cambio de modelo energético es clave para
el cambio de modelo productivo que necesitamos. La mejora de la
productividad de nuestra economía y la competitividad de nuestras
empresas exige un modelo energético más eficiente, menos
dependiente del exterior y más barato.
En Castilla y León estamos sufriendo una gravísima crisis económica y
social que comporta un aumento de las desigualdades, una disminución
del principio de igualdad de oportunidades y la continua destrucción
del tejido productivo y social.
Tenemos menos empresas, más desempleo, menos profesores, más listas de
espera hospitalarias, etc.
Castilla y León necesita realizar reformas estructurales que aumenten
la competitividad de su economía, requiere políticas de rigor
presupuestario y crecimiento que supongan creación de riqueza y
empleo. Sin crecimiento, no hay austeridad ni política impositiva que
sirva para reducir el déficit público, para resolver el problema del
desequilibrio de las cuentas públicas, ni para recuperar el empleo
perdido.
2.1. Una economía garantía de prosperidad y empleo
Reducir el desempleo y aumentar la productividad debería ser hoy el
objetivo fundamental del Gobierno de Castilla y León, los partidos
políticos y agentes sociales. En Ciudadanos queremos una economía
castellanoleonesa al servicio de las personas, favorecedora del
crecimiento, los emprendedores y el empleo.
Por ello apoyaremos y fomentaremos un modelo de crecimiento económico
que, sustentado en las empresas (grandes, medianas o pequeñas) y en la
innovación, tenga como principal objetivo el empleo, pero también el
aumento de la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad.
Los incrementos de productividad no pueden estar ligados solo a la
rebaja de los costes laborales. Debemos competir aumentando la
inversión en bienes de capital y en nuevas tecnologías, en formación
continuada de los trabajadores y en educación como estrategia
fundamental para el aumento de nuestra productividad y competitividad.
Castilla y León y el resto de España tienen que hacer un gran esfuerzo
dedicando recursos públicos y privados a la educación. Es prioritario
establecer una gran inversión que apoye desde el sector público y
privado la investigación, la innovación y las tecnologías de la
información y conocimiento, así como fomentar una mayor colaboración
entre la universidad, la empresa y las administraciones.
1. Compromiso con la excelencia y el trabajo bien hecho
La excelencia en el trabajo nace en la formación del futuro
trabajador. La calidad de la enseñanza universitaria española es una
asignatura pendiente de nuestra sociedad. En múltiples estudios
internacionales sobre la calidad de las universidades, se ponen de
manifiesto las deficiencias de las universidades españolas y
castellanoleonesas. Ninguna universidad española aparece entre las
cien primeras en el ranking mundial de calidad. En el caso de las
castellanoleonesas, la situación es peor, ya que no hay ninguna entre
las primeras 300 del mundo. Para Ciudadanos, la formación de nuestros
jóvenes es condición indispensable para la mejora de la productividad
y calidad en el mundo laboral. Tanto la formación profesional como la
universitaria deben potenciarse y mejorar, en permanente búsqueda de
la excelencia y el trabajo bien hecho.
2. Un modelo productivo más eficiente, de mayor valor añadido, más
alta productividad y más competitivo
Destinaremos más recursos públicos y estímulos fiscales para favorecer
la inversión en
investigación, desarrollo e innovación. Por su importancia en el
aumento de la productividad es necesario aumentar, por un lado, los
recursos públicos y los estímulos fiscales que favorezcan la inversión
privada; por otro, incrementar la investigación, el desarrollo y la
innovación.
Apoyaremos la creación de nuevos parques tecnológicos y la
consolidación de los ya existentes. Para ello implicaremos a los
diferentes agentes productivos, institucionales y científicos, creando
en su seno semilleros de empresas y estructuras de apoyo logístico y
asesoramiento.
Favoreceremos la colaboración entre universidades y empresas y, con
ello, se logrará la trasferencia de conocimiento necesaria para que
aumente la competitividad de nuestras empresas.
Incentivaremos fiscalmente el trabajo de alto valor añadido y la
atracción de talento extranjero.
Estableceremos una política industrial que priorice el ahorro y la
eficiencia energética y que mejore los costes de los principales
suministros para la industria como son la electricidad, el gas y el
agua.
Fomentaremos el aumento de la capacidad y velocidad de las conexiones
de banda ancha y la generalización de Internet móvil para fomentar el
teletrabajo, la Administración telemática (e-administración) y el
comercio electrónico.
Ciudadanos apoyará un Pacto Nacional sobre Competitividad,
Productividad y Empleo.
Para salir de la situación actual de crisis, poder invertir la
tendencia actual y situar la economía castellanoleonesa y española
entre las más prósperas es necesario la voluntad de toda la sociedad
que debe plasmarse en un acuerdo sobre los aspectos en que descansa
una economía moderna: competitividad, productividad y empleo.
En el ámbito agrícola, abordaremos el cambio de modelo agrícola
castellanoleonés, incorporando valor a los productos agrarios desde el
origen, la concentración de explotaciones, el desarrollo de empresas
con capacidad de competir en los mercados internacionales y en la
negociación con las cadenas de distribución.
En ese sentido, comprometeremos la Administración en la aportación de
capital público inicial (como capital riesgo o semilla) para la
capitalización inicial y el desarrollo de volumen empresarial y
cooperativo en el sector.
3. Promoción de las empresas, las PYMES y los autónomos
En Castilla y León hay en torno a doscientas mil personas que son
autónomos y las pequeñas y medianas empresas representan prácticamente
el 99% del tejido empresarial castellanoleonés.
La promoción de autónomos y pequeñas empresas está estrechamente
ligada a la creación de empleo y resultan trascendentales para la
actividad económica, la generación de riqueza y empleo.
Ciudadanos promoverá -haciendo efectiva la ventanilla única- la
simplificación de trámites, la eliminación de trabas y barreras
administrativas y los gastos burocráticos para el inicio de
actividades económicas.
Ciudadanos impulsará desde la administración pública la dinamización
económica mediante el establecimiento de fondos de inversión para
financiar nuevas empresas innovadoras y viables, así como facilitar la
reducción de cuotas a los autónomos y jóvenes empresarios.
Apoyaremos decididamente a las empresas exportadoras. El gran déficit
comercial castellanoleonés y español exige un mayor esfuerzo en el
apoyo logístico y financiero a las empresas exportadoras con el objeto
de favorecer su desarrollo y expansión en un mundo económico abierto y
global.
4. Créditos para proyectos y empresas viables
Unidad de captación de capitales globales. La escasez de fondos y las
dificultades que hoy existen para la financiación de autónomos y
pequeñas y medianas empresas exige un gran esfuerzo imaginativo para
atraer capitales de cualquier lugar del mundo. Es necesario que desde
la Administración se creen o se estimule la creación de unidades de
captación de capitales globales. Igualmente debe haber financiación
pública mediante líneas directas de crédito del ICO pero con un
control riguroso del destino de los fondos y de la eficiencia del
gasto público, de tal manera que si se destinan a la creación de
empleo deben orientarse fundamentalmente a sectores ligados al cambio
de modelo productivo. Si el destino es el crédito a empresas, PYMES y
autónomos consideramos que ha de ser fluido pero debe ser también muy
riguroso y destinarse a empresas capitalizadas, viables y competitivas
que se encuentran con problemas coyunturales para financiar el
circulante. La rigurosidad debe abarcar a las entidades financieras
que tendrán que seguir reestructurándose, especialmente las cajas de
ahorros, para su propia viabilidad y sin que el dinero público sirva
para salvar del concurso o la quiebra a entidades financieras mal
gestionadas.
5. Relanzar el sector industrial: nuestra gran prioridad
Si bien en los últimos años ha sido la construcción el motor de la
economía castellanoleonesa y española, es la industria la que
históricamente ha desempeñado dicho papel en los países desarrollados.
En Castilla y León, el peso del sector industrial es claramente
inferior al del resto de España, lo que limita y lastra su desarrollo
económico. La industria y los servicios vinculados a la misma resultan
un sector fundamental para la creación de empleo especializado, la
innovación tecnológica y la internacionalización.
Es necesario que la industria mejore la productividad y sea de esta
manera un sector competitivo, de modo que pase de ser una asignatura
pendiente de la economía castellanoleonesa, al motor de la misma.
Por ello es necesario una política industrial que:
Fomente la implantación y desarrollo de clústeres especializados en
actividades industriales tradicionales y tecnológicas de alto valor
añadido, como herramienta que permite generar un tejido industrial
sólido y competitivo vinculado al territorio, de alta productividad y
preparado para competir en el mercado internacional.
Impulse la internacionalización de nuestra economía mediante
estrategias coordinadas del sector público en cooperación con los
agentes económicos y sociales estableciendo plataformas logísticas por
todo el mundo para facilitar el acceso de las PYMES a los grandes
mercados mundiales.
Fomente la política de I+D+I destinada a la mejora de la capacidad de
competir de las empresas con productos de alto valor añadido que
busquen nichos de especialización en los mercados.
Favorezca la colaboración entre universidades y empresas y, con ello,
se logre la transferencia de conocimiento necesaria para que aumente
la competitividad de nuestras empresas.
Desarrolle la creación de instalaciones y centros al servicio de la
industria como pueden ser centros de desarrollo y transferencia
tecnológica, laboratorios de homologación y certificación, centros de
ensayo, etc.
Impulse la creación de infraestructuras de transportes y
comunicaciones que faciliten un traslado más económico y competitivo
de las mercancías.
Lucha contra las deslocalizaciones elaborando un plan que afronte tal
fenómeno. Deben implicarse las diferentes Administraciones Públicas y
los agentes sociales para examinar las causas y establecer estrategias
a largo plazo que lleven a mejorar la competitividad empresarial y la
formación de los trabajadores. Se mitigarán así los efectos de los
traslados industriales sobre el empleo y se activará la transición
hacia una economía basada en el conocimiento.
Establezca mejoras en la calidad y en los costes de los suministros
básicos para la industria como son la electricidad, el gas y el agua.
Apoye la inversión estrategia en sectores clave como el del automóvil,
el biotecnológico, el de la salud, el de las telecomunicaciones, el
del transporte y el de la energía, especialmente las renovables.
6. Fomento del empleo
Eliminaremos los contratos temporales e introduciremos el contrato
único e indefinido para acabar con la injusta diferencia entre
trabajadores fijos y temporales. Los nuevos contratos serán todos
indefinidos Estamos convencidos de que el contrato único e indefinido
disminuirá muchísimo el desempleo juvenil y la precariedad laboral.
Bonificaremos a las empresas que despidan menos y así contribuyan a
dar estabilidad a las relaciones laborales.
Estableceremos un programa para parados de larga duración,
ofreciéndoles una formación específica, recibirán unos bonos de
contratación para incentivar a las empresas a su contratación y
tendrán una orientación individualizada con perfiles personales que
les ayuden, de verdad, a encontrar empleo.
Sacaremos la formación de sindicatos y patronales. Queremos que la
formación de los trabajadores deje de estar en manos exclusivas de
sindicatos y organizaciones empresariales y abrirla también a las
empresas privadas para evitar las constantes corruptelas y favorecer
que haya más competencia y más calidad en los cursos.
Propondremos un fondo europeo contra el desempleo propondremos crear
un programa
Europeo contra el desempleo, con un fondo común y un sistema de
políticas activas inspiradas por las mejores prácticas del norte de
Europa. El dinero de este programa europeo sería destinado
íntegramente a la formación a elección del trabajador.
Reduciremos el paro juvenil impulsando medidas que combinen políticas
educativas y laborales que reduzcan el número de jóvenes parados y sin
formación. Aplicaremos el programa de garantía juvenil y lo
ampliaríamos hasta jóvenes de 30 años para disminuir el paro.
Igualmente velaremos por el cumplimiento de la nueva iniciativa sobre
empleo juvenil (2014-2020), creada por el Consejo Europeo para
regiones donde la tasa de desempleo juvenil supera el 25%.
Reformaremos el Servicio de Empleo de Castilla y León para hacerlo más
eficiente y eficaz, y lo coordinaremos con los diferentes servicios
públicos de empleo en todo el territorio nacional para que cumplan de
forma más eficaz su función de intermediarios laborales entre
oferentes y demandantes de empleo y ofrezcan servicios eficientes de
orientación y una formación que responda a las demandas del mercado
laboral.
Promoveremos recursos financieros para el impulso de las empresas en
las primeras fases de crecimiento poniendo al alcance de las PYMES
información y servicios para la mejora de su competitividad.
Desplegaremos un Plan Integral de Apoyo a Autónomos, mediante el cual:
- Reduciremos la cuota mensual de autónomos a 50 euros el primer año
de inicio de la actividad y a partir del segundo la cuota será
variable según el beneficio del trabajador autónomo.
- Estableceremos que los ingresos generados se deban declarar
únicamente en IRPF, esto es, una vez al año.
- Facilitaremos que los trámites de pago del IVA se realicen a través
de internet
- Estableceremos campañas de asesoramiento en el uso de las nuevas
tecnologías para ser más competitivos, uso del comercio electrónico.
- Estableceremos que las subvenciones a la creación de empresas estén
condicionadas a seguir unos cursos básicos formación para el
emprendimiento.
-Abarataremos la contratación estableciendo la reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social por dos años de las empresas que
contraten indefinidamente a nuevos empleados y no hayan despedido a
ningún trabajador en los tres meses anteriores a la nueva
contratación.
-Estableceremos deducciones en el impuesto de Sociedades para
incentivar fiscalmente las nuevas contrataciones empresariales.
-Para evitar despidos, mejoraremos los mecanismos de reducción horaria
y salarial, compensado con prestaciones por desempleo.
-Ampliaremos la duración de la renta activa de inserción cuando la
situación de emergencia personal y/o familiar de los desempleados que
pueden acogerse a esta figura perdure.
7. Plan de austeridad y control del gasto en la administración
Reducción de estructuras supérfluas de la Junta de Castilla y León,
empresas y fundaciones públicas, así como reducción de personal, en
especial asesores y altos cargos u otros puestos de libre designación.
Reducción de convenios y subvenciones, en particular las que tienen
por objetivo favorecer el clientelismo político.
Optimización de los recursos públicos con el objetivo de lograr una
mayor eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público.
2.2 Por un comercio dinámico, un turismo de calidad y un consumidor
exigente
El comercio–servicios es un sector económico en el que predominan los
autónomos y las pequeñas y medianas empresas, base económica de
Castilla y León. El sector está sufriendo muy especialmente la crisis
por la contención y disminución del consumo, fundamental para el
dinamismo del comercio y de la economía. La globalización de la
economía pone a nuestro alcance más variedad de productos, pero es
imprescindible que asociaciones de consumidores y la Administración
garanticen la calidad y seguridad de los productos y velen por la
salud de los consumidores, principalmente del sector primario en la
región.
La Junta y los Ayuntamientos deben fortalecer los servicios de
inspección en todo lo referente a competencia desleal, intrusismo
profesional y economía sumergida. De manera definitiva, se debe tratar
de igual forma a todos los que prestan servicios en el sector
comercio.
Por su parte, el turismo supone un reto para Castilla y León, pero la
intensificación de la competencia turística mundial, la aparición de
nuevos destinos y el cambio de hábitos de consumo turístico, implican
dificultades para el sector. Deben afrontarse haciendo atractiva
Castilla y León a nuevos clientes, incrementando en el sector el uso
de tecnologías de la información y comunicación.
Hay que promocionar los espacios únicos de cada provincia.
En Ciudadanos pensamos que estos sectores, ante la situación de
grandes dificultades que atraviesan, merecen una especial atención y
apoyo de la administración. Por eso proponemos:
1. Comercio
Cuatro son los ejes de la política comercial de Ciudadanos para
Castilla y León.
a.
Grandes superficies comerciales.
Proponemos que se fomente la implantación de estas grandes superficies
en los ejes comerciales ya consolidados con el fin de que sirvan de
locomotora de atracción hacía los mismos y evitar su ubicación en
zonas carentes de infraestructura comercial, por el perjuicio que
ocasionaría a las ya existentes.
Actuando de esta forma se crearían unas sinergias positivas para
grandes superficies comerciales y pequeños comercios y éstos
empezarían a percibir las grandes superficies como una oportunidad de
negocio en lugar de una amenaza.
Se debe modificar la normativa de instalación de grandes equipamientos
comerciales, aprobando por fin un esquema metropolitano de grandes
equipamientos comerciales. No tiene sentido aplicar el esquema
metropolitano para unas cosas y no para otras; el comercio, los
trasportes, los servicios, la industria, el ocio, debe ser un todo
armónico, equilibrado y organizado. No puede haber un municipio lleno
de infraestructura comercial mientras el centro de la ciudad se va
quedando vacío y muerto.
b.
