P27 Archivo Enviado Desde LexisNexis OnLine 07/ 08/ 2004

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Citar Lexis Nº 04_319v3t081
Tribunal:
Corte Sup.
Fecha:
05/11/1996
Partes:
Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición
Publicado:
Fallos 319:2557. 
FALLO IN EXTENSO
                                                  
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL
Suprema Corte:
‑I‑
Llegan estas actuaciones a conocimiento de V. E. en virtud de los
recursos ordinarios de apelación deducidos por Pietro Antonio Nardelli
y su defensor, contra la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara
Criminal y Correccional Federal de esta ciudad a fs. 344/351, que
confirmó la del juez federal de primera instancia por la cual se hizo
lugar al pedido de extradición formulado respecto del nombrado por el
Tribunal Nº 2 de Milán, República de Italia (fs. 355).
Los agravios puestos de manifiesto por la defensa en el memorial de
fs. 361/377, insisten en algunos planteos que, ya introducidos en las
instancias anteriores, no han obtenido hasta ahora resultado
favorable, a la vez que expresa los que le genera el fallo del a quo.
Sintéticamente, consisten en:
1) La contradicción en que se incurre acerca del carácter firme o no
de la sentencia dictada en el país requirente y sobre la condición de
rebelde o no de Nardelli en ese proceso.
2) La invalidez de la condena en ausencia allí dictada, por importar
la violación de las garantías del debido proceso y de defensa en
juicio, ante la imposibilidad de un nuevo juzgamiento con intervención
personal del imputado al haber pasado el fallo en autoridad de cosa
juzgada.
3) Falta de envío de las normas legales italianas aplicables.
4) Omisión de analizar la existencia del recaudo de la "doble
incriminación".
5) Prescripción de la acción.
6) La ausencia de los elementos justificativos del proceso, que no
fueron aportados en esta causa por el estado requirente.
‑II‑
La estrecha relación existente entre los dos primeros agravios,
autoriza su tratamiento conjunto, pues se advierte que comprenden una
misma cuestión: la situación de Nardelli frente a la condena dictada
en el proceso judicial italiano en cuya virtud se lo reclama.
En primer lugar, debe señalarse que mediante la Nota Verbal Nº 1092 de
la Embajada de Italia en Buenos Aires, se remitió a la cancillería
argentina para su posterior giro a la justicia a los fines de
extradición, la sentencia dictada el 9 de febrero de 1993, legalizada
y traducida, por la cual el Tribunal Penal de Milán condenó a Pietro
Antonio Nardelli a cuatro años y seis meses de reclusión, "habiendo el
interesado apelado el veredicto ante la Cámara Penal de dicha ciudad".
En esa misma nota, se subraya que "la concesión de dicha extradición
recaería en beneficio del mismo interesado, al permitirle una mejor
defensa en el lugar tanto en el juicio de apelación cuanto en el caso
de un eventual recurso en Casación" (ver Anexo con testimonios de la
causa seguida ante el Tribunal de Milán, que corre por cuerda).
Formulada en esos términos la solicitud de extradición, al no hallarse
cuestionada formalmente la validez de la aludida Nota Verbal,
corresponde que el presente juicio se ciña a lo expresado en aquella
petición inicial, más allá de cuanto pueda proveerse en su momento a
las restantes solicitudes incorporadas con posterioridad, las cuales
‑además‑ han merecido puntual tratamiento por el tribunal a quo en el
apartado dispositivo V. de su pronunciamiento (fs. 350 vta.).
Como corolario de lo anterior, es preciso destacar que no existen
reparos que efectuar a la allí invocada condición de condenado por
sentencia no firme que reviste Nardelli, ni a la evidente finalidad
que en su beneficio persigue lo peticionado por la justicia italiana,
desde que así podrá ejercer en su país su derecho de defensa en el
trámite del juicio de apelación cuanto en el eventual recurso de
casación.
Sentadas tales premisas, es posible afirmar que el agravio enderezado
a sostener que el requerido fue condenado en rebeldía y que se lo
reclama para cumplir pena, carece de todo fundamento pues, a mi
entender, debe estarse a la etapa procesal vigente al momento en que
la justicia italiana introdujo su solicitud.
Respecto a si Nardelli se encontraba a derecho, como se infiere de la
expresión "...habiendo el interesado apelado..." (confr. Nota Verbal
Nº 1092), no resultan, a mi vista, suficientes ‑además de su
impertinencia‑ las probanzas que arrima su defensor para debilitar tan
categórica afirmación.
Digo de su falta de pertinencia, toda vez que so capa de un pretendido
análisis de la situación procesal que aquél revestía en el juicio
extranjero, el planteo importa introducirse indebidamente en
cuestiones ajenas al limitado ámbito de conocimiento que reconoce un
proceso de las características del presente. Al respecto, esa Corte
Suprema de Justicia ha fijado criterio en cuanto a que "la apreciación
de la prueba relativa a si el requerido se encontró o no fuera del
país que lo reclama, en la época en que se dice cometido el delito que
se le imputa, corresponde al fondo del proceso y debe este punto ser
resuelto por los tribunales del país requirente" (Fallos: 113:364).
No obstante ello, frente a lo expresado por la defensa en su memorial
(fs. 364/vta.) es oportuno señalar que la prueba incorporada para
intentar demostrar que Nardelli se encontraba en la República
Argentina al tiempo de los hechos (ver declaraciones testimoniales de
fs. 206/208), en el mejor de los casos ‑y sin atender al posible grado
de inhabilidad por parentesco de los deponentes (conf. regla del
artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación)‑ acreditaría sólo
su presencia en nuestro país en determinados días de los meses de
noviembre y diciembre de 1987, pero no que la misma haya tenido
carácter de permanente. Más aún, adviértase que esa presunta ausencia
de Italia, de resultar relevante, lo detraería únicamente de algunos
de los hechos que se le imputan.
Sin embargo, es ilustrativo observar que ello no permite descartar,
tal como se afirmó en otro pronunciamiento a su respecto referido a
hechos similares (ver fojas 200 de la causa que corre por cuerda), que
durante ese breve traslado al exterior ‑en este caso, a la República
Argentina‑ sus consortes de causa continuaran operando, modalidad que
se compadecería con la permanencia que conlleva toda asociación
ilícita, uno de los delitos por los que se lo reclama (ver fs. 23 de
la traducción de la sentencia del Tribunal de Milán, donde se alude
expresamente a esta característica).
Es del caso destacar, que de fs. 25 de ese instrumento surge que una
coimputada ‑Giovanna Bittau‑ hizo referencia a que "Nardelli y su
mujer con el niño, antes de Navidad del 87 fueron a América del
Sur...", dato que si bien coincidiría con lo que intenta acreditar
aquí la defensa ‑a mi modo de ver, en ámbito inadecuado, conforme la
cita de Fallos: 113:364‑, no puede ser valorado sin tenerse en cuenta
que se trata de una época del año propicia para visitar parientes
‑como consta que el requerido tiene en la Argentina‑ y que el mismo
fallo también alude a otro viaje del nombrado, esta vez a Canadá ‑en
fecha cercana al anterior‑ (ver fs. 26 y 33 ídem), extremo que además
de reforzar la hipótesis esbozada en el párrafo precedente, permite
columbrar tanto una habitualidad en sus traslados, como su carácter de
no permanentes.
En efecto, aún admitiendo esas salidas de Italia, ellas per se no
reflejan más que la facultad de un imputado de viajar (conf. Fallos:
316:1812 , Considerando 5º). Recuérdese que Nardelli había recuperado
su libertad anticipadamente el 23 de setiembre de 1987 en el proceso
que se le seguía ante el Tribunal de Lecce, es decir poco antes de la
ocurrencia de los delitos comprendidos en esta requisitoria
internacional (ver fs. 219/224 del expediente acollarado).