Ajuste de la Demanda y la Oferta Comercial.
Proponemos ajustar la superficie comercial a las necesidades reales de
la población, evitando el crecimiento indiscriminado en algunas zonas
(que actúa en perjuicio de todo el comercio implantado en dicha zona)
y la falta del mismo en otras (que perjudica a la población que debe
de hacer desplazamientos innecesarios para abastecerse). Para ello
proponemos la elaboración de Planes Territoriales Sectoriales de
Equipamientos Comerciales y Planes Municipales de Urbanismo Comercial.
c.
Formación y Nuevas Tecnologías.
Proponemos fomentar la formación y la utilización de las Nuevas
Tecnologías entre los comerciantes, habilitando líneas de ayuda para
tal fin. Potenciaremos la competitividad de las empresas comerciales
con estrategias formativas, contractuales y laborales adecuadas al
sector, así como la plena adopción de las TIC (Tecnologías de la
información y Comunicación) para favorecer la viabilidad de las
pequeñas y medianas empresas, así como reduciendo los costes para los
autónomos. Impulsaremos el comercio a través de internet como
oportunidad de negocio abierto al mundo.
d.
Fomento del Asociacionismo y la Concentración Comercial.
Es incuestionable, que donde existe una concentración de comercio
importante, la oportunidad de negocio es mayor, por el importante
flujo de personas que atrae, de la misma manera las Asociaciones de
Comerciantes, también contribuyen con sus campañas de dinamización, a
que la zona comercial sea visitada. Proponemos por tanto activar
medidas que favorezcan las concentraciones comerciales y el
Asociacionismo, así como favorecer la creación de Cooperativas o
Grupos de Compra, que ayuden y faciliten al comerciante el desempeño
de su oficio. Es necesario aprobar y dotar un plan específico de apoyo
al comercio urbano independiente, enfocado a su modernización y a la
mejora de la competitividad.
Continuaremos apoyando los mercados municipales como modelo de centro
comercial especializado en productos frescos y de proximidad, así como
fomentar el comercio de legumbres y hortalizas, grandes líderes de la
exportación castellano leonesa durante muchos años, que se ven
amenazadas por la importación de otros países.
2. Turismo
El turismo y la industria turística hay que mimarlos en Castilla y
León. Para que cada vez nos visiten más turistas y eso repercuta en el
mantenimiento y la creación de empleo, desde las administraciones
debemos garantizar una mayor competencia y competitividad de nuestras
empresas así como la excelencia en la formación de los trabajadores.
Mejores instalaciones, mejores empresas y mejores trabajadores son la
única garantía de una Castilla y León atractiva turísticamente.
Queremos potenciar el turismo rural, de naturaleza, de interior. Hay
que aprovechar la naturaleza y aprovechar mucho mejor la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León .
Es necesario fomentar el conocimiento senderos naturales, vías verdes,
caminos históricos, vías pecuarias, líneas de ferrocarril abandonadas,
carreteras en desuso.
Impulsaremos una marca castellano leonesa propia de alojamientos de
turismo rural de calidad que permita la comercialización y promoción
integrada promovida por la
Administración Pública.
Desde Ciudadanos queremos fomentar el turismo cultural y de congresos
que puede atraer tantos beneficios a la sociedad castellanoleonesa.
Desde Ciudadanos queremos potenciar el turismo cultural con nuevos
recorridos para los Conjuntos Culturales, incorporando la recreación
virtual de dichos espacios y enlazándolos con otros hitos
patrimoniales para ampliar la oferta turística y su influencia
económica a ámbitos próximos.
Fomentaremos el turismo deportivo en todos sus ámbitos, así como la
celebración de macroeventos deportivos en temporada invernal como
maratones, ironman, cicloturismo, carreras populares, etc.
Fomentaremos que la administración turística esté presente en los
organismos de gestión de las infraestructuras logísticas (puertos,
aeropuertos, etc.), que son determinantes para la llegada de
visitantes a Castilla y León.
3. Defensa de los consumidores y usuarios
Apoyaremos las asociaciones de consumidores como entidades de defensa
de los derechos de los consumidores y usuarios. Potenciaremos el
teléfono de atención al consumidor para facilitar las reclamaciones de
los consumidores y usuarios.
Fomentaremos y mejoraremos las inspecciones en materia de consumo para
garantizar que los productos y servicios a disposición de los
consumidores cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Estableceremos un sistema de responsabilidad objetiva y de
indemnizaciones que compensen económicamente los perjuicios
producidos, especialmente en casos de falta de suministros de
servicios básicos (agua, gas, luz, teléfono, etc.).
Aumentaremos la transparencia en el sector financiero. Por el bien de
los consumidores promoveremos la eliminación de la “letra pequeña” en
los contratos con el sistema bancario y asegurador.
Nuestras actuaciones políticas relacionadas con el consumo tendrán
prioritariamente en cuenta las necesidades de los colectivos de
consumidores con necesidades específicas (alimenticias en los
celíacos, de seguridad en los niños, etc.)
Ampliaremos la implantación de las Oficinas Municipales y Comarcales
de Información a los Consumidores para hacer más cercana y sencilla la
relación con la Administración.
Fomentaremos la mediación y el arbitraje como sistema para resolver
conflictos, favoreciendo la incorporación de las organizaciones de
consumidores en la resolución de conflictos y difundiendo el
conocimiento del sistema arbitral de consumo entre la población y los
agentes económicos.
Fomentaremos el consumo responsable en base a criterios de
sostenibilidad cultural, medioambiental y socioeconómica.
2.3 Transporte e Infraestructuras: Tendiendo puentes, abriendo caminos
para el futuro
Las infraestructuras tienen para Ciudadanos una especial relevancia,
pues son unos de los pilares donde descansa la vertebración, el
equilibrio territorial, el dinamismo y la competitividad de las
actividades económicas. Unas buenas infraestructuras aproximan la
igualdad de rentas y de oportunidades entre ciudadanos
independientemente de su lugar de residencia y contribuyen a la mejora
de la calidad de vida de las personas.
La estrategia de infraestructuras públicas que defiende Ciudadanos
prioriza criterios de desarrollo económico aunque sin olvidar otros
como la cohesión territorial.
Los planes de infraestructuras tendrán como principio básico invertir
sólo en aquellos proyectos que generen una rentabilidad social que
supere el coste de oportunidad de los recursos utilizados, en términos
coste-beneficio. Basándose en esa estrategia, Ciudadanos se compromete
a resolver los déficits actuales y a mejorar las infraestructuras de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras, apostando
decididamente por el transporte público y la racionalización del
transporte privado. En el entorno de las ciudades castellanoleonesas,
consolidaremos y profundizaremos la integración metropolitana.
1.
Transporte público
Mejoraremos el transporte público fomentando la intermodalidad con más
oferta, mayor velocidad comercial, más frecuencia y un mejor servicio
con nuevas líneas, horarios nocturnos, cobertura telefónica, mejor
información, etc.
A través de un acuerdo entre las distintas administraciones del
transporte optimizaremos las tarjetas de transporte intermodal para
que den acceso a todos los operadores de transporte público de
Castilla y León integrando las diferentes redes de Cercanías con los
Consorcios de Transportes Metropolitanos correspondientes.
Estableceremos un descuento del 50% de esas tarjetas para estudiantes,
desempleados y pensionistas.
2.
Mejorar la oferta de autobuses y racionalizar el sector del taxi
Como complemento al transporte de pasajeros por ferrocarril y para
aquellos trayectos donde el número de usuarios no justifica las
elevadas inversiones que representa el ferrocarril, mejoraremos la
oferta de autobuses interurbanos.
Líneas que conecten directamente las poblaciones del área
metropolitana en red, sin necesidad de pasar por un municipio central.
Impulsaremos una reconversión del sector del taxi que mejorando la
regulación de la profesión garantice su estabilidad y rentabilidad.
3.
Red viaria
Potenciaremos el estudio, seguimiento, publicación y erradicación de
los puntos negros presentes en las carreteras castellanoleonesas.
Nos comprometemos a invertir el monto recaudado con sanciones de
tráfico en la mejora de pavimentos, señalización, pintura
antideslizante y guardarraíles de doble bionda que absorban el impacto
de los motoristas e impidan su rebote hacia el centro de la calzada.
4.
Aeropuertos
Defenderemos la titularidad pública estatal sin perjuicio de la
participación de otras administraciones y la iniciativa privada en su
gestión.
Nos comprometemos a velar por el mantenimiento y la mejora de los
servicios de transporte público (trenes y autobuses) en los
aeropuertos castellanoleoneses, de forma que estos permanezcan
comunicados, mediante un transporte público suficiente y de calidad,
con las poblaciones de referencia durante todo el horario de apertura
del aeropuerto.
5.
Peajes y calidad de las autopistas
Estableceremos el carácter gratuito de las autopistas cuando las
anomalías en la red viaria convencional obliguen a circular por ellas
o cuando no se garantice una determinada velocidad media.
Instaremos a las administraciones competentes a suprimir
progresivamente los peajes.
Apoyaremos que no se renueven automáticamente las concesiones vigentes
de peajes, así como defenderemos homogeneizar, en la medida de lo
posible, el precio/km del peaje en Castilla y León y homologarlo con
el resto de España.
6.
Movilidad
Promoveremos el establecimiento de límites de velocidad en función de
la situación viaria de cada carretera, autovía o autopista.
Facilitaremos la movilidad en bicicleta en todos los núcleos urbanos,
garantizando una mayor seguridad del ciclista y un total respeto de
las normas de circulación por parte del mismo, con garantías para el
peatón y las personas con movilidad reducida.
7.
Logística
Daremos un decidido impulso al desarrollo de la logística como
industria tecnológica y de valor añadido.
Impulsaremos que los aeropuertos, estaciones AVE o puertos sean polos
de desarrollo económico y territorial.
8.
Evaluación de las infraestructuras y obras públicas
Estableceremos un sistema de evaluación previa y continuada de las
infraestructuras y obras públicas con parámetros de sostenibilidad,
rentabilidad social, seguridad y mantenimiento.
2.4 Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el
territorio
La agricultura en Castilla y León tiene grandes dificultades debido a
los retos que en el siglo XXI plantea la globalización.
Las dimensiones insuficientes de las explotaciones, la falta de
infraestructuras, la falta de formación, innovación e investigación,
los déficits en comercialización y distribución, el insuficiente
desarrollo de las cooperativas y de los sectores productivos y el
envejecimiento de la población rural son carencias y obstáculos que es
necesario superar.
Para Ciudadanos es imprescindible establecer y consolidar una
agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el territorio, que
aporte valor a añadido a los productos mediante una producción de
calidad y una excelente transformación.
La agricultura y la industria agroalimentaria han de continuar siendo
referentes en la economía castellanoleonesa, pero para ello, han de
seguir modernizándose y mejorar su productividad y su capacidad de
innovación.
Es necesario apoyar a la agricultura y a la ganadería desde una óptica
empresarial moderna, donde la Agricultura Ecológica lidere su
crecimiento y contribución al desarrollo rural. Se priorizará la
producción ecológica como una de las herramientas más completas para
afrontar los desafíos de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y
el desarrollo rural.
Modernizar la agricultura exige fomentar la formación agraria, el
relevo generacional de los agricultores con políticas atractivas para
jóvenes, el cooperativismo agrario, la industria agroalimentaria, las
denominaciones de origen, nuevas estrategias en la comercialización de
productos agrarios, otras fuentes de recursos como el agroturismo.
Apoyaremos la modernización de las empresas agrícolas que producen
productos locales y de calidad y promoveremos campañas de comunicación
destinadas a los consumidores.
Estableceremos un plan ambicioso de transformación de tierras de
secano a regadío para mejorar su eficiencia y productividad.
Promoveremos programas que permitan conservar y restaurar la
biodiversidad en el espacio agrario y contribuyan a una mejor
protección de las aguas y del suelo.
Promoveremos los canales cortos de comercialización como fomento del
empleo femenino en el ámbito rural y como complemento económico.
1.
Reestructuración del Departamento de Agricultura y Ganadería
Reestructuraremos la Consejería de Agricultura y Ganadería sacando a
los técnicos al campo y recuperando la antigua figura de veterinario
titular de pueblo o agrónomo de pueblo
Se eliminarán todas las empresas paralelas de la administración
quedando el control en manos de los funcionarios. De tal manera que
fomentaremos un verdadero apoyo para el sector, eliminando costes con
organismos dependientes y asociados.
Aseguraremos una adecuada financiación para proyectos agrarios
estratégicos e innovadores.
2.
Una red comercial internacional
Impulsaremos una estructura comercial que posibilite el acceso de
nuestra industria agrícola a los mercados mundiales en los que una
agricultura como la nuestra, puede expandirse por sus cualidades y
valores.
3.
Fomento del sistema de seguros agrarios
Fomentaremos el sistema de seguros agrarios como medio para garantizar
rentas de explotación, dotándolo de un presupuesto suficiente para que
su coste sea asumible y adaptando sus coberturas a la realidad de
riesgos de Castilla y León.
4.
Impulso firme de la formación
Homologaremos la formación profesional agraria en el sistema de
formación del Departamento de Educación. Dotaremos de más medios la
formación profesional y promoveremos la formación continuada de los
profesionales de la agricultura.
5.
Reparcelación de tierras
Con la finalidad de conseguir explotaciones viables y más productivas,
facilitaremos desde la Administración la reparcelación de tierras ya
iniciadas promoviendo las que aún no lo están, mediante herramientas
como un sistema de permuta viable desde el punto de vista impositivo.
6.
Apoyo a las cooperativas agrarias
El sector de cooperativas agrarias merece nuestro decidido apoyo por
su especial papel en el sector agroalimentario en Castilla y León, su
capacidad para generar empleo y fijar la población en el territorio.
Por ello nos comprometemos a modificar la Ley de cooperativas para
adaptarla a la realidad del cooperativismo agrario y a impulsar la
fusión de cooperativas y la formación de cooperativas de segundo grado
y su modernización.
7.
Principio de reciprocidad
Implantaremos el principio de reciprocidad a los productos
alimenticios de otros países en lo que se refiere a requisitos
normativos asociados (seguridad alimentaria, medio ambiente, etc.). El
objetivo es garantizar al consumidor que adquiere un producto de igual
nivel de calidad, evitar la competencia desleal y asegurar la
competitividad de nuestra producción.
8.
Precio justo para el campo
Estableceremos organismos interprofesionales que regulen las
actividades de transformación de productos agrarios, para garantizar
una justa distribución de los precios y unos justos precios para el
agricultor
9.
Gestión del agua
Es necesaria la modernización de infraestructuras de regadío para que,
atendiendo las necesidades de las comunidades de regantes, pueda
producirse una mejor utilización del agua y su consiguiente ahorro.
Fomentaremos el aprovechamiento de las aguas residuales para usos
agrícolas, previo informe de la Agencia castellanoleonesa del agua que
garantice que está exenta de residuos y es aprovechable para la
actividad agrícola.
Fomentaremos el aprovechamiento de residuos tradicionalmente tóxicos
y/o contaminantes como los purines de ganados, etc, aplicándo las
nuevas tecnologías e incorporándolos a procesos productivos evitando
contaminaciones y favoreciendo el medio ambiente.
10.
Denominación de origen
Fomentaremos medidas para mejorar la identificación, la
comercialización y para dar más
valor a los productos agrícolas.
11.
Explotación responsable
Ciudadanos promocionará la agricultura ecológica y establecerá mayor
control sobre los transgénicos.
2.5 Una energía más eficiente, un medio ambiente más controlado
Los ejes de la política energética de C's son:
1.
Mix energético sostenible. Queremos una política energética que
resuelva el problema del déficit de tarifa y contribuya a la
creación de un mix energético sostenible y equilibrado que se
traduzca en un ahorro de costes para empresas y consumidores.
2.
Reducir el recibo de la electricidad. Queremos modificar el
sistema de formación de precios para disminuir los altos costes
eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit de
tarifa.
3.
Planificación. Entendemos que resulta fundamental planificar las
necesidades de energía a medio y largo plazo y como cubrirlas para
garantizar que la demanda sea adecuadamente abastecida a la vez
que se evitan situaciones de sobredimensionamiento como el actual.
4.
Liberalización y competencia. Impedir que las empresas de
generación, distribución (con la propiedad de las redes) y
comercialización, provenientes de los antiguos monopolios,
continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. Con ello,
se da verdadero cumplimiento a la Directiva europea que pretendía
un aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la
calidad del servicio y aumento de la competencia.
5.
Seguridad Jurídica. La incertidumbre jurídica es el peor enemigo
para las inversiones extranjeras y nacionales, por ello resulta
imprescindible la protección de los inversores mediante el
cumplimiento de los contratos acordados con la administración. No
es positivo para el país establecer cambios normativos con efectos
retroactivos que dinamitan nuestra credibilidad como país y merman
el potencial inversor.
6.
Incentivar la eficiencia. Para reducir la demanda de energía y
llevar a cabo un ahorro de energía significativo y duradero es
necesario, por una parte, desarrollar técnicas, productos y
servicios eficientes desde el punto de vista energético y, por
otra parte, modificar los comportamientos para consumir menos
energía y conservar, al mismo tiempo, la misma calidad de vida.
7.
Energías renovables. La inversión mundial en energías renovables
no para de crecer y van a ser las que experimenten un mayor
crecimiento en los próximos años. España, por los recursos
naturales de que disponemos y por los conocimientos tecnológicos
acumulados, disfruta en relación a otros países, de una ventaja
comparativa indudable que no podemos desaprovechar para hacer de
las energías renovables el pilar fundamental de un nuevo modelo
energético.
En relación al medio ambiente, desde Ciudadanos apostamos por la
economía verde como forma de generar en Castilla y León puestos de
trabajo.
Entendemos el medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico y
reconocemos su potencialidad como yacimiento de empleo.
El medio ambiente de la comunidad autónoma de Castilla y León se ha
configurado con el tiempo como una de sus señas de identidad
principales. Este patrimonio ambiental está reconocido unánimemente
por sus habitantes, de cualquier orientación ideológica, como uno de
los valores a potenciar, y especialmente importante en el mundo rural
como uno de los medios de frenar la despoblación, esa lacra
fundamental que viene azotando esta región.
Es intención de Ciudadanos continuar, como no puede ser de otra
manera, con la protección y puesta en valor de este rico patrimonio.
Es de señalar la grave y drástica reducción de personal que está
sufriendo la consejería de medio ambiente y fomento, mientras las
empresas públicas y fundaciones continúan al alza.
Especialmente grave es la consideración en la práctica como cuerpo a
extinguir de los agentes medioambientales (los guardas) a los que la
última reforma de la ley de montes ha despojado incluso de su
consideración de agentes de la autoridad, suponemos que en beneficio
de los guardas de campo de fincas privadas.
En cuanto al medio ambiente industrial, se debe proceder a una reforma
interna de la administración, y una información más exhaustiva para
las empresas, especialmente las pequeñas. La puesta en valor de los
residuos, la depuración de las aguas, el control de la contaminación,
etc.. no puede realizarse si la administración únicamente de dedica a
tramitar y sancionar, sino que debe informar y apoyar a las empresas,
especialmente las pequeñas, para poder cumplir la cada vez más
exigente normativa ambiental.
Defendemos una nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC) que
condicione las ayudas a la producción sostenible y ecológica, no solo
por razones medioambientales, sino también como forma de garantizar
mayores rentas al agricultor castellanoleonés.
Queremos una nueva PAC que aumente la partida dedicada al desarrollo
rural con el objetivo de seguir promoviendo fuentes alternativas de
empleo y la diversificación de actividades.
Ciudadanos, en concordancia con el Programa Marco Horizonte 2020,
promoverá la inversión y la investigación en energías renovables, la
eficiencia energética, las tecnologías del agua y la gestión de los
residuos. Las medidas establecidas en el protocolo de Kyoto y la
Directiva de comercio de emisiones en la Unión Europea hacen necesario
un cambio de modelo energético en Castilla y León y en el resto de
España.
1.
Más eficiencia, más ahorro energético y un uso responsable del
agua
Priorizaremos la eficiencia, el ahorro y la mejora de los procesos
productivos como base de la reducción del consumo energético de
nuestra economía.
Promoveremos el cambio de procesos productivos, de organización, de
diseño y de materiales con la finalidad de mejorar y alargar el
periodo de vida de los productos finales.
Elaboraremos planes específicos de concienciación y sensibilización
social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica tanto
en el ámbito doméstico como en el industrial.
Impulsaremos, por un lado, el ahorro energético mediante la
penalización del derroche o el uso excesivo reflejado en las facturas;
por otro, facilitaremos el asesoramiento de la
Administración a las empresas para mejorar su eficiencia energética.
Promoveremos hábitos comerciales de menor producción de residuos.
Promoveremos que las bolsas de plástico de un solo uso sean del tipo
biodegradable y la reimplantación del sistema de depósito y devolución
de envases.
Potenciaremos la inversión en técnicas de optimización del uso de agua
y la reducción de las cuantiosas pérdidas en las redes de
distribución.
Mejoraremos la calidad del agua que llega al usuario residencial.
Promoveremos y facilitaremos la reutilización del agua en todas las
depuradoras para el riego de zonas verdes, fuentes ornamentales y
limpieza de calles.
2.
Residuos
Velaremos porque el mapa de plantas de tratamiento obedezca a la
autosuficiencia de cada zona territorial y porque el fin último del
proceso no sea la eliminación de residuos, sino la valorización al
máximo de los mismos.
Igualmente está siendo inadecuada las política de gestión de residuos
que, lejos de controlar y mantener su volumen, siguen incrementándose,
por lo que resulta imprescindible la disminución de envases y
embalajes, la mejora del sistema de vertederos e incineradoras y la
extensión de la recogida selectiva.
Fomentaremos la extensión de la recogida selectiva y mejora de las
infraestructuras de tratamiento y reciclaje.
3.
Energías renovables y preservación del territorio
Reduciremos las primas a las plantas de energías renovables que se
construyan a partir de ahora e impondremos recortes a las plantas
existentes construidas con primas muy altas garantizando, en todo
caso, las inversiones realizadas.
Energía solar. Generalizaremos la instalación de placas solares
térmicas en edificios oficiales e incentivaremos su instalación en
viviendas antiguas. Reduciremos las trabas impuestas por las compañías
eléctricas para la producción y venta de energía de particulares.
Energía eólica. Apoyaremos decididamente la construcción de nuevos
parques, por ser de las energías renovables más competitivas y con
menores costes.
Biogás. Impulsaremos el aprovechamiento de las posibilidades de biogás
en los vertederos. Incrementaremos la reducción de impuestos a
combustibles.
Promoveremos políticas agrícolas sostenibles especialmente en zonas
periurbanas y de protección. La creación de Parques Naturales no debe
suponer ningún freno a la explotación agrícola sostenible e integrada
en el territorio.
CAPÍTULO III
POR UNA CASTILLA Y LEÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR
Los servicios públicos, garantes del Estado de bienestar, tienen que
ser una de las verdaderas prioridades de la política
castellanoleonesa. Ciudadanos se reafirma en su defensa del Estado del
bienestar como garantía de la igualdad de oportunidades. La educación
es decisiva para el porvenir de toda sociedad y fundamental en la
igualdad efectiva de oportunidades.
La salud es fundamental para el bienestar de las personas. Por ello
C’s quiere un sistema sanitario que, además del tratamiento de las
enfermedades, se ocupe de la prevención, los hábitos saludables, la
rehabilitación, la asistencia y la investigación.
Desplegaremos actuaciones políticas de prevención social dirigidas a
los segmentos más vulnerables de la ciudadanía e incidiremos sobre las
causas más habituales de exclusión social.
Estos problemas deben quedar fuera de la disputa electoralista y
demagógica dada su importancia en la construcción de una sociedad
realmente libre y socialmente cohesionada.
En un contexto global de crisis, el acceso a la vivienda, ya de por sí
complicado por causa de unas decisiones políticas inadecuadas, se ha
convertido en una utopía. Para mejorar esta situación es necesario
tomar medidas, no solo que revisen la regulación en materia
hipotecaria y de tasación, sino también un nuevo modelo urbanístico
más sostenible. Además, nos comprometemos firmemente a potenciar la
cultura del alquiler, que en España se encuentra muy por debajo de la
media europea.
En cuanto a la seguridad ciudadana, Ciudadanos considera que es un
servicio público imprescindible para el ejercicio libre y efectivo de
las libertades públicas. Proponemos un modelo de seguridad que se
articula en torno a tres ejes básicos: la prevención de la inseguridad
y criminalidad, la consolidación de una percepción de seguridad y la
represión de las conductas criminales.
3.1 Educación y cultura, bases para un futuro mejor
Apostamos por un sistema educativo donde la escuela pública, bajo los
principios de igualdad, equidad, gratuidad y universalidad, garantice
el derecho a una educación obligatoria de calidad independientemente
de la situación económica de los estudiantes.
Asimismo, defendemos la escuela concertada como garante de la libertad
de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo.
Para C’s la educación tiene la máxima prioridad. Queremos formar
personas, ciudadanos y profesionales con más oportunidades para el
futuro.
Consideramos que los alumnos, en los centros docentes, deben recibir
información específica sobre el significado de la ciudadanía, los
tipos de derechos y deberes que ésta conlleva. Para Cs es muy
importante explicar a los jóvenes el significado de la ciudadanía
responsable en una sociedad democrática.
Desde el respeto y garantía del derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones
recogido en la Constitución, en Cs defendemos una escuela pública
laica y proponemos la creación de una asignatura específica sobre la
Historia de las religiones que atienda desde el laicismo los distintos
aspectos históricos y culturales de la religión.
En Cs no somos partidarios de la separación de alumnos y alumnas en
las aulas. Entendemos que no existen razones pedagógicas ni de ningún
otro tipo que la justifiquen, más bien al contrario, fomentar los
valores de la convivencia y la igualdad exigen una educación no
diferenciada por sexos.
La educación es una inversión que dará sus rendimientos en forma de
desarrollo económico y bienestar social. Los países con sus ciudadanos
mejor formados son los que tienen mayores perspectivas de crecimiento
y de prosperidad. Elevando el nivel educativo aumentamos el potencial
competitivo de una región o de un país.
Es por ello que C’s quiere mejorar aspectos clave en materia educativa
como: el abandono y el fracaso escolar, el aprendizaje de idiomas, la
mejora de la formación profesional, la estabilidad de los planes de
estudios y un largo etcétera de aspectos.
Es preciso unificar los bachilleratos en diferentes institutos de las
áreas rurales para poder contar con el suficiente número de alumnos en
ellos, así como cubrir las bajas de los profesores antes de 10 días
hábiles.
Así mismo, el conocimiento y dominio de las lenguas, especialmente del
inglés, es insuficiente en Castilla y León. En el mundo actual es
imprescindible que nuestros alumnos alcancen un excelente nivel de
inglés y para ello es muy necesaria la implantación de una enseñanza
bilingüe: español e inglés.
Esta enseñanza ha de ser una prioridad para que las futuras
generaciones puedan aspirar y conseguir más y mejores oportunidades
sociales y laborales. En los últimos años se ha impuesto una pedagogía
de la promoción automática y el facilismo que impregna las leyes
educativas. No cabe duda de que esta pedagogía, junto a otros factores
relacionados con la implicación de las familias, falta de medios,
etc., es la principal responsable del fracaso escolar .
Ciudadanos apuesta por una escuela pública de calidad, bilingüe
(castellano e inglés) y aconfesional, donde la cultura del esfuerzo y
el mérito sean los pilares del sistema educativo y que tenga como
principales objetivos buscar la excelencia educativa y favorecer la
promoción social.
La cultura también juega un papel primordial en la igualdad de
oportunidades y por ello Ciudadanos no sólo fomentará la creación y
difusión de contenidos culturales, sino que promoverá todas las vías
de acceso de los ciudadanos a esos contenidos, incluyendo las nuevas
tecnologías.
1.
Educación bilingüe
En un mundo globalizado el aprendizaje del inglés es vital para
aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo tanto dentro de
Castilla y León como si se busca en países europeos. Y el nivel de
inglés sigue siendo una asignatura pendiente en España, y en Castilla
y León. Por ello, continuaremos con el proceso de implementación del
bilingüismo en Castilla y León pero además de eso, exigiremos a los
profesores de primaria y secundaria un buen nivel de inglés, algo que
hasta la fecha no se está acometiendo y por ello la implementación
real del bilingüismo es mucho menor que lo que el número de colegios e
institutos bilingües pueden hacer creer.
2.
Acabar con el fracaso escolar
Disminuir el abandono y el fracaso escolar es una prioridad para
Ciudadanos y pensamos que acabar primaria con un buen nivel de
conocimientos es básico para reducir el fracaso escolar en secundaria.
En consecuencia, para disminuir el fracaso escolar y mejorar la
educación de nuestros alumnos es necesario: reforzar, de forma
prioritaria, la comprensión lectora, el razonamiento, el cálculo, así
como aspectos del aprendizaje, como la expresión oral y escrita, la
expresión artística, las competencias digitales y el tratamiento de la
información.
En C’s estamos convencidos que el profesorado es la base para la
mejora del sistema educativo y para combatir el fracaso escolar.
Tenemos que mejorar la calidad de los profesores, es necesario
promover la entrada al Grado de Magisterio de alumnos más cualificados
y la formación del profesorado podría llevarse a cabo con un sistema
tipo MIR de los médicos en todos los niveles de la educación
obligatoria. Asimismo, el profesor debería continuar su formación a
través de diferentes foros y ser evaluado periódicamente sobre sus
conocimientos y resultados.
Reforzaremos la autoridad de los docentes y el valor del esfuerzo en
el aprendizaje, así como el cumplimiento de las normas de convivencia
de los centros.
Reforzaremos los programas de cualificación profesional inicial para
mejorar la capacitación profesional de los alumnos con riesgo de
abandono escolar.
Estableceremos un tutor personal que oriente a los alumnos con bajo
rendimiento escolar en su proceso educativo individual.
Potenciaremos el deporte como recurso para la mejora de hábitos,
disciplina y comportamientos en los alumnos con riesgo de fracaso
escolar.
Incentivaremos de manera especial la participación de las familias con
hijos con problemas educativos y de aprendizaje, en el proyecto
educativo, para abordar el problema con más garantía de éxito.
3.
Más inversión y más calidad
Aumentaremos la inversión pública en educación hasta situarnos en la
media europea, priorizando la escuela pública con el fin de aumentar
su calidad.
Ciudadanos promoverá las acciones oportunas para mejorar la
conciliación laboral con la vida familiar teniendo en cuenta las
iniciativas de la Asociación para la Racionalización de los Horarios
Españoles.
Nos comprometemos a lograr una mayor implicación y apoyo de la
Administración para resolver los problemas y dificultades de colegios
e institutos.
4.
Libros de texto gratuitos
Velaremos para mantener estables los contenidos en los libros de texto
facilitando así su reutilización.
Premiaremos a las editoriales que no cambien cada año los textos y las
que separen los cuadernillos de ejercicios de los libros de texto, con
el fin de que puedan ser reutilizados.
Como complemento a los materiales didácticos tradicionales apoyamos el
uso en soporte electrónico.
5.
Armonización de contenidos en toda España
Nos comprometemos a trabajar por la armonización de los contenidos
educativos en toda
España para, sin perjuicio de la participación de las CCAA en
contenidos particulares, garantizar que un alumno reciba la misma
formación básica independientemente del lugar de residencia, lo que
favorecerá así la libre movilidad de los alumnos y garantizará la
igualdad efectiva de los estudiantes en la educación.
6.
Educación infantil
Daremos a la etapa de 0 a 3 años alcance universal y gratuito. Para
cubrir la creciente demanda social aumentaremos progresivamente la
oferta de los centros de titularidad pública y promoveremos la oferta
privada y la concertación de plazas.
7.
Educación secundaria
Adaptaremos medidas para mejorar las condiciones del cuerpo docente de
la educación secundaria y para revertir las políticas actuales de
recorte (ratios de alumnos, aumento de la jornada laboral,
empeoramiento del régimen de sustituciones, reducciones salariales,
despido masivo de interinos)
Estableceremos itinerarios curriculares flexibles para atender las
necesidades tanto de los jóvenes que aspiran a la universidad como de
los que buscan una formación profesional.
Fomentaremos la autonomía económica de los colegios e institutos
porque el gasto educativo es mucho más eficaz y eficiente cuando lo
gestionan los propios centros. Se abre la posibilidad de obtener más
ingresos si se fomentan actividades culturales y educativas.
También permitiremos adaptar los gastos a las nuevas necesidades de
unos centros educativos modernos abiertos a la sociedad.