Por ello, nada impide aseverar el regreso a su país dentro del período
de los hechos objeto del actual proceso.
Así las cosas y coherentemente con el panorama descripto, considero
que más allá de las imprecisiones de la sentencia apelada cuando alude
a la firmeza o no del fallo del Tribunal de Milán y a la condición de
rebelde o no del requerido, su cabal interpretación no lleva a
equívocos en cuanto afirma que aquella condena no afecta la garantía
del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y que en ese juicio
se ha resguardado el derecho de defensa de Nardelli (ver Considerando
IV‑b a fs. 346/7).
No está de más recordar, ante la invocación que del principio in dubio
pro reo formula la defensa a fs. 365 y el silencio que sobre el punto
guarda el tratado bilateral, que el Alto Tribunal ha resuelto que "no
es inaplicación dentro de un procedimiento como el presente la
doctrina legal que manda estar a lo más favorable al procesado, regla
que debe observarse para regir el criterio de los magistrados que han
de juzgar el fondo de las causas criminales; en las actuaciones sobre
extradición tendientes a perseguir el juzgamiento de los criminales o
presuntos criminales, por los tribunales del país en que han
delinquido, el criterio judicial debe ser favorable a aquel propósito
de beneficio universal y que por tal concepto no admite otros reparos
que los derivados de la soberanía de la nación requerida y de las
condiciones fundamentales escritas en las leyes o en los tratados"
(Fallos: 156:169).
Por otra parte, el carácter no firme del fallo adverso dictado
trasluce de modo incuestionable que Nardelli no reviste calidad de
condenado y, por lo tanto, mal puede interpretarse que ese
pronunciamiento importe el cumplimiento de pena ‑como sugiere la
defensa a fs. 366/vta.‑ sino, como se expresa en la Nota Verbal Nº
1092, se trata que el nombrado intervenga en la faz recursiva en
trámite.
Ese estado procesal habilita claramente el extrañamiento de Nardelli,
por cuanto se trata de un supuesto en el cual, como ha expresado esa
Corte Suprema, la condena (no firme) en rebeldía no obsta a la
extradición pues se reconoce el derecho del requerido para hacer valer
sus defensas y excepciones ante los jueces del país que lo reclama
(Fallos: 291:154 , 228:640, 217:340 y 158:250). Este criterio ha sido
implícitamente mantenido por V. E. en su actual composición en caso
"Revello", ya citado.
Por lo demás y sin menoscabo de lo que ha venido considerándose, este
o cualquier otro reparo que pudiera merecerle al apelante la
tramitación del proceso principal que motiva este pedido, corresponde
lo haga valer ante sus jueces naturales y/o ante las instancias
supranacionales a las que el país requirente se encuentra sometido, en
la inteligencia de que ellas han sido erigidas con competencia para
que, dentro del sistema de protección de los derechos humanos y
libertades fundamentales creado por el Convenio Europeo, velen porque
las Altas Partes Contratantes, entre las que está incluida la
República de Italia, no desconozcan los derechos y libertades allí
consagrados según el compromiso asumido en el correspondiente
instrumento de creación.
En tal sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la
República de Costa Rica al decidir los recursos de hábeas corpus
interpuestos por Sheid Kadir Sahib Tajudeen, con motivo del pedido de
extradición formulado por la República de Francia a su respecto ante
los tribunales costarricenses.
En efecto, al decidir ese tribunal el 4 de agosto de 1989 el recurso
Nº 147‑89, rebatió la argumentación de la defensa en el sentido de que
la sentencia condenatoria se encontraba firme por haber transcurrido
el plazo correspondiente para su impugnación a pesar de tratarse de un
proceso en ausencia, por contumacia o rebeldía.
Así, sostuvo que "...del estudio que se ha hecho de este asunto no
queda claro que tal situación se haya producido..." y que "En todo
caso, queda abierta la posibilidad de interponer el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia que aquí se ha
cuestionado, con base en el artículo 622 inciso 4º del Código Procesal
Penal Francés aludido, así como recurrir a los instrumentos del
Derecho Internacional Europeo relativos a la protección de los
derechos humanos que eventualmente se estimaren lesionados (por
ejemplo el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos,
referido al derecho a un juicio equitativo e imparcial). Todo lo
anterior puede y debe ser discutido y resuelto en el Estado que
reclamó la extradición del señor Tajudeen".
Igual fundamentación reconoce el informe Nº 2/92 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, al desestimar el reclamo del
extraditado en ese caso, el Nº 10.289. Sostuvo, en la ocasión, que "..
.las acciones y decisiones de las autoridades judiciales y
administrativas costarricenses... a raíz del pedido de extradición del
Gobierno de Francia, no configuran violación de los derechos humanos
reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."
para lo cual hizo mérito del pronunciamiento recién citado, del
superior tribunal del país requerido, en el que ".. .se describen los
recursos que el peticionante posee ante la justicia francesa y
eventualmente ante el sistema europeo de defensa de los derechos
humanos que eventualmente se estimaren lesionados por la gestión
judicial en sede francesa" (conf. informe citado, del 4 de febrero de
1992, parágrafo 17, punto "f", "Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1991", fs. 77/84, Secretaría
General, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C.,
1992).
Lo descripto, cobra particular virtualidad frente a la cita que la
propia defensa efectúa a fs. 365 vta. del artículo 24 de la
Constitución Nacional Italiana, en cuanto consagra el derecho
individual a la reparación de los errores judiciales en las
condiciones y modo que la ley determina (conf. G. Balladore Pallieri
"Diritto Costituzionale (Secondo la Nuova Costituzione)", Dott. A.
Giuffré‑Editore, Milano 1949, página 283).
De allí que los reparos presentados en torno a este aspecto del
pronunciamiento no habrán de prosperar, pues no se ha acreditado
afectación a las garantías fundamentales involucradas en la materia.
No se me olvida que de fs. 25 de la traducción de la sentencia
italiana surge que Nardelli ".. .nunca fue interrogado sobre los
hechos de los que se le acusa por ser contumaz..."; y que a fs. 2 de
ese Anexo se consigna que se hallaba "libre en rebeldía...".
Cierto es que tales circunstancias presentan directa relación con los
agravios que vienen analizándose, pero considero que en modo alguno
permiten enervar la conclusión favorable al extrañamiento pues no
obstante ello, en virtud de los expresos términos en que la autoridad
italiana ha solicitado la extradición (conf. Nota Verbal Nº 1092),
todo hipotético reparo ha de resultar subsanable al hallarse Nardelli
a derecho en la etapa procesal aludida en ese requerimiento. No otra
interpretación cabe formular cuando allí se afirma que ".. .la
concesión de dicha extradición recaería en beneficio del mismo
interesado, al permitirle una mejor defensa en el lugar tanto en el
juicio de apelación cuanto en el caso de un eventual recurso en
Casación".
Interpretar lo contrario importaría desconocer el compromiso
internacional que en los términos del convenio vigente (ley 23719 ) se
ha asumido recíprocamente con la República de Italia; y desatender el
ya aludido principio jurisprudencial que enseña que en las actuaciones
de extradición el criterio judicial debe ser favorable al propósito de
beneficio universal que inspira a dicha institución (Fallos: 216:285 ,
174:325, entre muchos otros).
‑III‑
Con respecto a los agravios individualizados en los puntos 3) y 6) del
apartado I de este dictamen, no es posible ignorar la estrecha
relación existente entre estas actuaciones (Nº 365 del Juzgado Federal
Nº 9, Secretaría Nº 17) y las que bajo Nº 17.554 tramitaron por ante
el Juzgado Nº 2 de ese fuero. Tal ha sido el motivo por el cual el a
quo dispuso, sin perjuicio de lo resuelto sobre la contienda de
conexidad planteada al inicio de esta causa (ver fs. 20), que ese otro
proceso ‑ya concluido‑ corriera por cuerda al presente (ver punto
dispositivo VI de la sentencia), decisión que, de adverso a lo
afirmado por la defensa a fs. 376 vta., no afecta el principio del
juez natural.