Estableceremos controles para evitar que la escuela concertada
seleccione a su alumnado.
Implementaremos mecanismos para incentivar la excelencia en el
profesorado.
Llevaremos a cabo mecanismos de evaluación externa y sistemática de la
calidad del sistema educativo; en particular, estableceremos pruebas
de aptitud para todos los estudiantes de la etapa obligatoria,
haciendo públicos los resultados medios de los centros e incentivando
su mejora.
Potenciaremos las cualidades individuales del estudiante para
desarrollar su potencial humano y profesional, mediante profesionales
cualificados en los colegios e institutos (psicólogos-coaching) para
evitar el fracaso escolar, captar la excelencia en el alumno y poder
guiarlo hacia el éxito.
8.
Formación Profesional
Potenciaremos la formación profesional como instrumento indispensable
para la inserción de jóvenes en el mercado laboral a través de la
formación.
Impulsaremos la Formación Profesional dual para favorecer la
reactivación económica, fomentando la colaboración entre empresas y
centros formativos e incrementando el catálogo de titulaciones
propias, a fin de que el alumno compagine la formación con la
actividad productiva relacionada. Las empresas que acojan alumnos
tendrán bonificaciones fiscales.
Favoreceremos la entrada a los ciclos de FP de grado medio mediante
cursos preparatorios y apoyos específicos, para conseguir recuperar a
buena parte de los alumnos que abandonan prematuramente el sistema
educativo.
Con el fin de alcanzar una FP que forme buenos profesionales que hagan
más competitivas nuestras empresas, elaboraremos y dotaremos de
financiación suficiente un nuevo plan de Formación Profesional a medio
plazo que mejore las infraestructuras, promoviendo e incrementando la
existencia de centros especializados en la impartición exclusiva de la
FP específica. Quedarán integrados los Programas Cualificación
Profesional Inicial, la formación continua y la reglada.
9.
Universidad
El sistema universitario en Castilla y León y en el resto de España ha
de englobarse en un gran pacto por la educación que suponga una
reforma consensuada y acabe con la inestabilidad que padece como
consecuencia de los constantes cambios legislativos. Este gran pacto
de Estado debe evitar que las leyes orientadas por posiciones
ideológicas se sucedan unas a otras y ha de apostar por la excelencia
en docencia e investigación.
El último ejemplo de cambio improvisado es que los grados
universitarios pasen de tener cuatro años (más un quinto de máster,
optativo u obligatorio según la carrera) a tres años (más dos de
máster). Si bien esta medida nos haría converger con Europa donde se
optó mayoritariamente por la fórmula 3+2, se establece sin haber
tenido tiempo de evaluar cómo ha ido la actual fórmula y sin prever un
sistema de becas que compense el encarecimiento de los estudios
superiores que puede suponer esta medida y evite la repercusión
negativa en la equidad de los estudiantes en el acceso y permanencia
en la universidad.
Si queremos que las universidades lideren la transformación hacia una
sociedad y una economía basada intensivamente en el conocimiento, la
tecnología y la innovación, hay que elevar las cifras actuales de
inversión hasta situarlas, según las recomendaciones de la UE, en un
2% de PIB para educación superior y en 3% del PIB en I+ D en lugar de
someterlas, como sucede actualmente, a retrasos en la financiación y
la paralización de infraestructuras.
Se han de implantar políticas de personal flexibles y orientadas a
atraer, retener y fomentar el talento con un diseño de una carrera
académica que permita y estimule la movilidad y la profesionalización
de la gestión de recursos e incorpore más criterios que premien el
mérito y la capacidad en la búsqueda de la excelencia.
El talento no está entrando en las Universidades públicas por diversos
motivos, y, mientras la selección por competencias está asumida en la
mayor parte del mundo –público y privado- en España seguimos
seleccionando fundamentalmente a través de pruebas memorísticas, sin
que se analicen las habilidades y competencias de la persona. Es
necesario valorar la capacidad de comunicar, motivar, innovar, dirigir
equipos e incluso de gestionar conflictos.
La mejora de la calidad de la universidad necesita una amplia
autonomía institucional a la vez que un mejor sistema de rendición de
cuentas. Para conseguir esa autonomía institucional tendrán que tener
una mayor responsabilidad sobre sus planes financieros, la captación
de recursos adicionales a los fondos públicos que reciban, la política
de personal, y los planes de equipamientos.
La universidad del futuro ha de promover la evaluación externa
basándose en indicadores inteligibles para el conjunto de la sociedad
porque el resultado de esa evaluación ha de ser público y fácilmente
consultable por los alumnos y la sociedad. El sistema de financiación
de las universidades ha de atender a la doble perspectiva de la
actividad docente e investigadora y al extraordinario valor que su
actividad aporta al conjunto de la sociedad.
Es necesario por tanto una financiación pública suficiente, sostenible
y estable basada en criterios de eficiencia y calidad con una
financiación específica para la excelencia y los proyectos que
universidades. Se ha de incrementar y diversificar las fuentes de
financiación y especialmente del sector privado.
El sistema ha de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad
mediante la implantación de un adecuado sistema de becas y préstamos
que permita acceder a la universidad a los buenos alumnos con
independencia de su situación económica, social o geográfica.
El futuro de la universidad pasa también por la colaboración entre las
universidades tecnológicas y la red de empresas del territorio donde
se ubican, facilitando el acceso para la realización de prácticas,
proyectos de fin de grado o máster, mejorando la adaptación de los
contenidos y las metodologías de impartición a las necesidades
empresariales y para facilitar la trasferencia de conocimiento e
impulsar una política de innovación basada en el entorno de los
parques científicos y tecnológicos necesaria para que aumente la
competitividad de nuestras empresas, para que se creen nuevas empresas
y con ello se generen empleos. Esta colaboración supone también una
fuente de financiación para las propias universidades.
10.
Movilidad estudiantil y universitaria
Fomentaremos la movilidad estudiantil universitaria, con mayores
dotaciones de becas y la consolidación de una red de residencias
universitarias que permita que los alumnos estudien sin dificultades
en centros fuera de su localidad.
Apoyaremos los programas de intercambio universitario con centros del
resto de España y de Europa (programas Séneca y Erasmus), con especial
énfasis en la corrección de las desventajas competitivas de las
universidades castellanoleonesas frente a las de otras regiones como
destino de estudiantes nacionales e internacionales.
11.
Política cultural y de equipamientos culturales
Para Ciudadanos los ejes básicos de las políticas culturales son:
1.
Una cultura libre hace a los ciudadanos más críticos y, por ende,
más libres.
2.
Debemos garantizar el acceso de todos a la cultura pues es un
derecho fundamental.
3.
La cultura la hacen las personas y no la Administración.
4.
La cultura no puede ser un elemento de conformación de identidades
políticas.
5.
La Administración debe incentivar el consumo de los bienes
culturales, libremente, sin filtros políticos ni ideológicos.
Apoyaremos la creación cultural de calidad sin discriminación
ideológica eliminando el clientelismo e introduciendo mecanismos de
transparencia y equidad para evitar la dependencia de los creadores
del subsidio y la subvención pública.
Aumentaremos los descuentos para parados, jóvenes y pensionistas en el
acceso a ofertas culturales.
Evitaremos la concentración de las ofertas culturales a las áreas
metropolitanas.
Consolidaremos las redes de bibliotecas, museos y teatros, así como su
accesibilidad al público. En ese sentido, extenderemos los horarios de
las bibliotecas públicas, singularmente las universitarias (horarios
más amplios, ampliando la oferta de apertura las 24 horas en época de
exámenes).
Elaboraremos un nuevo Plan de fomento de la lectura y promoción de la
cultura que implique a la Administración, la enseñanza pública y
privada y las redes de equipamientos culturales.
3.2. La sanidad, una garantía para todos los ciudadanos
1.
Una Sanidad para todos los españoles.
Ciudadanos defiende como uno de los pilares del Estado social y de
bienestar español un sistema sanitario público y universal de salud
que garantice el acceso a una asistencia y cobertura sanitaria
eficientes y de calidad a todos los españoles con independencia de su
lugar de residencia.
Proponemos un sistema sanitario que, además del tratamiento de las
enfermedades, se ocupe de la salud pública, prevención, los hábitos
saludables, la rehabilitación, la asistencia y la investigación.
Consideramos "imprescindible" la creación de un “Pacto por la Sanidad”
entre los partidos políticos que deje al sistema sanitario público al
margen de "luchas partidistas" y asegure una financiación que
garantice su sostenibilidad.
Garantizamos el derecho a la salud y un modelo de asistencia sanitaria
público, con cobertura universal, equitativa y gratuita. Para ello se
debe realizar una dotación presupuestaria prioritaria y sin exclusión
para residentes de los países de la Unión Europea.
Se debe revisar la legislación evitando la exclusión de la sanidad
pública de colectivos en razón de su situación administrativa, legal o
laboral. La salud es un derecho y el acceso a la Sanidad no deben
estar condicionada por edad, sexo, raza, clase social, domicilio o
comunidad autónoma. De ningún modo la menor capacidad económica puede
convertirse en una barrera o un obstáculo que suponga un impedimento o
un retraso en el uso de los servicios sanitarios que se necesiten.
Para las personas sin permiso de residencia o trabajo, promoveremos la
definición de una cobertura sanitaria básica europea unificada, con
protección especial a colectivos desfavorecidos como embarazadas y
niños, o situaciones sanitarias graves; se debe evitar que la
asistencia sanitaria fomente el flujo irregular de personas.
A nivel estatal, intensificaremos la función del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como garante de la
coordinación en la asistencia sanitaria en todo el territorio
nacional, incluyendo la cartera de prestaciones sanitarias
complementarias siempre que estos servicios demuestren su utilidad y
necesidad.
La coordinación que debe realizar el Estado persigue la integración de
la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema,
evitando contradicciones, disfunciones e ineficiencias. Se debe lograr
una cobertura equitativa en todo el estado, respecto a la cartera de
servicios y acceso a fármacos.
Son necesarias reformas para mejorar la accesibilidad de los
ciudadanos a la asistencia sanitaria, se debe trabajar en eliminar
burocracia y estructuras de gestión intermedias, para ganar en
eficiencia la gestión sanitaria debe desarrollarse por profesionales
cercanos al paciente.
Nuestro SNS ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado del
Bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus
prestaciones, su sustentación en base a impuestos y la solidaridad con
los menos favorecidos, le ha situado en la vanguardia sanitaria como
un modelo de referencia mundial. Su sostenibilidad es una
responsabilidad de todos los agentes que intervienen, desde quienes
tienen responsabilidades políticas, económicas, sociales o
profesionales.
La cohesión territorial y la equidad se han visto puestas en cuestión
en los últimos años, son necesarias reformas que permitan reforzar la
sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el
ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas a
través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial,
coordinar los servicios sanitarios y los sociales y garantizar la
equidad en todo el territorio nacional.
Es necesaria la adecuada coordinación de los sistemas autonómicos de
salud, debilitada actualmente por las diferencias existentes en cuanto
a asistencia y cobertura entre autonomías que rompen la equidad y la
solidaridad.
Ciudadanos somos partidarios de crear una central de compras de
medicamentos entre todos los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas para disminuir la factura farmacéutica de manera importante.
Las compras se realizarían mediante un concurso, donde se fijarían
cantidad, precio mínimo y condiciones técnicas que garanticen la
calidad de los productos farmacéuticos y la igualdad de todos los
ciudadanos españoles incluidos los castellanoleoneses. No vemos
correcto el sistema de compra de medicamentos mediante subasta.
La Salud Pública es un derecho de todos los españoles, por lo tanto
deben unificarse criterios y la coordinación debe ser responsabilidad
del Ministerio de Sanidad, no tiene sentido la actual variedad entre
Comunidades Autónomas, de calendarios vacunales, enfermedades de
declaración, vigilancia epidemiológica, que deberían ser similares en
el entorno de la Unión Europea.
Además de la Salud Pública (epidemiología, sanidad veterinaria,
sanidad alimentaria, sanidad exterior) el Ministerio de Sanidad y el
Consejo Interterritorial deben asumir la coordinación de la
Planificación y Asistencia Sociosanitaria, la Evaluación y Calidad
(con una nueva organización que evite duplicidades en las Agencias de
Evaluación de Tecnologías), Farmacia, Ordenación profesional,
Organización Nacional de Trasplantes, Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios, y otras en las que sea más eficiente su
gestión integrada.
La movilidad de los profesionales es un elemento favorecedor para la
mejora de la coordinación y colaboración entre los diversos niveles
asistenciales y territoriales, al mismo tiempo que permite incrementar
el acceso de los profesionales más jóvenes al sistema sanitario.
Para facilitar y conseguir esa movilidad es imprescindible una
coordinación y competencia estatal básica sobre las políticas de
recursos humanos y, además, una política retributiva, de competencias
y de promoción profesional equitativa y coordinada para los
profesionales sanitarios.
Debe realizarse en la coordinación de colegios profesionales y
sociedades científicas, un registro de profesionales sanitarios único
a nivel Estatal, adecuadamente clasificado por profesiones sanitarias
y especialidades, adecuadamente actualizado, y de acceso trasparente
para profesionales y ciudadanos.
2.
La financiación de la Sanidad y la redistribución del gasto
sanitario.
Se requiere un modelo de financiación estable, suficiente, coherente
con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el
acceso a las prestaciones, las políticas presupuestarias de las
Comunidades Autónomas (CCAA) deben garantizar un gasto sanitario
adecuado para la cartera de servicios del SNS.
Es necesario un incremento del presupuesto de sanidad para acercarnos
al que ya tienen otros países europeos de nuestro entorno. Pasando de
forma progresiva durante la legislatura del actual gasto sanitario
público consolidado del 6,74% del PIB, a un 7,5%, que es la media
europea.
La financiación pública debe ser la fuente primordial de sanidad
pública, pero no debe descartarse aportaciones complementarias de
apoyo económico a proyectos aprobados y supervisados por la Consejería
de Sanidad a nivel de investigación o desarrollo de la salud; en este
contexto no deben desestimarse las aportaciones de Fundaciones,
Asociaciones de Voluntarios y Pacientes, Organismos Internacionales,
Industria Biomédica…
Para reforzar la financiación es necesaria la facturación y cobro de
los servicios prestados a mutualidades y otros entes aseguradores,
empresas farmacéuticas (por ejemplo, compensatorios de ensayos
clínicos promovidos por ellas) y de cualquier otro tipo, particulares
no nacionales con economía solvente (ellos mismos o los Gobiernos de
sus países) y otros agentes que deseen y puedan hacer uso de los
servicios de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, lo
cual será admisible si no va en detrimento de la calidad y prontitud
de la atención que debe prestar a los pacientes. Estos tipos de
facturación adicional han sido permanentemente descuidados.
Ciudadanos se posiciona con la “equidad” del sistema sanitario
público, este concepto que conjuga los conceptos de atención y
justicia, también el resultado de combinar necesidad y aportación,
mérito y esfuerzo.
Los recursos económicos destinados a la Sanidad deben traducirse en
gasto sanitario real que repercuta en la atención sanitaria que
reciben los ciudadanos y no emplearse en el mantenimiento de
superestructuras y entes públicos paralelos que no repercuten en la
atención a la salud de la población.
Ciudadanos propone racionalizar el gasto adelgazando el peso de la
administración, cargos públicos, organismos paralelos, duplicidades,
etc. Y priorizando el gasto en personal, infraestructuras y gasto
farmacéutico. La mejor forma de responder a las demandas de los
ciudadanos es destinando los recursos a mejorar las carencias o
deficiencias del sistema.
La racionalización del gasto sanitario se debe realizar sin perjudicar
a los ciudadanos. Un nuevo modelo organizativo y de gestión debe
centrarse en la reducción de los gastos no necesarios. Queremos
desarrollar un servicio de salud de prestigio, sostenible y solvente,
basado en la excelencia y dedicación de sus profesionales.
Se debe delimitar la sanidad pública y la privada a nivel orgánico,
administrativo y de gestión. La colaboración público-privada, cuando
sea necesaria, se realizará bajo los principios de transparencia y
eficiencia, bajo un estricto control de sus resultados clínicos y
económicos.
La contratación con instituciones o centros privados se podrá llevar a
cabo en los supuestos y con los requisitos, condiciones y estándares
de calidad previstos en la Ley General de Sanidad, y normativas de
contratación pública, optimizando siempre los recursos propios del
sistema sanitario público.
Los ciudadanos pueden voluntariamente utilizar los servicios
sanitarios privados, que serán supervisados en sus niveles de calidad
y seguridad a los pacientes. El sistema sanitario público no tiene
obligación de cubrir los costes de la sanidad privada cuando no haya
sido solicitada o concertada.
3.
La Atención Primaria base de una sanidad cercana y de calidad.
Una buena sanidad debe estar cerca del ciudadano, atenta a sus
necesidades de salud integral. Ciudadanos apuesta por potenciar la
Atención Primaria.
Se deben suprimir las barreras organizativas, no debe haber separación
o escalones entre Atención Primaria y Especializada, la asistencia
sanitaria se presta a un ciudadano que no debe encontrarse con
dificultades administrativas cuando requiere de los servicios
sanitarios.
Es imprescindible aumentar el presupuesto de la atención primaria para
reforzar el papel de la misma, acercando al paciente pruebas
diagnósticas, consultas especializadas, cirugía menor, seguimiento
domiciliario... Hay que desarrollar una política de servicios basada
en la atención primaria para atender enfermedades crónicas y reducir
hospitalizaciones.
Reforzando el protagonismo, funcionamiento y resolución de la Atención
Primaria, se debe lograr una disminución de la situación actual de
colapso de las Urgencias Hospitalarias.
La atención a la dependencia está íntimamente relacionada con la
asistencia sanitaria. La Atención Primaria debe trabajar en
cooperación con los centros de asistencia social, que son dependientes
de instituciones de la Administración Local que no son ni acordes ni
suficientes para estos cometidos.
La coordinación de los servicios sanitarios y sociales es
imprescindible para ofrecer una atención socio-sanitaria integral e
integrada a los enfermos crónicos, las personas mayores, las que
padezcan alguna discapacidad o precisen cuidados paliativos,
promoviendo la continuidad asistencial.
El envejecimiento demográfico trae consigo un incremento patologías
crónicas, obliga a acciones de detección y tratamiento de trastornos y
enfermedades degenerativas. Se debe aumentar la presencia de
profesionales sanitarios en el entorno del domicilio para garantizar
una atención integral continuada, centrada en la persona y proactiva
con familiares y cuidadores.
4.
La Atención Especializada garantía de excelencia.
Optimizaremos tamaño y cartera de servicios de los hospitales,
mejorando la actual estructura de hospitales de referencia y
generales, los procesos deben realizarse allí donde existan
profesionales capacitados y puedan realizarse de forma eficiente, en
lo posible siempre en el área sanitaria cercana al domicilio del
paciente.
La cartera de servicios debe estar basada en la evidencia. Asimismo,
la priorización y financiación de la incorporación de tecnologías y
medicamentos a la cartera de servicios se realizará en función de su
efectividad y coste-efectividad por lo que los nuevos procedimientos
diagnósticos o tratamientos deberán acompañarse de su presupuesto y
financiar los fármacos nuevos sólo en las indicaciones aprobadas.
También pensamos que se ha de abordar la racionalización de los
tratamientos de gran coste unitario y pequeños beneficios y de los
tratamientos emergentes o de efectividad dudosa.
Se conoce que la demanda en sanidad es ilimitada, por ello es
necesario que los profesionales sanitarios se comprometan en la
priorización e indicación según las necesidades. El trabajo conjunto
de sociedades científicas y asociaciones de pacientes es
imprescindible para la educación sanitaria de los ciudadanos.
Se deben establecer medidas en: a) la priorización según necesidades:
urgencias, exploraciones, visitas, intervenciones, priorización listas
de espera, cartera de servicios. b) implicación de los pacientes en
sus propios cuidados especialmente con enfermedades crónicas e
implicarlos en la práctica de hábitos saludable invirtiendo en
prevención y educación en salud. c) medidas enfocadas a evitar
duplicidades en pruebas, visitas u otros servicios. d) reducir la
utilización intensiva de algunos servicios como las urgencias
hospitalarias filtrando los casos banales y disminuir las
derivaciones. e) implantar y extender la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación para todo tipo de gestión
de la demanda incluyendo el uso de telemedicina cuando sea posible.
Ciudadanos propondrá el estudio y eventual incremento del número de
camas hospitalarias hasta aproximarnos a los estándares de los países
de nuestro entorno y garantizar que la espera máxima para el ingreso
en hospitalización desde Urgencias no sea superior como media a las 12
horas.
Para Ciudadanos es primordial dar una solución a las desigualdades
actualmente existentes en el acceso a la atención sanitaria
especializada en función del lugar de residencia dentro de la
Comunidad.
5.
Los profesionales, pilares de la sanidad pública.
Existe una dotación de personal insuficiente para asegurar la demanda
asistencial, un abuso desmedido de la contratación eventual y una
precarización e inestabilidad en las plantillas de profesionales que
repercute en el ciudadano contribuyendo a la percepción de
despersonalización e insatisfacción con la atención recibida.
Es necesaria una nueva política de personal, que incentive el esfuerzo
y la capacidad, se debe penalizar la indiferencia y el absentismo. La
estabilidad de las plantillas debe acometerse de forma inmediata.
Hay que realizar medidas incentivadoras para mantener en Castilla y
León a los mejores profesionales. Hay que garantizar la suficiencia de
los recursos humanos, su capacitación y cualificación, con equidad en
el reparto de recursos entre distintas provincias de nuestra comunidad
autónoma que asegure una asistencia sanitaria de calidad a todos los
castellanoleoneses.
Se debe desarrollar una política de personal consensuada con los
profesionales, agentes sociales, sociedades científicas y colegios
profesionales.
En este campo consideramos medidas destacables: a) incrementar los
incentivos económicos a la productividad así como fomentar la
exclusividad en el sector público; b) Incluir mecanismos de autonomía
de gestión profesional que permitan tomar mayor responsabilidad a los
profesionales en la gestión de la demanda; c) cambios en la
distribución porcentual de las plantillas entre sanitarios y no
sanitarios así como en la formación de grado y en la residencia; d)
descentralizar la contratación a nivel de centros; e) combatir la
endogamia y la falta de movilidad profesional; f) hacer más atractiva
económica y socialmente la carrera profesional en atención primaria;
g) penalizar el absentismo; y h) reorientar los incentivos a los
profesionales para la innovación y la sustitución de tratamientos y
pruebas diagnósticas obsoletos o antiguos.
El acceso de los médicos jóvenes al sistema público es un elemento
esencial para su mantenimiento y viabilidad. Es prioritario evitar la
fuga de profesionales formados y altamente cualificados fuera del
sector o fuera de la comunidad. Se debe realizar una adecuada
planificación a corto y medio plazo, tras un estudio de las
necesidades actuales y previsibles, actuando sobre la convocatoria de
formación MIR para las diversas especialidades y áreas sanitarias.
Para retener talento y conocimiento, es básico mejorar las condiciones
económicas, laborales y de promoción profesional para todos los
trabajadores de la sanidad pública, especialmente de los más jóvenes
que representan el futuro del sistema sanitario.
Se deben definir según necesidades reales de eficiencia, las
plantillas de las áreas y centros sanitarios, con supresión de
contratos temporales o eventuales, excepto en situaciones que lo
requieran como sustituciones.
El diseño de las plantillas debe atenerse a los ratios
internacionalmente aceptados en relación a la población de referencia
y a los requerimientos asistenciales estadísticamente recogidos, sin
olvidar los nuevos requerimientos derivados de la implementación de
nuevas técnicas y tecnologías. Hay que realizar una planificación
atendiendo a criterios técnicos y objetivos, y no a criterios de
oportunidad.
Se debe potenciar el sistema de selección y provisión de plazas, así
como la movilidad con concursos de traslado anuales. Debe garantizase
el acceso al sistema sanitario atendiendo a los principios de mérito y
de capacidad, siempre acordes a las competencias, habilidades y
experiencia requerida para el desempeño de esos puestos en concreto.
Se debe consolidar una auténtica carrera profesional, en lo posible
unificando baremación de méritos asistenciales, docencia e
investigación en todo el Estado.
6.
Equipamiento, sistemas de información y tecnologías sanitarias.
Es necesaria una actuación inmediata sobre el equipamiento sanitario,
equipos de alta tecnología de diagnóstico y tratamiento, así como los
sistemas de información y tecnologías de la información y comunicación
en la sanidad de Castilla y León, requieren de un replanteamiento
completo, su orientación debe dirigirse a un mejor servicio a los
ciudadanos y a los profesionales que les atienden. Son imprescindibles
un plan de inversión y nuevos sistemas financieros de compra y
mantenimiento.
Ciudadanos entiende prioritario establecer nuevas fórmulas de relación
con los proveedores como necesarios protagonistas y desde una visión
de gestión de recursos y de respuesta más eficiente a necesidades
específicas de determinados colectivos de ciudadanos. En este sentido
se contemplan nuevas dinámicas de relación como a través de procesos
en los que se establezcan diálogos técnicos para la búsqueda de
soluciones innovadoras a través de la compra pública, evitando la
politización en las compras.
Múltiples estudios muestran la obsolescencia del equipamiento médico
sanitario en Castilla y león, consecuencia de un recorte importante en
inversiones en los últimos años. Se debe desarrollar un plan inversor
buscando nuevos modelos de adquisición que contemplen la instalación
del equipamiento y su mantenimiento especializado, imprescindible en
equipos de media y alta tecnología, que permitan además de su
reparación durante el tiempo de contratación, las actualizaciones de
software y la formación de los profesionales.
Existe una estrategia europea para disminuir las dosis de radiación de
los equipos médicos, el amplio desarrollo y capacidad diagnóstica de
los equipos de tomografía computarizada, obliga a su modernización y
control de dosis de radiación especialmente en niños. Europa ha
marcado el año 2018 como año para disponer de forma obligatoria de un
registro dosimétrico de cada paciente; se deben desarrollar medidas
para que este registro este unido a la Historia Clínica Electrónica
del paciente.
Deben replantearse de forma inmediata los sistemas de información de
la Consejería de Sanidad, al demostrase que los actuales no cumplen el
principio de ser útiles a los pacientes y los profesionales
sanitarios.
La Historia Clínica Electrónica única en Castilla y León es una
prioridad.
En C´s consideramos que se debe realizar la integración los sistemas
de información sanitarios en todo el SNS y si es posible a nivel
europeo.
7.
Sistema farmacéutico
De acuerdo con la UE fomentaremos la liberalización del modelo
farmacéutico, mejoraremos el acceso y defenderemos su interés como
servicio público.
Proponemos el llamado “modelo de mínimos” y establecemos en 150 metros
la distancia mínima entre Farmacias y un mínimo de 700 habitantes por
farmacia. Ello supondrá una mejora y mayor cercanía al usuario así
como la creación de puestos de trabajo.
Ciudadanos apuesta por la farmacia comunitaria asistencial para cubrir
las carencias del actual sistema sanitario en la atención a los
pacientes con enfermedades crónicas y residentes en su domicilio.
Los nuevos Servicios Profesionales Farmacéuticos incluirían, entre
otros, a) prestar servicios a residencias y a los hogares de los
pacientes y ayudar a gestionar la medicación a aquellos pacientes de
nuestras farmacias que tienen regímenes de tratamiento complejos, por
ejemplo, preparando sistemas individualizados de dosificación; b)
fomentar servicios como la prescripción repetida, que permite a
pacientes controlados recibir su medicación durante un periodo de
tiempo determinado desde su farmacia comunitaria, sin necesidad de
volver a la consulta del médico y c) cooperar con otros miembros del
equipo asistencial para la detección y gestión de enfermedades
crónicas, y aportar su conocimiento sobre los medicamentos a redes de
atención especializada que traten una patología específica.
Es un objetivo la racionalización del gasto farmacéutico. Acciones
como “tratamiento en envase único", fomento de la prescripción por
principio activo y potenciación del uso de especialidades
farmacéuticas genéricas, deben implantarse con consenso y acuerdo con
médicos y farmacéuticos, su finalidad de disminuir en lo posible el
gasto farmacéutico.
8.
Una gestión más eficiente y despolitizada de la Sanidad.
Es necesaria una gestión eficaz y transparente; esta gestión debe ser
realizada por los profesionales sanitarios y separada de la influencia
de los cambios políticos.
Frente a pronunciamientos repetidos de la Consejería de Sanidad a
favor de la gestión pública de la sanidad, la realidad muestra la
derivación de pruebas diagnósticas y tratamientos al sector privado,
mientras se infrautilizan los recursos disponibles y se recortan
plantillas en la sanidad pública de Castilla y León.
Se implantará la máxima transparencia en la adjudicación de contratos
por parte de la Consejería de Sanidad y sus organismos públicos, todos
los concursos deben ser públicos, abiertos y con la libre
concurrencia.
La gestión de los servicios y centros sanitarios públicos requiere
eficiencia, trasparencia, profesionalidad y control, para eliminar el
despilfarro interno y acciones opacas de sus responsables.
El seguimiento debe ser supervisado por profesionales económicos,
sanitarios y representantes de pacientes. Los resultados económicos,
calidad, eficiencia y salud de la población, deben ser públicos a los
ciudadanos, con datos comparativos entre centros sanitarios.
El término de gestión clínica ha sido utilizado torticeramente por la
administración sanitaria, en momentos de crisis y recortes,
asociándolo veladamente a recortes y creando de forma interesada un
debate sobre su posible asociación a la privatización de la sanidad.
Es necesario potenciar un nuevo modelo organizativo de las unidades
clínicas con participación de todos los estamentos profesionales y
bajo el criterio de una gestión pública eficiente e incentivadora de
los profesionales que realicen mejor su desempeño.
Los responsables de la gestión sanitaria, que deben ser profesionales
sin influencia política, que gestionan los centros y las áreas
sanitarias, deben rendir cuentas de sus actividades. Se fijarán
criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad y
eficiencia.
El acceso a los puestos de responsabilidad clínica o gestora será
realizado por procedimientos públicos de selección, con concurrencia
pública e intervención de colegios profesionales, sociedades
científicas y sindicatos.
Se debe implantar una cultura de calidad en los procesos de gestión
sanitaria desde la Consejería, Gerencia Regional de Salud, Direcciones
Generales… hasta las unidades clínicas. Se debe desarrollar un
registro público y transparente con datos y resultados unificados de
calidad para áreas sanitarias y unidades clínicas, permitiendo la
comparación y establecer líneas de mejora.
Las unidades clínicas se deben organizar en un modelo asistencial
integrador, colaborativo y multidisciplinario buscando la mejora de la
eficiencia y la calidad de la práctica clínica mediante la
responsabilización de todos los profesionales en la gestión de los
recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando y
coordinando las actividades que se genera en torno a cada proceso
asistencial.
La organización debe orientar la actividad hacia el proceso
asistencial y a la atención integral del paciente. Se debe motivar e
incentivar a los profesionales para que se impliquen en la gestión de
los recursos de la unidad, aportando nuevos valores y competencias.
Los puestos de nivel inferior a Director General serán desempeñados
por profesionales sanitarios bajo el criterio de selección
transparente por capacidad y merito, en lugar de personal de libre
designación, que ha crecido en la misma medida que se han suprimido
las convocatorias de acceso a plazas para profesionales.
Se debe exigir declaración de conflicto de intereses de todos los
cargos sanitarios de libre designación.
Se deben establecer indicadores de resultados en salud, no limitándose
a cuantificar actuaciones o costes. Los indicadores poblacionales de
utilización y resultados deberán constituir la base para la evaluación
del desempeño, reforzándose para ello el ámbito de la información
sanitaria. La transparencia de datos debe ser amplia y estar
actualizada, llegando a nivel de centro y servicio sanitario con la
colaboración de las CCAA.
La inspección sanitaria debe ser independiente de influencias
políticas y debe controlar datos de gestión y calidad de los centros y
unidades.
9.
La Salud Pública un pilar de una sociedad moderna.
Se deben establecer indicadores de salud poblacional y de calidad de
la asistencia prestada que permitan recompensar a aquellas
organizaciones que mejores resultados obtengan.
En el campo de políticas preventivas y asistenciales es necesario
adoptar medidas que tengan por finalidad la reducción de: a)
actividades preventivas que no aportan valor asistencial añadido y
orientar las citadas políticas hacia segmentos poblacionales donde se
ha demostrado su efectividad; b) de pruebas diagnósticas “no
indicadas”; c) mejoras de calidad asistencial para reducir
complicaciones y efectos adversos; d) de limitación del esfuerzo
terapéutico fútil o inútil redefiniendo los procesos terminales y
rediseñando las alternativas de prestaciones.