Lo anterior es consecuencia de la ineludible vinculación probatoria
que siempre ha comunicado ambas causas, extremo que no sólo se
verifica en punto a los elementos cuya supuesta ausencia generaría
gravamen a la recurrente, sino también respecto de otros que, de signo
opuesto y también obrantes en aquel expediente, han sido esgrimidos
sin ambages por la defensa en su beneficio (ver fs. 203/209 de estos
autos).
A esta altura y en abono de lo expuesto, debe destacarse que
efectivamente parte del material correspondiente al presente juicio de
extradición ha quedado incorporado al legajo acollarado.
Concretamente, las órdenes de captura nacional e internacional, la
descripción de los hechos por los cuales se reclama a Nardelli y las
normas legales italianas aplicables al caso, lucen, tanto en su idioma
original como traducidas, a fs. 136/179 de la causa que corre por
cuerda. Adviértase que la transcripción de fs. 156/179 ‑referida a
este pedido‑ cuenta con una foliatura original al pie correlativa (1 a
24) y que a partir de la foja 180 luce la transcripción de otra
documentación relacionada con la condena aplicada por el Tribunal de
Lecce (referida a ese expediente), que posee nueva foliatura original
al pie.
Sin necesidad de analizar las razones que hayan llevado a esa
situación, a mi criterio ello resulta incapaz de causar agravio alguno
al impugnante desde que, no sólo se trata de actuaciones que hoy día
acompañan al presente, sino que, además, la parte las conoció, pudo
compulsarlas e intervino desde su inicio. No obstante, me permito
señalar que la comunidad existente entre los dos pedidos se retrotrae
ya al inicio del que corre por cuerda, pues en el radiograma de
Interpol de su fs. 4/5 se alude a las órdenes de captura de las dos
causas que involucraban a Nardelli ante la justicia italiana, que
finalmente originaran estos dos procesos.
Prueba de ello resultan los testimonios que a pedido de la defensa se
incorporaran a fs. 206/208 de estos autos, los cambios que en ambos
expedientes se produjeran contemporáneamente en la asistencia técnica
de Nardelli, ejercida por los mismos letrados, así como su designación
antes de la mencionada contienda por conexidad (ver fs. 8 de esta
causa). Recuérdese también que en ese otro juicio se reclamaba la
extradición del nombrado, pero en virtud de otra sentencia dictada a
su respecto por los tribunales italianos, similitud que abona el
paralelismo que viene trazándose.
Más aún: si tanto en la oportunidad contemplada en el art. 656 del
Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑ (fs. 43/46 de
estos autos) como al tiempo de alegar a fs. 225/228 sobre la prueba
producida (art. 492 ídem), la defensa omitió ponderar las constancias
relevantes a su derecho que obraran en la causa hoy acollarada, no es
admisible a esta altura, luego del sólido contexto supra desarrollado,
el agravio referido a la supuesta ausencia de los elementos
justificativos del pedido de extradición (apartado VI del escrito de
fs. 361/377).
En estas condiciones, no puede sostenerse que el Estado requirente no
haya acompañado los recaudos que exige el art. 12 del tratado, pues se
cuenta con el texto completo traducido del fallo recurrido (ver Anexo
acollarado), la orden de arresto internacional librada, la relación de
cada uno de los hechos imputados a Nardelli, su encuadre legal, y la
transcripción de las normas aplicables, incluidas las referidas a la
prescripción (ver fs. 136/179 del expediente que corre por cuerda).
Por último, en cuanto a la identidad del requerido, amén de la ficha
personal acompañada, no existe cuestionamiento alguno (ver fs. 32
ídem).
‑IV‑
Ingresando ahora al análisis del agravio fundado en la presunta
omisión de analizar la existencia de la "doble incriminación" (fs. 369
vta. y 371/4), la sola lectura de la sentencia apelada permite su
rechazo de plano. En efecto, allí se invocaron las normas del Código
Penal Argentino en las que encuadran los hechos por los que Nardelli
es reclamado (ver fs. 347 vta.), dándose así cumplimiento a la regla
de identidad de la norma y también a la singular exigencia de
motivación que conlleva todo acto jurisdiccional de estas
características, aun cuando ésta no haya satisfecho al apelante (ver
punto V de su memorial, a fs. 370 vta.).
Sobre esto último, no está de más recordar que "el procedimiento de la
extradición no es un proceso, pues nada resuelve respecto de la
inocencia o culpabilidad del requerido" (Fallos: 11:137),
particularidad que distingue la motivación de las sentencias de estos
juicios de la de los procesos penales comunes, donde sí corresponde
‑como parece pretender la recurrente‑ el acabado análisis de los
hechos probados y su significación legal (art. 495, reglas segunda y
cuarta, del Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑).
‑V‑
Resta considerar el agravio referido a la presunta prescripción de la
acción, el cual ya fuera objeto de análisis y respuesta en el punto
IV‑c de los Considerandos del pronunciamiento impugnado.
En mi opinión, no se presenta en el sub examine el obstáculo que en
tal sentido prevé el artículo 7º, inciso B, del convenio con Italia,
pues desde la fecha de ocurrencia de los hechos imputados (2 de
noviembre de 1987 a 17 de junio de 1988) hasta el presente, no ha
transcurrido el plazo de diez años que contempla para la prescripción
de la acción el artículo 157, apartado 3, del Código Penal Italiano
(ver fs. 171/2 del expediente que corre por cuerda).
Cabe destacar en tal sentido que ‑de adverso a lo que invoca la
defensa a fs. 370 vta.‑ dicha norma regula ese plazo al tratar los
supuestos de delitos para los que la ley establece pena de reclusión
no inferior a los cinco años (como el caso de autos), mientras que el
inciso 4º fija un plazo de prescripción de cinco años para los delitos
que tienen prevista pena inferior a cinco años o multa.
En efecto, a la luz de la sentencia no firme remitida, la conducta de
Nardelli ‑en lo sustancial‑ ha sido catalogada en los siguientes
artículos del Código Penal Italiano:
A) Asociación para delinquir (art. 416), para el cual se prevé
reclusión de tres a siete años para los promotores, jefes u
organizadores, y de uno a cinco años para los otros integrantes (ver
fs. 175 de la causa Nº 17.554).
B) Falsificación de sellos públicos (art. 468), que tiene prevista
reclusión de uno a cinco años y multa (ver fs. 176 ídem).
C) Receptación de objetos procedentes de un delito (art. 648), que se
castiga con pena de reclusión de dos a ocho años y multa (ver fs. 178
ibídem).
Es así que, sin necesidad de ingresar al análisis de la repercusión de
las secuelas interruptivas del curso de la prescripción de la acción
penal previstas en el artículo 160 de aquel cuerpo legal (ver fs. 174
del expediente que viene citándose), algunas de las cuales
necesariamente han debido existir para arribarse al fallo del 9 de
febrero de 1993, resulta claro que desde la óptica de la ley italiana
la acción no se ha extinguido.
Ahora bien: en atención a lo previsto por el artículo 7º, inciso B,
del tratado, también es necesario evaluar la prescripción de acuerdo a
la legislación de la parte requerida.
Al no haber objetado la apelante la doble incriminación formulada por
el tribunal sentenciante a fs. 347 vta., cabe analizar la cuestión a
partir de ese encuadre, aun cuando no se hayan efectuado precisiones
en cuanto a la forma en que concurren esas figuras.
Partiendo de la fecha de los hechos, corresponde asignar carácter de
secuela de juicio a los siguientes actos procesales:
A) La orden de captura librada ‑a nivel local‑ por el juez instructor
italiano, doctor Matteo Mazziotti, el 22 de diciembre de 1988 (ver fs.