La utilización más eficiente de la sanidad pública, mediante datos
reales y auditados de actividad de las unidades y los profesionales,
debe llevar a una optimización de la asistencia con los recursos
públicos, se evitará la derivación sistemática a centros concertados
que originan un sobrecoste económico y una repercusión negativa en la
continuidad asistencial a los pacientes.
Se deben abordar de forma conjunta con asociaciones de pacientes,
sociedades científicas y colegios profesionales, actuaciones
educativas para avanzar en cambios culturales de pacientes hacia
formas menos “consumistas” de los servicios sanitarios: a) hay que
introducir medidas orientadas a incrementar la autonomía de gestión y
la responsabilidad de las unidades clínicas; b) recuperar la función
de autoridad sanitaria, saber quién prescribe qué y a quién; c)
introducir medidas de desarrollo y difusión de análisis, e indicadores
de productividad y costos, y la introducción de la competencia por
comparación; d) desarrollar nuevas líneas de actividad para las
enfermedades crónicas como telemedicina, atención domiciliaria, desde
programas piloto a utilización masiva.
10.
La formación y la Investigación pilares básicos para una
asistencia de calidad.
La formación de los profesionales sanitarios en su vertientes pre y
postgrado son una prioridad, así como la formación continuada de los
trabajadores del sistema de salud de Castilla y León.
En los últimos años se ha desarrollado una normativa de Troncalidad y
áreas de capacitación específica (ACE), en muchas ocasiones en contra
profesionales, sociedades científicas, comisiones nacionales de las
especialidades y estudiantes.
Es hora de reflexionar de forma conjunta que un cambio del sistema de
formación MIR, prestigiado a nivel intencional, requiere de consenso,
ya alejado de politización y nepotismo.
Debe potenciarse el papel de las sociedades científicas que poseen un
amplio prestigio profesional e independencia política, además del
conocimiento y relaciones internacionales necesarias.
Se deben consolidar y aumentar las partidas destinadas a la I+D+i en
el ámbito de la investigación biomédica y favorecer la colaboración
público-privada que atraiga recursos económicos al sistema.
La investigación de alto nivel en centros de excelencia, y la
investigación básica y clínica en los centros sanitarios, se debe
enfocar desde una visión integrada y coordinada, evitando duplicidades
en los esfuerzos e inversión. Al ser una prioridad se debe dotar con
una financiación pública estables y permitir la colaboración en la
misma de fundaciones y entidades privadas.
11.
Embarazo y educación sexual.
Interrupción voluntaria del embarazo: seguiremos el modelo europeo más
extendido, una ley de plazos que despenalice la interrupción del
embarazo durante las primeras 12 semanas, tras periodo de reflexión
para que la mujer tome una decisión libre, consciente y responsable.
En las menores de edad se requerirá el conocimiento de sus padres o
tutores. Este derecho se podrá ejercer en la sanidad pública,
respetando la real y libre objeción de conciencia de los profesionales
sanitarios. La interrupción será posible en cualquier periodo del
embarazo en caso de: a) peligro grave para la vida o la salud física
de la mujer embarazada; b) de malformaciones graves del feto; o c)
violación con secuestro prolongado más allá de las doce semanas.
Promoveremos una estrategia nacional de educación sexual para evitar
los embarazos no deseados. Es necesario incrementar los esfuerzos para
evitar los embarazos no deseados y por ello de aumentar las
actuaciones orientadas a mejorar la educación sexual de hombres y
mujeres, el acceso y utilización de los anticonceptivos, incluida la
píldora postcoital o del día después. Somos partidarios de la
implementación de una estrategia de educación sexual dotada de medios
y con una evaluación permanente de sus objetivos.
12.
Otros conceptos importantes.
La garantía del derecho a una “muerte digna”, sin encarnizamiento
terapéutico, se debe realizar con una adecuada política de cuados a
pacientes paliativos y terminales, en un trabajo coordinado de
profesionales de distintos ámbitos sanitarios, incluyendo la
asistencia psicológica al paciente y familia, unidades de dolor…
Es necesario un plan autonómico de cuidados paliativos, realista,
aconfesional y centrado en los derechos de las personas al final de la
vida.
Es necesario el estudio de la situación actual y reglamentación de las
condiciones para una “muerta digna” de los pacientes.
Se debe ampliar la formación del personal sanitario y de la población
en los derechos a la información, a la elección entre opciones
clínicas, al rechazo de tratamiento, al testamento vital, al alivio
del sufrimiento al final de su vida, conociendo las obligaciones del
personal sanitario y de las instituciones en el derecho a morir
dignamente, así como el marco legal actual: Ley Básica de Autonomía
del Paciente, Testamento Vital, e Instrucciones Previas.
Defendemos el derecho a una salud mental orientada al paciente,
aplicando los conocimientos actuales de menor internamiento e
integración en la sociedad de los pacientes con enfermedades
psíquicas.
Los Servicios de Salud Mental se deben desarrollar en el entorno más
cercano para los ciudadanos incrementando el número de Unidades así
como de profesionales de la psiquiatría y psicología clínica.
Se diseñarán programas específicos y circuitos preferentes de atención
integral para las patologías más prevalentes de la población
infantojuvenil.
Se deben desarrollar políticas sanitarias enfocadas al envejecimiento
de la población y la alta incidencia de enfermedades crónicas, que son
cerca del 40% del total y consumen casi un 70% de los recursos
sanitarios.
Las demencias son un problema sanitario que ha aumentado
significativamente en los últimos años, requiere un abordaje
específico para su detección precoz que además de la valoración
clínica de alteraciones de la memoria y déficits cognitivos, incluya
la realización de pruebas específicas.
Son necesarias acciones de salud pública dirigidas a jóvenes y
adolescentes: drogas, alcohol, salud sexual, y trastornos de la
conducta alimentaria.
Las denominadas “enfermedades raras” son un problema de salud que
afecta ampliamente a la población, tienen importantes repercusiones
sociales y económicas para las familias afectadas. Existe falta de
información sobre las mismas entre los ciudadanos y los profesionales
sanitarios, con un diagnóstico tardío, y un elevado coste de los
tratamientos.
Se debe impulsar una política en Castilla y León que fomente la
investigación, la detección precoz el cuidado y el tratamiento de
pacientes con Enfermedades Raras.
Proponemos la creación de un Centro de Referencia a nivel autonómico
en Salamanca para
fomentar la investigación, el cuidado y el tratamiento de pacientes
con Enfermedades Raras.
Igualmente, impulsaremos desde las instituciones programas de
desarrollo de pruebas de
detección precoz así como ayudas económicas y sociales que permitan a
las familias afrontar los ciudados y tratamientos de los pacientes.
Hay enfermedades que requieren de una atención especial y en ocasiones
centralizada por equipos multidisplinarios que coordinen las acciones
a desarrollar nivel de Castilla y León, como ejemplo Fibromialgia o
síndrome de fatiga crónica, dolor crónico, trastornos alimenticios,
intolerancia al gluten, algunas alergias infrecuentes…
13.
Detalle de algunas propuestas:
Desarrollo de tarjeta sanitaria, historia clínica electrónica, cita
electrónica y receta electrónica, toda la información sanitaria será
compartida e interoperable en todos los ámbitos sanitarios de Castilla
y León, y del Sistema Nacional de Salud.
Implantación de la receta electrónica, evitando reiteración de
consultas innecesarias a los centros de salud.
Los pacientes, de forma individualizada y con garantía total
privacidad y seguridad, podrán acceder por Internet a su historia
clínica electrónica completa. Cuando el paciente esté fuera de su
domicilio y área de salud debe autorizar el acceso a su historial
clínico, excepto en situaciones de urgencia en la que los facultativos
podrán acceder a la información de historiales clínicos de pacientes,
siempre con registro de acceso y causa.
Se suprimirán las tasas que actualmente tiene Castilla y León para
solicitar copia del historial clínico del paciente.
Promoveremos un calendario vacunal único en el Sistema Nacional de
Salud y otras medidas de homogenización y coordinación en Salud
Pública por el Ministerio de Sanidad.
Revisión pormenorizada de los contratos de gestión de hospitales,
equipos y canalizaciones de pacientes con el sector privado,
manteniendo sólo aquellos que la sanidad pública no pueda realizar con
sus propios medios, tras una política de gestión eficiente por los
profesionales.
Valoración de la actual situación legal y real de la cesión de la
gestión del Hospital Universitario de Burgos, y la viabilidad
económica de su reversión completa a la sanidad pública.
Ciudadanos entiende que los profesionales sanitarios desempeñan una
importante función para la sociedad castellanoleonesa que debe ser
reconocida a través de la mejora de sus condiciones laborales con
medidas como la dotación suficiente, estabilización de las plantillas,
movilidad y reducción de la contratación eventual.
Estudio de viabilidad para dotar a la zona sur de Castilla y León de
una unidad de radioterapia compartida por Ávila y Segovia, y paliar
las listas de espera en los centros de referencia actuales: Valladolid
y Salamanca.
El incremento de actividad en los centros sanitarios públicos se debe
realizar siempre que sea posible con contratación de profesionales,
cuando no sea posible y existan disponibilidad de equipamiento,
consultas o quirófanos, se podrá abordar con un modelo de
autoconcertación con profesionales del centro fuera de su horario
laboral, siempre bajo un estricto control de la eficiencia y actividad
en la jornada normal.
Ciudadanos propondrá el estudio y eventual incremento del número de
camas hospitalarias, la espera para hospitalización desde Urgencias no
debe ser superior a 12 horas.
Nos posicionamos contra el copago sanitario y realizaremos una
revisión de la carga de los distintos estamentos sociales en el actual
modelo de copago farmacéutico.
Mantener los impuestos sobre alcohol de alta graduación y tabaco, como
ayuda a la financiación de la sanidad pública.
Acciones encaminadas a mejorar en el sistema MIR (Médico Interno
Residente) y sus similares para enfermeras, farmacéuticos… en Castilla
y León.
Se anulará la limitación actual de guardias cuando sea solicitada y
justificada por los Tutores y las Comisiones de Docencia. Se
realizarán acciones para el apoyo a estos profesionales a la formación
e investigación, intercambio con centros de otras autonomías y países.
Se pondrán en marcha políticas de incentivación y fidelización de
estos profesionales en su acceso a plazas vacantes, con contratos
estables.
Acciones para el desarrollo de la Investigación básica y de
excelencia, con coordinación de los centros propios o externos,
proyectos multicéntricos de la comunidad autónoma, nacionales e
internaciones. En este punto es importante la captación de recursos
externos al sistema.
Se desarrollará en una política real de formación continuada de los
profesionales, orientada a las necesidades del sistema sanitario, es
importante el mantenimiento y adquisición de conocimientos, pero
también el desarrollo y práctica de técnicas. La formación continuada
en ámbito local, autonómico, nacional e internacional debe ser un
estímulo para los profesionales más comprometidos. En este punto es
importante la captación de recursos externos al sistema.
En coordinación con las sociedades científicas y asociaciones de
pacientes, se desarrollarán medidas educativas para responder a la
demanda de una información de calidad por los ciudadanos. Se
desarrollará un portal de internet con información compresible y en el
que sea posible la consulta directa de los pacientes y sus familias
con los profesionales sanitarios de su área de salud.
Se reducirán el número de cargos de libre designación dentro de la
estructura consejería de sanidad y SACYL, favoreciendo una gestión más
trasversal, dotando de los instrumentos necesarios a los hospitales,
centros de salud y unidades clínicas. La elección y renovación de los
cargos directivos hospitales, centros de salud y unidades clínicas se
realizarán de acuerdo a procesos públicos y transparentes con
participación en los mismos de los profesionales implicados.
Se reformará el actual decreto de Unidades de Gestión Clínica, para
lograr una organización de unidades clínicas en la que participen y se
vean involucrados, motivados e incentivados todos los profesionales.
Siempre que sea posible se desarrollará la libre elección por parte de
los usuarios a la atención especializada.
Desarrollo de un Plan Especial para la Atención Primaria, para
eliminar los tiempos de espera para acceder a la consulta con el
Médico de Familia y Comunitaria. Puesta en funcionamiento real de
equipos de atención domiciliaria. Ciudadanos defiende la libre
elección de Médico de Familia y Centro de Salud.
Los tiempos de espera para pruebas diagnósticas deben estar en torno a
30 días, para pacientes ingresados, preferentes, diagnóstico rápido y
alta resolución no debe ser superior a 72 horas.
La lista de espera para los tratamientos quirúrgicos ordinarios no
debe superar los 60 días. Para procesos oncológicos y preferentes no
debe ser superior a 20 días.
Implantación progresiva de la consulta diaria online y telefónica
orientativa del médico especialista. Ello permitirá conceder una
adecuada prioridad a la consulta convencional.
La Atención Primaria debe ampliar el acceso al catálogo de pruebas
diagnósticas, diseñando procesos de forma conjunta con atención
especializada que puedan llevar a una primera consulta hospitalaria de
alta resolución al tener ya las pruebas analíticas y diagnósticas
realizadas.
Instaurar servicio de Urgencias de 24 horas en las poblaciones de más
de 1.000 habitantes por toda Castilla y León, disponiendo de un
servicio de transporte sanitario adecuado.
Se mejorará la atención a los trastornos de alimentación en la
infancia, facilitando su tratamiento endocrinológico-dietético y/o
psicológico, así como soporte y formación a los familiares.
Incremento de medidas preventivas en los cánceres de mama y
colo-rectal, dos de los tumores más prevalentes. Se realizará una
revisión del programa de cribado de cáncer de mama, definiendo
equipos, nivel de radiación, informes radiológicos, coordinación y
eventual integración con las unidades radiológicas y especialmente
resultados.
Racionalización del gasto farmacéutico mediante la medida de
“tratamiento en envase único" con la finalidad de disminuir en lo
posible el gasto farmacéutico, así como también fomento de la
prescripción por principio activo y potenciación del uso de
especialidades farmacéuticas genéricas.
Incremento presupuestario en atención primaria, dotándola de mayor
capacidad resolutiva descongestionando así los servicios
especializados.
El programa de cribado de cáncer de mama, será reestructurado e
integrado en las unidades diagnósticas de radiología, supervisado por
médicos radiólogos expertos en él diagnóstico de patología mamaria, se
utilizarán equipos de mamografía digital que reduce la dosis de
radiación y los riesgos del screening.
PET-TAC es una técnica diagnóstica imprescindible en el diagnóstico y
evaluación de múltiples cánceres, actualmente sólo hay disponible en
Castilla y León un equipo en Salamanca, se debe dotar esta técnica en
centros de referencia: Valladolid, Burgos y León.
Elaborar un plan autonómico de cuidados paliativos, detallando su
desarrollo organizativo en cada centro sanitario y dotado de los
recursos económicos necesarios, centrado en los derechos de las
personas al final de la vida. Elaborar una ley de muerte digna para
Castilla y León.
Se establecerá una política orientada a la investigación, el cuidado y
el tratamiento de pacientes con Enfermedades Raras. Se establecerá un
Centro de Referencia a nivel autonómico.
Se desarrollará un Programa para la detección precoz demencias y su
abordaje sociosanitario.
3.3. Los Servicios Sociales, la verdadera política de unión y cohesión
social
Según el INE el 17,5% (ECV-2013) de la población castellano leonesa
está en riesgo de pobreza. Los usuarios de servicios sociales son cada
vez más numerosos y con un mayor nivel de desigualdad y dificultad
para afrontar el futuro.
Estos datos solo se justifican por la inoperancia y la falta de rigor
y visión en los dirigentes de los gobiernos que se han sucedido en la
Junta de Castilla y León.
Para Ciudadanos la verdadera política de unión y cohesión social se
basa en la integración y no en la exclusión, se basa en disminuir las
necesidades y no en aumentar los necesitados, se basa en crear
bienestar y no en disipar el malestar social encubriéndolo con limosna
y conformismo.
Para Ciudadanos la actuación política se basa en crear y vertebrar un
conjunto de medidas que faciliten a las personas su desarrollo e
integración en base a sus capacidades y las oportunidades que existen
en la sociedad.
Todos los diagnósticos sociales sobre la pobreza y la exclusión, giran
en torno a tres grandes ejes fundamentales: el desempleo, la
formación, y el quebranto económico que tienen la población más pobre.
Brechas que se han abierto en el plano social y que han arrastrado a
gran parte de la clase media de esta Comunidad. Desempleados de larga
duración, jóvenes apartados prematuramente de sus estudios, e
inmigrantes que no tuvieron tiempo suficiente para integrarse social y
laboralmente.