139/140, traducida a fs. 161/167 del expediente Nº 17.554). Ello toda
vez que, aun cuando tal libramiento no presenta en rigor esa cualidad,
supone la existencia previa de un estado de sospecha análogo al
contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal ‑ley 23984‑,
situación que sí ha sido pacíficamente admitida por nuestros
tribunales como interruptiva de la prescripción (conf. art. 67 ,
párrafo cuarto, del Código Penal).
B) El "reenvío a juicio" formulado por el Ministerio Público Italiano
respecto de Nardelli, por ser la etapa procesal ineludible donde se
concreta la imputación y se fija objetiva y subjetivamente la
persecución. Si bien es cierto que no se cuenta en autos con la fecha
de ese acto, existen elementos que permiten válidamente inferir, al
menos, entre qué fechas ocurrió y así considerarlo "secuela de juicio"
pertinente a los efectos del planteo articulado.
De la lectura de la sentencia no firme del 9 de febrero de 1993
‑capítulo "Motivos de la Decisión"‑ surge que el juez de instrucción
actuó, al menos, hasta el 4 de abril de 1990, pues en esa fecha
interrogó a Luciano Marello, otro de los imputados (ver fs. 23 y 24 de
la traducción). Asimismo, con fecha 25 de junio de 1991, el Presidente
de la IV Sección Penal del Tribunal Civil y Penal de Milán, doctor
Giorgio Caimmi, ordenó la "búsqueda en campo internacional" de
Nardelli (ver fs. 136/8 y traducción a fs. 156/160, ambas de la causa
que corre por cuerda).
No desconozco que esta ampliación de la anterior orden de captura
puede carecer de aptitud interruptiva de la prescripción; pero lo que
sí es posible tener por acreditado con ello, es que, entre el 4 de
abril de 1990 y el 25 de junio de 1991, la causa italiana fue elevada
a juicio por el juez instructor, tomando intervención la aludida IV
Sección Penal. Se trata de la etapa que, análoga a la prevista por el
artículo 346 y siguientes de nuestro actual Código Procesal Penal,
contemplan los artículos 405, inciso 2º, 416, 417 y 429 del Código de
Procedimiento Penal Italiano (conf. traducción de Fabio Espitia
Garzón, Editorial Temis, Bogotá 1991).
Formuladas estas aclaraciones imprescindibles, debe observarse
entonces que la prescripción de la acción penal se vio interrumpida
durante ese lapso por el acto procesal que viene analizándose, que
también configura "secuela de juicio".
C) La sentencia condenatoria no firme dictada el 9 de febrero de 1993
por el mencionado tribunal italiano, que constituye una etapa
ineludible para el avance del proceso en tanto implica un juicio de
certeza y la consecuente culminación de la actividad persecutoria.
D) La comisión del delito de falsificación de documento destinado a
acreditar la identidad, verificada al momento de ser detenido en
nuestro país el 11 de agosto de 1993, que mereció la condena que le
aplicó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 (ver fs. 236 vta.
de estos autos, y fs. 19 vta. de la causa que corre por cuerda).
E) La solicitud de extradición formulada por la República de Italia
mediante Nota Verbal Nº 1092 del 5 de noviembre de 1993 (ver Anexo
acollarado).
Así las cosas, toda vez que entre ninguno de los enunciados actos
constitutivos de "secuela de juicio", ni entre el último de ellos y la
actualidad, ha transcurrido el plazo de tres años que requiere el
artículo 277 de nuestro Código Penal para la extinción de la acción
(conf. art. 62 , inciso 2º, ídem), es posible concluir que para el
Estado requerido la acción penal también se encuentra vigente.
Finalmente, corresponde aclarar que entre las normas penales sobre las
cuales viene formulada la "doble incriminación", se ha limitado la
evaluación a esa sola figura (encubrimiento) pues se trata de la que
tiene prevista menor pena, por lo que la conclusión enunciada también
comprenderá a las restantes más severamente penadas (arts. 164, 210 y
292). Ello, sin dejar de advertir ‑aun cuando me halle limitado por el
principio de la reformatio in pejus y la ausencia de recurso‑ que con
los antecedentes del caso bien podría haberse efectuado la identidad
normativa del artículo 648 del Código Penal Italiano con el tipo
agravado del inciso 3º in fine del artículo 277 de nuestro catálogo
sustantivo, cuyo máximo se eleva a seis años y disipa toda
controversia sobre el punto hasta aquí examinado.
En razón de todo lo expuesto, opino que V. E. debe confirmar la
sentencia de fs. 344/351 en cuanto concede la extradición de Pietro
Antonio Nardelli solicitada por las autoridades italianas, la cual se
efectivizará una vez que agote la pena impuesta por la justicia
argentina (art. 10 de la ley 23719). Buenos Aires, 9 de noviembre de
1995. Ángel Nicolás Agüero Iturbe.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1996.
Vistos los autos: "Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición".
Considerando:
1º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal concedió el recurso ordinario de apelación
interpuesto por Pietro Antonio Nardelli contra la sentencia que, al
confirmar la dictada en la instancia anterior, hizo lugar a la
extradición del nombrado solicitada por la República de Italia
mediante nota verbal Nº 992 del 30 de septiembre de 1993 (fs. 239/240
del expediente Nº 17.554 que corre por cuerda), con fundamento en la
orden de captura Nº 763/88 R.G. librada el 22 de diciembre de 1988 por
el juez instructor de Milán por la comisión de hechos delictivos
consumados entre el 6 de noviembre de 1987 y el 25 de enero de 1988 y
calificados como asociación para delinquir con la finalidad de
recepción y hurto de automóviles, supresión y falsificación de las
respectivas placas y de los documentos de circulación y falsificación
de actas públicas (fs. 139/142 del mencionado expediente).
2º) Que durante la sustanciación del trámite el país requirente
presentó, el 5 de noviembre de 1993, la nota verbal Nº 1092
acompañando como "documentación adjuntiva" al pedido de extradición la
condena a cuatro años y seis meses de reclusión dictada en ese proceso
contra Nardelli por el II Tribunal Civil y Penal de Milán, IV Sección
Penal, el 9 de febrero de 1992. En esa misma oportunidad hizo saber
que el nombrado había apelado ‑sin aclarar si lo había hecho
personalmente o por intermedio de su abogado de confianza o su
defensor oficial‑ ante la Cámara Penal de la citada ciudad y que se
reservaba la facultad de remitir oportunamente un formal pedido de
extensión de las causales de extradición destacando que la concesión
".. .recaería en beneficio del mismo interesado, al permitirle una
mejor defensa en el lugar tanto en el juicio de apelación cuanto en el
caso de un eventual recurso de casación" (conf. fs. 273 y 376/417 de
las mencionadas actuaciones).
3º) Que después de ser dictada la resolución de entrega, el juez
interviniente recibió la nota verbal Nº 676 del 18 de julio de 1994
mediante la cual la Embajada de Italia adjuntó una nueva solicitud en
sustitución de la anterior con el fin de obtener la extensión de las
causales de extradición y señaló, a pedido del Ministerio de Gracia y
Justicia de ese país, que el nuevo requerimiento se fundaba en el pase
a cosa juzgada ‑el 20 de septiembre de 1993‑ de la sentencia antes
mencionada del II Tribunal Civil y Penal de Milán, IV Sección Penal,
incluida ahora en la pena única impuesta a Nardelli de 10 años, 2
meses y 25 días, de acuerdo con la disposición Nº 2663/93 R.E. de
ejecución de penas concurrentes dictada el 23 de febrero de 1994 (fs.
241 y 249/254 de los autos principales).
4º) Que en esta instancia, la defensa presentó la memoria
correspondiente solicitando el rechazo del pedido de extradición (fs.