Por ello, nuestras políticas irán encaminadas en descubrir un nuevo
horizonte de inserción a los jóvenes que buscan el primer empleo, en
hacer colaborativo el empleo existente con el empleo pendiente, en la
creación de hojas de ruta de inserción a los usuarios de servicios
sociales y en el apoyo a los enfermos dependientes, así como a las
familias con cargas sobrevenidas a causa de la situación de crisis.
Es necesario priorizar en la educación y formación de los desempleados
dirigiéndolos a nuevas trabajos emergentes, recapacitar a los jóvenes
cuyas carreras no tienen salidas laborales y sobre todo reconducir la
educación del divorcio existente entre la empresa y la universidad.
En conclusión se trata de aplicar el sentido común, y la visión de
futuro como fórmula y medicina ante la exclusión y la pobreza.
En la mayoría de las investigaciones sociales es determinante que la
privación en el acceso a la educación, tiene relación directa y
proporcional a la capacidad de encontrar empleo, de generar ingresos,
y por inri a la de conseguir una vivienda, una mejor salud y en
definitiva a la consecución del estado de bienestar que C´s, quiere
para la sociedad española.
1.
Estableceremos una serie de medidas sociales encaminadas
fundamentalmente a conseguir la cohesión social, ensanchando la
clase media y aumentando el nivel de inserción y renta de los
ciudadanos:
a) Creación de locomotoras de inserción laboral en cada distrito, que
individualmente y de forma específica, creen las hojas de ruta para
los desempleados y las personas en situación de exclusión social,
determinando la formación, el acompañamiento y las medidas paliativas
y urgentes que necesitan estas personas para salir su situación de
dependencia.
b) Desarrollo de un paquete de medidas dirigidas a los ciudadanos
afectados por desahucios, quiebras empresariales y situaciones de
emergencia social que disminuyan coyunturalmente y hasta su
restablecimiento, los recibos de la luz, agua, telefonía e impuestos
municipales, así como bonificaciones en los transportes públicos, los
medicamentos y los productos de primera necesidad, dedicados al sostén
de la infancia y los mayores.
c) Desarrollo de políticas de vivienda destinadas a la creación de un
gran parque público de viviendas sociales, que permita un alquiler
asequible y que garanticen unas condiciones de vida digna.
d) Desarrollo de políticas de convergencia social que incentiven la
formación de los trabajadores por otros empresarios y autónomos,
permitiendo la convivencia del subsidio y la formación práctica en
empleos reales.
e) Creación de un fondo estructural económico que permita el sostén y
desarrollo de estas medidas
2.
Facilitaremos toda la información a las personas en situación de
exclusión social mediante:
a) Creación de un canal de información y participación ciudadana
directa a través de internet y RRSS con el gobierno autonómico.
b) Potenciación de la figura del trabajador social y el asistente
social para liberarlo de gestión burocrática y acercarlo a la realidad
socioeconómica de los más necesitados.
c) Desarrollar planes de convergencia social que permitan dotar de los
servicios y recursos sociales a las zonas más desfavorecidas de cada
ciudad.
d) Desarrollar un observatorio social en cada provincia de forma que
investigue, determine y facilite la creación de empleo, descubriendo
nuevos mercados, sectores emergentes y nuevos actividades susceptibles
de dar cabida al mercado laboral existente, prestando especial
atención a los colectivos y sectores sociales más desfavorecidos.
3.
Favoreceremos una verdadera convergencia social mediante la
educación y la formación.
a) Una formación específica a los desempleados de larga duración en
compensación del subsidio hasta que sean insertados en el mundo
laboral. En caso de no asistencia o desistimiento de la formación
conllevara la perdida automática de la ayudas concedidas.
b) Formación a los jóvenes en busca de su primer empleo a través de
autónomos y pymes a lo largo de 6 meses, sin cargo de seguridad social
y con bonificaciones de hasta el 50% del salario mínimo
interprofesional.
c) Establecer convenios entre universidades y empresas para adaptar
los planes educativos de las carreras profesionales a las necesidades
reales presentes y futuras de estas empresas, así como regularizar un
paquete de incentivos para que las empresas contraten formen y
capaciten a los estudiantes de grado y Máster en su última etapa
formativa.
d) Establecer convenios para la formación en la Unión Europea y países
iberoamericanos de cara a conseguir formación en el idioma, de forma
que nuestros jóvenes puedan trabajar y estudiar sin coste para las
familias y con la aportación de su propio trabajo en el exterior.
Todas las medidas que conlleve la aportación de personal de la
administración serán gestionadas por el personal existente en la
actualidad.
4.
Nos centraremos en los aspectos que requieren mayor atención:
*
Protección y asistencia a la infancia
Si existe un parámetro especialmente preocupante y sobre el que hay
que actuar inmediatamente es el de la pobreza infantil en Castilla y
León. Por ello es imprescindible que se establezcan políticas que
contribuyan a reducir los efectos de la crisis económica en la
población infantil y juvenil, garantizando sus necesidades básicas y
generando un plan que evite la privación material severa.
Para ello Ciudadanos mediante informes de la asistencia social
pertinente se compromete a garantizar la alimentación necesaria en el
entorno escolar a los niños cuyas familias presenten un índice por
debajo de umbral de la pobreza en sus hogares y que por la situación
de exclusión o dejación de sus progenitores no puedan recibir la
alimentación adecuada.
Asimismo, Ciudadanos garantizará el material escolar necesario a los
niños que presenten en sus familias una situación de exclusión y
pobreza por debajo de este umbral.
Incrementaremos las medidas para reducir la pobreza infantil en
Castilla y León mediante la elaboración y desarrollo de un plan de
lucha contra la pobreza infantil, que asegure la dotación
presupuestaria necesaria en infancia, y haga efectivas las medidas
recogidas en la actual legislación.
Aseguraremos mecanismos de participación de los actores sociales
relacionados con la infancia en la toma de decisiones, mediante
comisiones parlamentarias y mediante la creación de la Secretaria
General de la Infancia, que debe ser el paraguas orgánico para la
elaboración de políticas trasversales relacionadas con la infancia en
Castilla y León
Proponemos la revisión del sistema de protección de menores
desamparados (víctimas de maltrato, abuso sexual, abandono, etc.,) y
en general de los procedimientos relacionados con la infancia
(adopción, acogimiento familiar, acogimiento residencial).
Implicaremos activamente a la Administración en la garantía de los
derechos de la infancia y vigilancia de su vulneración e
incorporaremos la infancia como prioridad de la cooperación y de la
ayuda al desarrollo.
Aumentaremos el número de centros de acogida y de ayudas económicas a
familias acogedoras.
*
Juventud
Hablar de la juventud en Castilla y León es hablar nuevamente de
educación, de los niveles de rendimiento educativo y de su adecuación
del mercado laboral.
Es necesario una convergencia entre el mundo empresarial, el formativo
o académico y la sociedad civil, de forma que se hagan facultades y
centros para el empleo y no para engrosar las listas del paro.
Medidas de apoyo a la contratación juvenil, a la convivencia con el
trabajo y los estudios, a los proyectos de emprendeduría y a la
formación en idiomas y nuevas tecnologías, se hacen imprescindibles
para solventar ese desajuste social que puede conllevar, si no se
remedia, a eclipsar toda una generación, con las consecuencias que
ello supone en tasas de marginación, delincuencia y quebranto social.
Para C’s, las políticas de juventud deben ser interdepartamentales y
deben basarse en un triple eje: la promoción de políticas específicas
de vivienda y de fomento del alquiler, la inserción laboral, y la
formación mediante el acceso a cursos.
Fomentaremos medidas para la plena integración de los jóvenes en
nuestra sociedad, apoyando programas de participación y emancipación,
programas de movilidad internacional, servicios de salud y prevención
sexual y atención psicológica sobre adicciones, y programas
específicos destinados a fomentar la inserción social de los jóvenes
Fomentaremos medidas para que se preste atención personalizada desde
el Servicio de Empleo de Castilla y León al colectivo joven con
metodologías más innovadoras y se facilite la participación directa de
las empresas en los programas y formaciones de los jóvenes.
Fomentaremos el emprendimiento juvenil no solo desde el punto de vista
de sensibilización o formación, sino desde el apoyo económico y
técnico, posibilitando que las ayudas dependan de la viabilidad del
proyecto empresarial y no de las garantías presentadas
Potenciaremos la movilidad tanto geográfica como sectorial para
aquellos jóvenes que están muy preparados para sectores con poco
futuro, por ejemplo arquitectura o construcción
*
Políticas para los mayores y dependientes
Durante los próximos 50 años, irá aumentado el porcentaje de personas
mayores de 65 dentro de la población española y castellano leonesa,
pero a la vez se irán incrementando las mejoras médico asistenciales y
la esperanza de vida. Todo ello nos debe hacer replantearnos la vejez
dentro de la ambivalencia que supone los estilos de vida y la
desigualdad marcada por las posiciones sociales o desempeños laborales
que cada individuo singularmente ha vivido. Sin embargo, factores que
hoy parapetan el afrontamiento de la vejez, como son las pensiones, la
familia y la vivienda en propiedad, de igual modo habrán cambiado
sucesivamente, generando situaciones de mayor vulnerabilidad.
La previsible situación que esta circunstancia nos presenta, nos
obliga responsablemente al igual que en la educación, a establecer
desde ya, unos acuerdos de consenso globales en un marco de al menos
dos generaciones, que permita mantener el status quo actual de los
pensionistas y jubilados y que genere la estabilidad suficiente a un
sector de población que será el más numeroso y en consecuencia el que
más recursos y apoyos necesite.
Incrementaremos los servicios de proximidad con un aumento de las
horas/día en el servicio de ayuda a domicilio y los centros de día.
Aumentaremos las plazas de residencias para mayores y/o dependientes
así como las viviendas tuteladas para mayores. Centros
socio-sanitarios de cercanía.
Potenciaremos y promoveremos en coordinación con los ayuntamientos y
con el sector privado, la creación de viviendas asistidas en los
barrios que faciliten un mínimo apoyo sanitario para los ancianos y
que les permita, según su grado de dependencia, más movilidad y
autonomía, facilitándoles en el día a día la convivencia y el contacto
con sus familias y con personas ajenas al mundo hospitalario.
Potenciaremos la telemedicina, que mediante exploraciones medicas a
distancia, a través de las telecomunicaciones, permita una mejora y un
mantenimiento de su salud.
Primaremos los servicios sobre las ayudas económicas para impulsar el
empleo.
Dotaremos anualmente de los recursos presupuestarios necesarios para
la aplicación de la
Ley de Dependencia.
Daremos seguimiento a las ayudas económicas para el cuidador familiar,
verificar si efectivamente cuidan los familiares o personas
contratadas con esa prestación.
Adaptaremos las ayudas que reciben las familias con dependientes en
función del tipo de dependencia, flexibilizando la ayuda que se puede
recibir. Mejorando los mecanismos de inspección, velaremos
rigurosamente por la normativa sobre residencias concertadas.
*
Apoyo a las familias
Ampliaremos las deducciones fiscales por hijo a cargo y para abono de
pensiones alimenticias.
Aumentaremos el número de plazas públicas y concertadas en escuelas
infantiles.
Ampliaremos las subvenciones económicas para escuelas infantiles,
flexibilizaremos los horarios de servicio (ampliación del rango
horario) e incentivaremos su instalación en los lugares de trabajo.
Estableceremos bonificaciones para las familias, teniendo en cuenta el
número de miembros que la componen, en todo tipo de tarifas o tasas
fijadas por las Administraciones Públicas que afectan a gastos de las
familias como son las tasas escolares y universitarias, transporte y
acceso a bienes culturales.
Ampliaremos el derecho al servicio social de respiro para personas que
atienden familiares con dependencia y/o discapacidad, para mejorar su
vida personal, familiar y laboral.
*
Regulación de las entidades sociales y de voluntariado.
Incentivaremos la mejora de los servicios sociales mediante el apoyo
creciente al tercer sector social, es decir, a las entidades de la
sociedad civil implicadas en atender a personas necesitadas; todo ello
con la finalidad de sumar esfuerzos e impedir la exclusión social.
Las entidades de voluntariado son una pieza clave dentro del tercer
sector y para el conjunto de la sociedad y economía de nuestra
Comunidad. Es por ello que desde la administración castellano leonesa
definiremos el marco de actuación y categorización que deben de tener
cada una de estas organizaciones.
Se adecuará la normativa existente para entender y mejorar la
situación de ambigüedad y competencias que las definen. Y de igual
forma, se crearán un paquete de incentivos fiscales para garantizar su
viabilidad y estabilidad, compensando a las empresas que representen y
promulguen su responsabilidad social corporativa.
Se creará un registro de asociaciones, entidades y voluntarios que
permita dimensionar y administrar en su justa medida los accesos a la
ayudas y la financiación pública, priorizando los fines y objetivos
que sean considerados de interés general.
En la medida de lo posible se incentivará el uso común de ciertos de
elementos que no utilice cada asociación a tiempo completo.
Para ello, se creará un consejo social autonómico, en el que de forma
operativa y permanente los colectivos puedan expresar, demandar y
proponer las reformas y mejoras oportunas para el fortalecimiento de
su estructura orgánica y competencial.
Se incentivará la concienciación social de la importancia de estos
colectivos, dotándolos de herramientas y recursos que permitan su
visibilidad y que generen una apuesta definitiva sobre los valores que
representan. Se les reconocerá como entidades que aportan formación en
el empleo y se les reconocerá el derecho a prestar servicios
encaminados a la integración socio laboral y emocional de las personas
a las que asisten.
De igual forma, podrán establecer convenios y colaboraciones con
universidades, centros de formación y entidades que potencien el
conocimiento y la difusión del voluntariado.
Así mismo, se promoverán bancos de tiempo, de alimentos, y cualquier
otra estructura organizativa que representen fórmulas de integración y
apoyo a los más necesitados.
*
Economía con rostro humano
El desafuero económico y social que ha provocado la crisis y que he
revertido las condiciones de vida de los castellanoleoneses, debe de
servir como referente y lección a todos los organismos públicos y
sociales para tener presente las repercusiones en términos de pobreza,
desafección y desigualdad que ha generado.
Por ello, en Ciudadanos no escatimaremos en el control, la regulación
y todo lo que suponga la transparencia del empleo del dinero público,
priorizando que el sentido último de nuestra economía y la nuestra
sociedad son las personas.
Para ello la austeridad en el gasto no debe de ser contraria a la
inversión en la formación, a la integración y a la rehabilitación de
aquellos que por circunstancias o errores han sido víctimas de este
proceso de abatimiento económico y social.
En Ciudadanos apostaremos por las personas, sus capacidades, la
individualidad y la responsabilidad social, por un modelo que cuente
con la sociedad civil y una apuesta por un crecimiento que nos permita
dar sentido y sentimiento a lo que hacemos, un modelo inclusivo que
genere oportunidades y esperanzas a la mayoría de la población que
vive en Castilla y León.
*
Conciliación de la vida laboral y familiar y racionalización de
horarios laborales
En Ciudadanos somos partidarios de aprovechar mejor el tiempo
promoviendo y estableciendo una racionalización de los horarios para
vivir mejor nuestra vida. En Castilla y León y el resto de España es
muy difícil conciliar la vida laboral y la personal.
La cuestión del horario laboral es fundamental por lo que cambiar la
regulación del tiempo de trabajo en los convenios laborales es
determinante. El marco horario en que debería transcurrir la jornada
laboral normal debería ser 7 de la mañana a 5 de la tarde, con
flexibilidad para que cada trabajador la adecue a sus deseos y
necesidades dentro del marco antes mencionado. Por ejemplo, entrada a
las 7 de la mañana y salida a las 3 de la tarde o bien entrada a las 8
de la mañana y salida a las 5 de la tarde con 60 minutos para comer.
Se conseguiría así más tiempo para dedicar a la familia, el ocio, y
las tareas domésticas, ya que el objetivo de la racionalización de los
horarios es hacernos la vida más fácil y conseguir que sean
compatibles las diferentes obligaciones y deseos de realización vital
de hombres y mujeres que son, a la vez, madres, padres y trabajadores.
La racionalización de horarios laborales es una inversión, ya que
reduce el gasto de las empresas y, en promedio, aumenta la
productividad un 6%, según la investigación Productividad y empleo
elaborada por la Universidad de Zaragoza y disminuye más los riesgos
físicos y psíquicos, los trastornos personales y de sueño. Otro
aspecto destacable es que las empresas son más rentables cuando se
incorporan a la mujer en toda su estructura.
*
Atención a la discapacidad
Ampliaremos el programa de ayudas de atención social a personas con
discapacidad aumentando las ayudas económicas necesarias para el
desarrollo de la autonomía de personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial.
Aplicaremos efectivamente las directrices de integración social del
discapacitado establecidas en la legislación: reserva del 2% de los
puestos de trabajo en plantillas de más de 50 empleados.
Garantizaremos que las personas discapacitadas tengan las mismas
oportunidades y estableceremos que reciban su educación, de la misma
forma y en los mismos lugares que las demás personas.
Impulsaremos que la información se presente en diferentes formas.
Incluyendo fácil lectura y sistemas especiales para personas con
discapacidad auditiva o discapacidad visual. Por ejemplo, en braille,
lengua de signos, pictogramas, etc.
Fomentaremos que las tecnologías se utilicen lo máximo posible para
aumentar la independencia de las personas con discapacidad.
Consolidaremos el apoyo público a la mejora de la accesibilidad de las
nuevas tecnologías Impulsaremos que todos los espacios y los nuevos
edificios públicos y el transporte, incluido los aparcamientos, sean
accesibles y seguros para las personas con discapacidad. Los edificios
deben ser accesibles para que las personas con discapacidad puedan
formar parte de la sociedad de forma adecuada.
También impulsaremos que las calles y los espacios al aire libre sean
accesibles.
Agilizaremos la recepción de las ayudas para la adaptación o
accesibilidad de la vivienda de personas con discapacidad.
Generalizaremos la instalación de avisos sonoros
en todos los semáforos urbanos, para facilitar el tránsito autónomo de
los invidentes.
*
Políticas de igualdad y lucha contra la discriminación
Ciudadanos está comprometido con el impulso y avance de todas las
medida destinadas a erradicar la desigualdad y discriminación de todo
tipo y contribuirá a promover una educación para la Igualdad desde la
Infancia, que se ha de fomentar desde los ámbitos familiar, escolar e
institucional.
Promoveremos actuaciones políticas que corrijan la inercia social
discriminatoria respecto a las mujeres, hombres y colectivos
marginados, como los homosexuales y transexuales, velando por el
cumplimiento efectivo de las directrices europeas sobre igualdad.
Las propuestas de Ciudadanos se encaminaran hacia el establecimiento
de políticas que igualen las mujeres a los hombres en el mundo
laboral, en la empresa y en el desempeño público. Ciudadanos impulsará
una Política de Conciliación Familiar y Laboral dirigida tanto al
sector público como al privado.
En este sentido existen numerosos aspectos que necesitan de una
revisión urgente:
1) En multitud de casos, los horarios laborales y los escolares son
incompatibles o de muy difícil combinación por falta de un sistema
público y universal de guarderías.
2) Asimismo, el trabajo suele ser retribuido en función del número de
horas y no de los resultados cuando en el mundo actual de las
tecnologías, la presencia física en el lugar de trabajo no siempre es
imprescindible. Una mayor racionalización y flexibilización horarias
en aquellos trabajos que lo permitan ayudaría a muchas mujeres a
insertarse y/o permanecer en sus puestos de trabajo sin verse abocadas
a elegir entre su vida profesional y familiar.
3) Ciudadanos apela al sentido de la corresponsabilidad del conjunto
de la sociedad para que colabore y contribuya a la elaboración de una
Ley Integral de la Conciliación familiar y laboral que sea efectiva y
responda al interés común: empresarios, sindicatos, asociaciones de
mujeres, expertos, juristas, agentes de género, ONG, partidos
políticos, etc.
4) Ciudadanos propone una revisión del tradicional calendario escolar
(de septiembre a junio) y propone un sistema adaptado a la situación
laboral actual y a la media europea, dónde las vacaciones estivales
son más reducidas.
5) Ciudadanos propone que se adopte un sistema de bajas por maternidad
y paternidad obligatorio, igual, intransferible, y pagado al 100%, que
en países como Islandia está implantado ya desde el año 2000 y ha
supuesto una enorme disminución de la brecha de género.
6) Ciudadanos defiende la posibilidad de que tanto los padres como las
madres puedan acogerse a la reducción de la jornada laboral. Las
madres, además, podrán acogerse durante la gestación.
7) Ciudadanos propone el fomento mediante campañas públicas de
sensibilización de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres tanto
en el cuidado de los hijos y/o familiares como en las labores
domésticas. En la actualidad, el tiempo parcial está mayoritariamente
feminizado, siendo una de las principales causas el tener personas a
quien cuidar.
8) Medidas de fomento de la participación de las mujeres en la vida
pública (en política sobre todo) y en los puestos directivos de las
empresas, tales como:
- Incentivos a las empresas que faciliten servicios de guardería en el
lugar de trabajo en aquellos casos en que exista un importante volumen
de madres trabajadoras (hospitales, fábricas, aeropuertos,
parlamentos, etc)
-Flexibilidad y adecuación horaria a la conciliación familiar Hoy en
día la mujer en España cobra de media un 20% menos que los hombres, lo
cual es inaceptable en un país democrático.
Ciudadanos aboga por la eliminación de una vez por todas de la brecha
salarial entre hombres y mujeres y la integración de las mujeres en el
mercado laboral en condiciones de igualdad, considerando que a igual
trabajo y responsabilidad debe corresponder igual retribución y
oportunidades de promoción.
Ciudadanos propone un incremento de las inspecciones laborales para
detectar estos casos y la creación de una Oficina o teléfono gratuito
de información sobre los mecanismos disponibles de denuncia por parte
de las mujeres afectadas por prácticas discriminatorias.
El silencio por temor a la pérdida del empleo contribuye al
mantenimiento de este sistema de salarios desigual y lleva a la
feminización de los sectores más precarios del mercado laboral, por lo
que se requiere un sistema de protección para las perjudicadas y de
penalización para el/la empresario/a que incurra en este tipo de
acciones que, además de injustas, deberían ser castigadas.
Aunque absolutamente comprometidos con la igualdad entre hombres y
mujeres, rechazamos toda política encaminada a imponer artificialmente
sistemas de cuotas rígidas de representación de cualquier sexo o de
cualquier minoría.
*
Violencia domestica
En Ciudadanos pensamos que la actual ley de violencia de género debe
ser modificada para que además de hacer frente a la violencia de
género, proteja a todos los miembros del entorno familiar con
independencia del grado de parentesco, su sexo u orientación sexual y
mejore la igualdad de trato judicial entre hombres y mujeres.
Duplicaremos los recursos destinados a infraestructuras y dotaciones
para atender los casos de mujeres y hombres maltratados (casas de
acogida, servicios sociales, etc.).
Aumentaremos el número de policías destinados a los asuntos
relacionados con los malos tratos.
Incrementaremos las casas de acogida y pisos tutelados hasta alcanzar
la ratio de una plaza por cada 10.000 mujeres, además de casas de
acogida para hombres maltratados en la ratio que se considere
necesaria.
Diversificaremos territorialmente los recursos, hasta ahora
excesivamente concentrados en torno a las capitales.
Reorganizaremos la respuesta institucional a las víctimas de violencia
doméstica, y mejoraremos los mecanismos de transparencia, coordinación
e inspección pública de los centros de asistencia y acogida
gestionados por asociaciones.
Incentivaremos la I+D en los elementos de prevención y protección como
móviles, pulseras y demás elementos que por su limitada eficacia no
están dando la calidad y seguridad necesaria.
*
La inmigración
Para C’s las políticas sobre la inmigración se basan en cuatro
pilares:
1. Control de flujos. La inmigración es un fenómeno que ha estado
presente en toda la historia de la humanidad y ha facilitado el
crecimiento económico y supuesto oportunidades para el inmigrante y
los países de destino y origen. Sin embargo, debe controlarse y
regularse en función de la evolución económica y las necesidades
laborales de cada país para evitar que acabe siendo un problema social
como consecuencia de la competencia por el acceso a los servicios del
estado del bienestar de una población más numerosa y de la adaptación
o integración de los inmigrantes en el país de destino. Abordar la
inmigración con rigor y eficacia exige, por parte de la Unión Europea,
una política común y de control de flujos. C’s considera que es
necesario establecer un visado europeo de trabajo y residencia.
2. Integración. Para C’s la integración implica respeto a los derechos
y deberes establecidos en los países de acogida. Los inmigrantes no
pueden eludir el cumplimiento y respeto a las leyes y los valores
democráticos de la sociedad española y europea. Igualmente pensamos
que la inserción laboral y la educación son aspectos fundamentales
para la integración. Según C’s la integración se favorece facilitando
la adquisición de conocimientos básicos del idioma, la historia y las
instituciones del país de acogida. El acceso de los inmigrantes a
bienes, servicios y cauces de participación ciudadana en condiciones
de igualdad y de trato también facilita su integración.
Para C’s otra medida de integración es la reagrupación familiar.
Defendemos la reagrupación familiar de aquellos inmigrantes que
dispongan de vivienda y recursos económicos adecuados para atender a
la familia que se reagrupa. Asimismo apoyamos la participación
política como factor de integración, y por ello, defendemos el derecho
de voto en las elecciones municipales de los inmigrantes procedentes
de países con los que exista un acuerdo de reciprocidad.
3. Dimensión europea. Consideramos necesario armonizar y unificar las
políticas de los Estados en materia de inmigración y asilo en una
política común de la Unión Europea que regule la entrada, acogida e
integración de inmigrantes. Asimismo consideramos necesario establecer
los mismos criterios para la concesión del Estatuto de refugiado y en
la lucha contra el tráfico, trata y explotación de personas.
4. Inversión en cooperación y desarrollo. Es necesario establecer unos
planes de inversiones para el desarrollo aplicable a los países
emisores o colaboradores en el control de los flujos migratorios que
afecten a España y a la Unión Europea. Estos programas deben entender
el hecho migratorio de una forma integral, vinculando y coordinando
los recursos financieros a proyectos de desarrollo económico,
educación y formación de los ciudadanos de estos países, así como el
compromiso de colaboración de los Estados en aspectos de policía de
fronteras, lucha contra las mafias de tráfico de personas y
repatriación de sus nacionales.
5. Inmigración irregular. Rechazaremos cualquier medida destinada a
establecer procedimientos de regularización masiva de inmigrantes en
situación de irregularidad. Las personas inmigrantes en situación
administrativa irregular tendrán una atención asistencial que, a
criterio estrictamente facultativo, se considere indispensable para no
poner en riesgo su vida, su integridad o la salud pública, sin
perjuicio de exigir el resarcimiento de los gastos generados a su país
de origen o al propio beneficiario, cuando éste disponga de
suficiencia de recursos.
*
Drogodependencias
Crearemos más plazas residenciales para tratamiento terapéutico de
adultos drogodependientes y para adolescentes con consumos
problemáticos de drogas que se encuentran en situaciones especiales
como situación de crisis familiar o personal, con patología
psiquiátrica añadida, etc.
*
Regulación de la prostitución
Defenderemos un marco legal regulado para el ejercicio de la
prostitución voluntaria. Éste permitiría una mayor protección y
seguridad de las personas que se dediquen a tal actividad, velando por
la voluntariedad de su ejercicio y por el control de las condiciones
de salubridad e higiene en su práctica. Se permitirá así la
incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de
aquellos que la ejercieran profesionalmente.
Se restringirá el ejercicio de esta actividad económica en locales
convenientemente legalizados, prohibiéndose su ejercicio en el espacio
público.
Los clientes que hiciesen uso de los servicios sexuales fuera de los
ámbitos legalizados serán severamente sancionados.
Promoveremos una modificación de la Ley del Proxenetismo, a fin de
luchar contra la trata de trabajadoras sexuales, un delito tipificado,
y de esclarecer las condiciones en las que se realiza la prostitución
como actividad libre, autónoma y consensuada.
Adoptaremos medidas para clarificar las relaciones contractuales entre
agencias publicitarias, trabajadoras sexuales y representantes
Promoveremos la correcta aplicación de la Convención de Palermo para
dar cumplimiento a la normativa internacional en materia de
desarticulación de redes de trata de personas
3.4.Comprometidos con la calidad de vida: Vivienda y urbanismo
La efectividad del derecho al acceso a la vivienda sigue siendo
especialmente difícil para los sectores económicamente más débiles:
los jóvenes, los mayores y las familias con menores recursos como las
monoparentales o numerosas.
Para C’s es necesario tomar medidas para impedir que se prolongue esta
situación o que en el futuro se produzca una dinámica similar. Una
nueva regulación hipotecaria, una mejor valoración y tasación de los
activos inmobiliarios por las entidades financieras y las empresas de
tasación, y una política fiscal de fomento del alquiler, han de ser
elementos que junto a la fluidez del crédito sienten las bases de un
mercado más accesible y racionalizado.
Consideramos necesario establecer acuerdos con las entidades
financieras para dedicar suelo e inmuebles infrautilizados a ampliar
el parque público de vivienda social y promover regímenes de tenencia
alternativos, como la propiedad compartida y la propiedad temporal,
con el fin de favorecer la movilidad laboral, facilitar la
emancipación de los jóvenes y atender a todas aquellas personas y
familias que lo necesiten.
C’s ha suscrito el “Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio” y
hace suyos los principios, criterios y prioridades contenidos en el
mismo, junto con los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia y
equidad social. Propugnamos un urbanismo respetuoso con los recursos y
los valores del territorio, que garantice la preservación de suelo
rústico junto a las grandes ciudades y favorezca la gestión
sostenible. Ello conducirá a la contención y sostenibilidad del precio
del suelo y de las viviendas y de los costes del transporte y otros
los servicios públicos.
1.
Modificación de la Ley Hipotecaria
Para que en el caso de préstamos hipotecarios, se obligue al banco
acreedor a aceptar en pago el inmueble hipotecado a un precio igual al
100% del valor de mercado que tenga en ese momento, previa tasación
por un profesional independiente designado por el Registrador de la
Propiedad. Esta “dación en pago” reducirá la deuda hipotecaria por el
valor del inmueble, no por la totalidad del saldo vivo del préstamo,
si éste fuera mayor, la deuda pendiente, ya sin garantía hipotecaria,
podrá ser objeto de renegociación, e incluso extinción según las
circunstancias personales del deudor.
2.
Mercado de alquiler
Incentivaremos la incorporación de la vivienda desocupada en el
mercado de alquiler mejorando las garantías jurídicas de los
arrendadores, tanto en el cobro del alquiler como en el mantenimiento
de la vivienda.
3.
Vivienda protegida
En el marco de las reservas obligatorias de vivienda que se establecen
en los planes urbanísticos, fomentaremos un mercado de vivienda
protegida que no se podrá incorporar al mercado de renta libre.
Estableceremos colaboraciones con las corporaciones locales para
financiar la adquisición de stocks de viviendas vacías para que sean
destinadas a viviendas de protección oficial de alquiler.
4.
Rehabilitación
Potenciaremos la rehabilitación de viviendas con el objetivo de
mejorar su solidez, sus condiciones de accesibilidad y su eficiencia
energética, así como promover la actividad económica.
Fomentaremos actuaciones integrales en núcleos antiguos para estimular
la actividad y el ahorro de suelo.
5.
Disponibilidad de suelo
Fomentaremos la utilización racional del suelo con sujeción a las
necesidades reales de la demanda en función del crecimiento de la
población, según un modelo compacto sustentable de acuerdo con las
recomendaciones de la Conferencia de Río. A tal efecto se fijará para
cada municipio el esponjamiento máximo del suelo urbanizable admisible
en las revisiones de su planeamiento general, en función de las
proyecciones de población y de actividades, con aplicación de los
estándares adecuados a nuestro nivel de desarrollo para la reserva
obligatoria del suelo destinado a equipamientos y dotaciones,
servicios técnicos, espacios libres y zonas verdes.
6.
Participación ciudadana en el planeamiento
Defendemos la participación ciudadana en el debate y formulación de
los documentos de planeamiento y la transparencia en los procesos de
recalificación del suelo, ya que la ciudad es de todos los ciudadanos,
no solo de los propietarios de los terrenos.
7.
Ciudades para vivir
Defendemos el mantenimiento y la distribución equilibrada de zonas
verdes en el interior de las ciudades, garantizando un mínimo de 15
metros cuadrados por habitante, como recomienda la Organización
Mundial de la Salud.
Velaremos para que las reservas obligatorias del suelo destinado a
equipamientos y zonas verdes se mantengan en la proximidad de las
áreas objeto de las actuaciones urbanísticas.
8.
Infracciones urbanísticas
Las administraciones velarán para que los efectos de las infracciones
en materia urbanística no se rediman solamente mediante compensación
económica, sino que se proceda en todos los casos a la reposición de
la situación anterior.
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