361/377) y el señor Procurador General, en ejercicio del control que
le compete del fiel cumplimiento de las leyes y reglas del
procedimiento pidió la confirmación de la entrega (fs. 379/389).
5º) Que en lo concerniente al desconocimiento del principio de doble
incriminación en que a juicio del recurrente habría incurrido el a
quo, cabe destacar que esa queja carece de fundamento suficiente, pues
no contiene una crítica concreta y razonada acerca de los motivos
tenidos en cuenta por el tribunal apelado para calificar los hechos
contenidos en el requerimiento como contemplados en los artículos 164
, 210 , 277 incisos 2º y 3º y 292 , párrafos 1º y 2º del Código Penal
(conf. considerando IV, apartado c in fine de la resolución de fs.
344/351).
6º) Que en la medida en que Nardelli no niega ser la persona cuya
extradición se solicita sino que sólo afirma que no se encontraba en
la República de Italia al tiempo de la comisión de los delitos
imputados, el agravio que introduce sobre esa base constituye una
defensa de fondo y como tal sólo puede discutirse ante los tribunales
del país requirente por vincularse con la determinación de su
responsabilidad (conf. Fallos: 49:22; 99:290; 113:364; 216:285 ;
232:577 ).
7º) Que en el sub lite no se advierte violación a la garantía del
debido proceso ya que el requerido pudo oponer ‑en lo que constituye
materia de agravio en la instancia‑ las defensas que hubiera tenido en
cuanto a la procedencia del requerimiento (conf. Fallos: 311:1925,
cons. 12).
En efecto, pese al desgaste jurisdiccional en que incurrieron los
jueces intervinientes en las instancias anteriores al escindir el
trámite sustanciado con motivo del pedido de extradición formulado por
la República de Italia, debe señalarse que al cumplirse en la causa
que corre por cuerda con la vista establecida por el artículo 656 del
Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑ obraban ya,
respecto de los hechos incluidos en la entrega aquí apelada, los
recaudos formales exigidos por el artículo 12, inciso c, del
respectivo tratado, sin que hayan merecido reparos por parte del
requerido (fs. 168/179 y 250/266 de esa causa). Por lo demás, la vista
dispuesta a fs. 26 de este trámite versó sobre esos mismos hechos y
ambos actos de defensa fueron valorados por el juez al resolver en
autos.
8º) Que a diferencia de las circunstancias fácticas que esta Corte
tuvo en cuenta para resolver en Fallos: 316:1812 , los antecedentes
aquí acompañados revelan que Nardelli no estuvo presente en el juicio
y que fue condenado in absentia.
Eso es lo que surge del acta del debate llevado a cabo el 9 de febrero
de 1992 ante el tribunal italiano, de la que se desprende que el
requerido se encontraba a esa fecha en situación de libero contumace
(conf. fs. 376/417 antes citadas en la causa Nº 17.554). Además, que
"son elementos peculiares los que presenta la posición de Nardelli,
que nunca ha sido interrogado sobre los hechos de los que se le acusa,
por ser contumaz" [latitante en el texto italiano] (conf. fs. 291),
que para Navidad de 1987 se habría trasladado a América del Sur con su
familia (conf. interrogatorio del coimputado Calopresti ante el juez
de instrucción en fecha 29 de noviembre de 1988 según referencias
recién citadas) y además que había anunciado un viaje a Canadá para
diciembre del mismo año (fs. 401 y 408/409).
9º) Que a ello cabe agregar que ya al momento de introducirse el
presente pedido de extradición la sentencia condenatoria había
adquirido carácter de irrevocable según surge de lo expuesto
precedentemente, y así lo hizo saber el país requirente al acompañar
la nota verbal Nº 676 antes citada, con lo que se introdujo en la
causa un hecho nuevo cuya consideración no puede ser obviada de
conformidad con la doctrina de Fallos: 217:340 .
10) Que con arreglo a pacífica y constante jurisprudencia de esta
Corte en materia de cooperación internacional a los fines de la
extradición, la entrega de condenados juzgados en contumacia en la
República de Italia fue admitida siempre y cuando los antecedentes con
que se acompañaban las respectivas solicitudes acreditaran que el
régimen procesal italiano autorizaba a los así condenados a ser
sometidos a un nuevo juicio con su presencia (Fallos: 53:84; 71:182;
75:20, 76 y 447; 82:99; 90:337 y 409; 99:290; 102:334; 106:39;
109:214; 110:412; 114:265, 271, 387 y 395; 120:123; 129:34; 148:328;
153:343; 157:116; 158:250; 164:330 y 429; 166:23; 174:325; 178:81;
181:51 ; 217:340 y P.52.XII, "Pellacani, Enzo Pablo s/ extradición
solicitada por autoridades italianas" del 13 de mayo de 1954 ‑Fallos:
228:640 ‑).
Así lo aceptó la República de Italia hasta el año 1930, oportunidad en
que reformó su sistema procesal penal y, como consecuencia de ello, el
procedimiento en rebeldía quedó sujeto a las mismas reglas que el
ordinario, al suprimirse para todos los casos los recursos especiales
que con anterioridad se consagraban en favor del condenado en esa
situación y, por ese motivo, imposibilitada la sustanciación de un
nuevo juicio con intervención personal del requerido (conf. Fallos:
217:340 ya citado, en especial página 346).
11) Que si bien este criterio jurisprudencial se adoptó por primera
vez en un caso regido por la reciprocidad y la práctica uniforme de
las naciones en el marco de lo prescripto por el art. 651, inciso 1º,
del Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑, luego fue
invariablemente aplicado a todos los supuestos alcanzados por el
Tratado de Extradición firmado con el país requirente y aprobado por
la ley 3035.
12) Que, en principio, corresponde señalar que esa práctica bilateral,
aceptada tanto por la República Argentina como por la de Italia,
autoriza a concluir en que el alcance que las partes han querido
asignarle al compromiso de entrega recíproca de condenados (artículo
31.3.b. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados)
excluye a quien ha sido condenado en contumacia a menos que se le
otorgue nuevo juicio en su presencia; máxime si se advierte que al
renegociarse ese tratado de extradición y sustituirse por el
actualmente vigente que rigió este trámite ‑aprobado por ley 23719 ‑
las partes contratantes no han plasmado su voluntad en sentido
contrario.
13) Que la interpretación constante de este Tribunal en el sentido de
que el tratado de extradición con Italia, al referirse al "condenado"
o "persona buscada para la ejecución de una pena", no contempla al
condenado in absentia en la medida en que en el país requirente no se
le ofrezcan garantías bastantes para un nuevo juicio en su presencia,
se ajusta a los principios de derecho público establecidos en la
Constitución Nacional (art. 27 ) que comprenden actualmente los
principios consagrados en los tratados de derechos humanos que gozan
de jerarquía constitucional (art. 75 , inciso 22).
14) Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece expresamente el derecho de toda persona acusada de un delito
a "hallarse presente en el proceso" (art. 14.3.d ). Por su parte la
Convención Americana de Derechos Humanos incluye entre las garantías
judiciales un principio aparentemente de menor exigencia, puesto que
según el art. 8.1. : "Toda persona tiene derecho a ser oída...". Sin
embargo, al resolver un caso que involucraba precisamente a Italia, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ("Colozza v. Italia" del 12 de
febrero de 1985, 7 E.H.R.R. 516), interpretó el artículo 6º del
Convenio Europeo para la Salvaguarda de Derechos y Libertades
Fundamentales, de igual redacción al artículo 8.1. del Pacto de San
José de Costa Rica, en el sentido de que el derecho de estar presente
en la audiencia ‑aunque no esté mencionado en términos expresos‑ es en
materia penal un elemento esencial del proceso justo, ya que en un
procedimiento penal el abogado defensor nunca sustituye totalmente al
acusado.
15) Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 4
de febrero de 1992, en el caso "Tajudeen", que no era violatoria del
Pacto de San José la entrega dispuesta por Costa Rica con motivo de un
pedido formulado por la República de Francia para el cumplimiento de
una condena dictada en ausencia del requerido. Para así concluir
valoró que el hecho de que la extradición se basara en una sentencia
dictada en rebeldía, no implicaba de por sí un atentado a las
garantías del debido proceso ya que el gobierno de Francia había
aceptado y se había comprometido a realizar un nuevo juicio en caso de
que el requerido hiciera oposición al anterior (Informe 2/92 caso
10.289 Costa Rica, del 4 de febrero de 1992, publicado en Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991, págs.
77/84, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos,
Washington D.C., 1992).
16) Que ninguna constancia de este trámite permite dar por satisfechas
las condiciones exigidas por la jurisprudencia de esta Corte. En
efecto, de los antecedentes que se acompañaron no resulta que Nardelli
haya tenido la efectiva posibilidad de ejercer su derecho a ser oído
en tiempo y forma oportunos, puesto que se ha inferido su conocimiento
del proceso de su condición de "latitante". Sin embargo, consta que
para diciembre de 1988 el requerido no podía ser encontrado en el país
requirente, lo cual motivó que en 1991 se hiciera extensiva su
búsqueda en el plano internacional, y no se han presentado otras
constancias que demuestren de qué manera Pietro Antonio Nardelli pudo
haber tenido conocimiento de los cargos en su contra para poder
ejercer su derecho a ser oído. Por lo demás, ni la República de Italia
ni el señor Procurador General han demostrado o alegado que el régimen
procesal que ha de aplicarse a Nardelli en el supuesto de ser
entregado, se ajuste ‑por vía legal o jurisprudencial‑ a la condición
de sometimiento a un nuevo juicio con garantías de ejercer su defensa,
con el alcance que surge de la práctica bilateral de ambos estados.
17) Que lo expuesto conduce a que este Tribunal mantenga su línea
jurisprudencial, ya que el orden público internacional argentino,
enriquecido a la luz de los principios contenidos en los tratados de
derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, continúa
reaccionando frente a una condena criminal extranjera dictada in
absentia cuando, como en el sub examine, resulta que el requerido no
gozó de la posibilidad de tener efectivo conocimiento del proceso en
su contra en forma oportuna a fin de poder ejercer su derecho a estar
presente y ser oído.
18) Que la solución adoptada, lejos de atentar contra el principio de
colaboración entre estados que es el criterio rector en los trámites
de extradición, lo reafirma ya que la realización de los altos fines
de la justicia penal instituida en todos los países civilizados para
garantía de sus habitantes se vería frustrada si el Tribunal acudiera
a razones extralegales como son las atinentes a la conveniencia
universal del enjuiciamiento y castigo de todos los delitos, para
apartarse de su inveterada jurisprudencia consagrada en salvaguarda
del derecho humano a la defensa en juicio.
Por lo expuesto y habiendo dictaminado el señor Procurador General, el
Tribunal resuelve: Modificar parcialmente la resolución de fs. 344/351
y condicionar la decisión de entrega a que el país requirente ofrezca
garantías suficientes de que el requerido será sometido a nuevo juicio
en su presencia, a cuyo fin deberá hacerse saber a la República de
Italia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 13 del acuerdo de
voluntades aprobado por ley 23719, que de subsistir su interés en la
entrega acompañe en el plazo de 45 días información complementaria que
ajuste el pedido a la condición impuesta. Así también para que en
igual plazo y de mantener los términos de la nota verbal Nº 676 del 18
de julio de 1994, mediante la cual extendió las causales de
extradición a la ejecución de la orden de penas concurrentes Nº
2663/93 R.E. de la Fiscalía de la República ante el Tribunal Ordinario
de Milán (fs. 241), agregue los documentos justificativos de ese nuevo
pedido con respecto a cada una de las restantes condenas que allí
concurren a los efectos de que se imprima el trámite de ley como fue
resuelto en el punto dispositivo V de la resolución de fs. 344/351.
Notifíquese y devuélvase para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el párrafo anterior y se prosiga con el trámite de la causa según lo
aquí resuelto, con la observación de que los jueces intervinientes
deberán evitar postergaciones que dilaten sin término la decisión
relativa al caso controvertido.
CARLOS S. FAYT (por su voto) ‑ AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO ‑ ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI (por su voto) ‑ ANTONIO BOGGIANO ‑ GUILLERMO A. F.
LÓPEZ ‑ GUSTAVO A. BOSSERT (según su voto) ‑ ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ.
VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI Y DON GUSTAVO A. BOSSERT
Considerando:
1º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal concedió el recurso ordinario de apelación
interpuesto por Pietro Antonio Nardelli contra la sentencia que, al
confirmar la dictada en la instancia anterior, hizo lugar a la
extradición del nombrado solicitada por la República de Italia
mediante nota verbal Nº 992 del 30 de septiembre de 1993 (fs. 239/240
del expediente Nº 17.554 que corre por cuerda). Tal decisión se adoptó
con fundamento en la orden de captura Nº 763/88 R.G. librada el 22 de
diciembre de 1988 por el juez instructor de Milán por la comisión de
hechos delictivos consumados entre el 6 de noviembre de 1987 y el 25
de enero de 1988 y calificados como asociación para delinquir con la
finalidad de recepción y hurto de automóviles, supresión y
falsificación de las relativas placas y de los documentos de
circulación y falsificación de actas públicas (fs. 139/142 del
mencionado expediente).
2º) Que durante la sustanciación del trámite el país requirente
presentó, el 5 de noviembre de 1993, la nota verbal Nº 1092,
acompañando como "documentación adjuntiva" al pedido de extradición la
condena a cuatro años y seis meses de reclusión dictada en ese proceso
contra Nardelli por el II Tribunal Civil y Penal de Milán, IV Sección
Penal, el 9 de febrero de 1992. En esa misma oportunidad hizo saber
que el nombrado había apelado ‑sin aclarar si lo había hecho
personalmente o por intermedio de su abogado de confianza o su
defensor oficial‑ ante la cámara penal de la citada ciudad y que se
reservaba la facultad de remitir oportunamente un formal pedido de
extensión de las causales de extradición, destacando que la concesión
"...recaería en beneficio del mismo interesado, al permitirle una
mejor defensa en el lugar tanto en el juicio de apelación cuanto en el
caso de un eventual recurso de casación" (confr. fs. 273 y 376/417 de
las mencionadas actuaciones).
3º) Que, luego de dictada la resolución de entrega, el juez
interviniente recibió la nota verbal Nº 676, del 18 de julio de 1994,
mediante la cual la Embajada de Italia adjuntó una nueva solicitud en
sustitución de la anterior con el fin de obtener la extensión de las
causales de extradición y señaló, a pedido del Ministerio de Gracia y
Justicia de ese país, que el nuevo requerimiento se fundaba en el pase
a cosa juzgada ‑el 20 de septiembre de 1993‑ de la sentencia antes
mencionada del II Tribunal Civil y Penal de Milán, IV Sección Penal,
incluida ahora en la pena única impuesta a Nardelli de 10 años, 2
meses y 25 días, de acuerdo con la disposición Nº 2663/93 R.E. de
ejecución de penas concurrentes dictada el 23 de febrero de 1994 (fs.
241 y 249/254 de los autos principales).
4º) Que, en esta instancia, la defensa presentó la memoria
correspondiente solicitando el rechazo del pedido de extradición (fs.
361/377) y el señor Procurador General, en ejercicio del control que
le compete del fiel cumplimiento de las leyes y reglas del
procedimiento, pidió la confirmación de la entrega (fs. 379/389).
5º) Que en lo concerniente al desconocimiento del principio de doble
incriminación en que a juicio del recurrente habría incurrido el a
quo, cabe destacar que esa queja carece de fundamento suficiente, pues
no contiene una crítica concreta y razonada acerca de los motivos
tenidos en cuenta por el tribunal apelado para calificar los hechos
contenidos en el requerimiento como aquéllos contemplados en los
artículos 164 , 210 , 277 incisos 2º y 3º y 292 , párrafos 1º y 2º del
Código Penal (confr. considerando IV, apartado c, in fine de la
resolución de fs. 344/351).
6º) Que en la medida en que Nardelli no niega ser la persona cuya
extradición se solicita sino que sólo afirma que no se encontraba en
la República de Italia al tiempo de la comisión de los delitos
imputados, el agravio que introduce sobre esa base constituye una
defensa de fondo y como tal sólo puede discutirse ante los tribunales
del país requirente por vincularse con la determinación de su
responsabilidad (confr. Fallos: 49:22; 99:290; 113:364; 216:285 ;
232:577 ).
7º) Que en el sub lite no se advierte violación a la garantía del
debido proceso ya que el requerido pudo oponer, en lo que constituye
materia de agravio en la instancia, las defensas que hubiera tenido en
cuanto a la procedencia del requerimiento (confr. Fallos: 311:1925,
cons. 12).
En efecto, pese al desgaste jurisdiccional en que incurrieron los
jueces intervinientes en las instancias anteriores, al escindir el
trámite sustanciado con motivo del pedido de extradición formulado por
la República de Italia, debe señalarse que al cumplirse en la causa
‑que corre por cuerda‑ con la vista establecida por el artículo 656
del Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑ obraban ya,
respecto de los hechos incluidos en la entrega aquí apelada, los
recaudos formales exigidos por el artículo 12, inciso c del respectivo
tratado, sin que hayan merecido reparos por parte del requerido (fs.
168/179 y 250/266 de esa causa). Por lo demás, la vista dispuesta a
fs. 26 de este trámite versó sobre esos mismos hechos y ambos actos de
defensa fueron valorados por el juez al resolver en autos.
8º) Que a diferencia de las circunstancias fácticas que esta Corte
tuvo en cuenta para resolver en Fallos: 316:1812 , los antecedentes
aquí acompañados revelan que Nardelli no estuvo presente en el juicio
y que fue condenado in absentia.
Tal lo que surge del acta del debate llevado a cabo el 9 de febrero de
1992 ante el tribunal italiano, de la que se desprende que el
requerido se encontraba a esa fecha en situación de libero contumace
(confr. fs. 376/417 antes citadas de la causa Nº 17.554). Además, que
"son elementos peculiares los que presenta la posición de Nardelli,
que nunca ha sido interrogado sobre los hechos de los que se le acusa,
por ser contumaz" [latitante en el texto italiano] (confr. fs. 291) y
que para Navidad de 1987 se habría trasladado a América del Sur con su
familia (confr. interrogatorio del coimputado Calopresti ante el juez
de instrucción en fecha 29 de noviembre de 1988 según referencias
recién citadas) y además que había anunciado un viaje a Canadá para
diciembre del mismo año (fs. 401 y 408/409).
9º) Que a ello cabe agregar que ya al momento de introducirse el
presente pedido de extradición la sentencia condenatoria había
adquirido carácter de irrevocable, según surge de lo expuesto
precedentemente y así lo hizo saber el país requirente al acompañar la
nota verbal Nº 676 antes citada, con lo que se introdujo en la causa
un hecho nuevo cuya consideración no puede ser obviada de conformidad
con la doctrina de Fallos: 217:340 .
10) Que con arreglo a pacífica y constante jurisprudencia de esta
Corte en materia de cooperación internacional a los fines de la
extradición, la entrega de condenados juzgados en contumacia en la
República de Italia fue admitida siempre y cuando los antecedentes con
que se acompañaban las respectivas solicitudes acreditaran que el
régimen procesal italiano autorizaba a los así condenados a ser
sometidos a un nuevo juicio con su presencia (Fallos: 53:84; 71:182;
75:20, 76 y 447; 82:99; 90:337 y 409; 99:290; 102:334; 106:39;
109:214; 110:412; 114:265, 271, 387 y 395; 120:123; 129:34; 148:328;
153:343; 157:116; 158:250; 164:330 y 429; 166:23; 174:325; 178:81;
181:51 ; 217:340 y P.52.XII. "Pellacani, Enzo Pablo s/ extradición
solicitada por autoridades italianas" del 13 de mayo de 1954 ‑Fallos:
228:640 ‑).
Así lo aceptó la República de Italia hasta el año 1930, oportunidad en
que reformó su sistema procesal penal y como consecuencia de ello el
procedimiento en rebeldía quedó sujeto a las mismas reglas que el
ordinario, al suprimirse para todos los casos los recursos especiales
que con anterioridad se consagraban en favor del condenado en esa
situación y, por ese motivo, imposibilitada la sustanciación de un
nuevo juicio con intervención personal del requerido (confr. Fallos:
217:340 ya citado, en especial página 346).
11) Que si bien este criterio jurisprudencial se adoptó por primera
vez en un caso regido por la reciprocidad y la práctica uniforme de
las naciones en el marco de lo prescripto por el artículo 651, inciso
1º, del Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑, luego
fue invariablemente aplicado a todos los supuestos alcanzados por el
Tratado de Extradición firmado con el país requirente y aprobado por
la ley 3035.
12) Que, en principio, corresponde señalar que esa práctica bilateral,
aceptada tanto por la República Argentina como por la de Italia,
autoriza a concluir que el alcance que las partes han querido asignar
al compromiso de entrega recíproca de condenados (artículo 31.3.b. de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) excluye a
quien ha sido condenado en contumacia, a menos que se le otorgue nuevo
juicio en su presencia; máxime si se advierte que al renegociarse ese
tratado de extradición y sustituirse por el actualmente vigente que
rigió este trámite ‑aprobado por ley 23719 ‑ las partes contratantes
no han plasmado su voluntad en sentido contrario.
13) Que este criterio coincide con las normas y principios de derecho
penal internacional que rigen a la República Argentina en sus
relaciones con los otros países (doctrina de Fallos: 145:402) de
acuerdo a las previsiones contenidas en los tratados de extradición
vigentes con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (artículo 8º
in fine, ley 3043); con la República Federativa del Brasil (artículo
II , párrafo único, ley 17272) y, más recientemente, los firmados con
el Reino de España (artículo 12 de la ley 23708) y Australia (artículo
6º de la ley 23729). A ello cabe añadir que igual temperamento fue
adoptado por esta Corte Suprema frente a pedidos de extradición
formulados ‑en similares supuestos al de autos‑ por la República de
Francia (Fallos: 167:50) y por la República Federativa del Brasil
(Fallos: 291:154 ).
14) Que el fundamento de la condición a "nuevo juicio" en tales
hipótesis reconoció como base el derecho del acusado a ser juzgado en
su presencia como integrante de la garantía del debido proceso
consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Así en
Fallos: 51:205 esta Corte sostuvo que no puede aplicarse ninguna pena
sin previa audiencia del interesado y más tarde reafirmó ese concepto
al expresar que media violación del derecho de defensa en juicio
cuando se priva al imputado de una personal intervención, con lo cual
se comprometen principios que interesan al orden público de la Nación
(Fallos: 158:250; 167:50; 217:340 y 291:154 antes citados).
Consecuencia de ello es que al reglamentar esa garantía en la ley
procesal el legislador no ha admitido la sustanciación del juicio
penal en rebeldía tanto sea en el orden nacional (artículos 288 a 292
del Código Procesal Penal de la Nación ‑ley 23984‑. En igual sentido
artículos 148 a 154 del código anterior ‑ley 2372‑) como en el
provincial.
15) Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
incorporado a nuestra Ley Fundamental (artículo 75 , inciso 22),
establece expresamente el derecho de toda persona acusada de un delito
a "hallarse presente en el proceso" (artículo 14.3.d. ), y si bien la
Convención Americana de Derechos Humanos, no regula explícitamente el
punto, al limitarse en su artículo 8º , primera parte, a señalar que
"toda persona tiene derecho a ser oída...", el silencio del pacto no
obsta a que ‑como lo hizo en varias ocasiones la Corte Interamericana
de Derechos Humanos‑ se acuda a la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos para determinar la inteligencia de la citada
garantía.
En ese sentido este último organismo, a partir del caso Colozza v.
Italia del 12 de febrero de 1985 (7 European Human Rights Report ‑en
adelante: E.H.R.R.‑ 516), al interpretar el alcance de las garantías
del proceso penal contenidas en el párrafo primero del artículo 6º del
Convenio Europeo para la Salvaguarda de Derechos y Libertades
Fundamentales ‑de similar redacción a la del artículo 8.1 del Pacto de
San José de Costa Rica‑, consideró que aunque la facultad para el
acusado de tomar parte en la audiencia no esté mencionada en términos
expresos, su reconocimiento se desprende del objeto y fin de las
garantías del debido proceso ya que ellas no se conciben sin su
presencia (apartado 27).
Cabe destacar que en el dictamen de la Comisión Europea de Derechos
Humanos, emitido en el precedente antes citado, se afirmó que el
derecho de estar presente en la audiencia es, singularmente en materia
penal, un elemento esencial de la noción de proceso justo, ya que en
un procedimiento penal el abogado defensor nunca sustituye totalmente
al acusado. La asistencia a un acusado no se concibe, en efecto, sin
una posibilidad de contactos entre el acusado y el abogado defensor. A
lo que se agregó que las circunstancias de la comisión de la
infracción y el contenido de los testimonios, así como también la
personalidad del acusado, revisten una importancia decisiva en
relación con la apreciación de la culpabilidad y su grado, cuando,
singularmente, lo que está en juego viene determinado por la
eventualidad de que el tribunal pueda infligir graves penas privativas
de la libertad (párrafo 116).
16) Que, en tales condiciones, la interpretación de que el tratado de
extradición con Italia, al referirse al "condenado" o "persona buscada
para la ejecución de una pena", no contempla al condenado in absentia
en la medida en que no se le garantice un nuevo juicio en su
presencia, se ajusta a los principios de derecho público establecidos
en la Constitución Nacional (artículo 27 ) y a lo preceptuado por el
artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, si se entiende que ese precepto alcanza la nulidad de un
tratado celebrado por un país en violación manifiesta a una norma de
importancia fundamental de su derecho interno.
17) Que la cláusula de "orden público" fue así adoptada por esta Corte
Suprema como modalidad para proteger los derechos humanos en trámites
de extradición, tal como era de práctica a fines del siglo pasado
según señala Pascuale Fiore ("Tratado de Derecho Penal Internacional y
de la Extradición", págs. 333/334, Imprenta de la Revista de
Legislación, Madrid, 1880). Y ello fue así porque de acuerdo con el
sistema de organización constitucional y legal argentino, a diferencia
de otros regímenes, los jueces no tienen la posibilidad de indagar
acerca de la culpabilidad del requerido y su decisión es "final" sin
que de ella pueda apartarse el Poder Ejecutivo (artículos 655, inciso
2º y 659 del Código de Procedimientos en Materia Penal ‑ley 2372‑).
18) Que la inteligencia asignada al tratado como excluyente del
condenado in absentia a menos que se le garantice un nuevo juicio
tampoco puede válidamente objetarse a la luz de lo prescripto por el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, desde que no se opone a una norma imperativa de derecho
internacional general (jus cogens) que imponga la obligación de
extraditar en supuestos como el de autos.
19) Que, sobre el punto, el estado actual del desarrollo progresivo de
la materia en el ámbito internacional obliga o, en su caso, faculta a
los estados a denegar la entrega en hipótesis de condenas dictadas en
rebeldía del requerido si la parte requirente no diese la seguridad
del derecho a un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de defensa
(confr. artículo 30 del Tratado de Derecho Internacional de Montevideo
de 1940; artículo 3º del Título III del Segundo Protocolo Adjunto al
Convenio Europeo de Extradición y artículo 3º, apartados "f" y "g",
del Tratado Modelo de Extradición aprobado por el Octavo Congreso
sobre el Delito organizado por Naciones Unidas y celebrado en La
Habana entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990).
Asimismo, el Convenio Europeo en lo atinente a la validez
internacional de condenas penales (European Treaty Series, Nº 70)
prevé la posibilidad de que el condenado in absentia ‑quien no estuvo
presente en la audiencia‑ deduzca una "oposición" que habilite un
nuevo juicio en el estado requerido o requirente (artículos 21 a 30).
20) Que un examen del tratamiento de la cuestión en el derecho
comparado también permite concluir, en principio, en que similar
solución a la adoptada por la jurisprudencia de esta Corte Suprema ha
sido consagrada por diversos estados en salvaguarda de los derechos
humanos del sujeto requerido en trámites de extradición, de acuerdo al
sistema de organización constitucional vigente en cada uno de ellos y
al régimen establecido por su legislación interna en materia de
colaboración internacional.
Algunos países han incorporado cláusulas específicas regulativas de
las condenas in absentia ya sea en sus compromisos de colaboración
internacional con otros estados o a nivel nacional en sus respectivos
regímenes de extradición y/o colaboración internacional. Otros han
abordado el tema desde perspectivas legislativas más amplias, al
sujetar o prohibir la entrega a la circunstancia de que el proceso
principal se ajustase a los criterios vigentes en materia de derechos
humanos, de acuerdo a los instrumentos de tutela supranacionales y al
alcance que a ellos le asignen los órganos creados en ese ámbito para
su interpretación y aplicación. Otros estados, por vía jurisprudencial
o legal, lo han tratado por remisión a los principios que integran el
orden público interno cuyo contenido es, en algunos casos, comprensivo
de los principios constitutivos del orden público internacional y, en
otros, paralelo a él. Por último, en aquellas naciones que poseen
sistemas mixtos, la decisión de entrega queda deferida a las
autoridades políticas las que resuelven según criterios que, en
materia de condenas in absentia, contemplan la salvaguarda de los
derechos humanos del requerido.
21) Que dentro de los estados que han adoptado el sistema del common
law, la práctica es la de concebir que el concepto de condena in
absentia no puede incluir el supuesto en que la ausencia proviene de
una conducta del acusado que voluntariamente renuncia al derecho de
estar presente en el juicio.
En el precedente inglés in re: Coppin (1866) (ALR 2 Ch App 47) se
resolvió que una sentencia pasada en ausencia no debe ser estimada
como una condena, pero una persona así requerida puede ser tratada
como acusada en la medida en que sea admisible su sometimiento a nuevo
juicio inmediatamente después de extraditada. En el caso de condenas
in absentia que no admiten esta última posibilidad, se consideró que
concierne al secretario de Estado ‑en ejercicio de facultades propias‑
evaluar si autoriza o no la extradición en estas condiciones (confr.
precedentes Regina v. Governor of Brixton Prison; Ex parte
Caborn‑Waterfield [1960] 2 QB 498, Athanassiadis v. Government of
Greece [1971] AC 282 (en 295), Royal Government of Greece v. Governor
of Brixton Prison [1971] AC 250, Atkinson v. United States of America
Government [1971] AC 197 y R v. Governor of Pentonville Prison; Ex
parte Zezza [1983] 1 AC 46).
El Acta de Extradición inglesa de 1870 (sección 26) recogió este
criterio que, mantenido en la actual de 1989, consagra como pauta de
interpretación de ese cuerpo legal que una "condena" o "condenado" no
incluye a una condena que, conforme a la ley extranjera, sea una
condena en contumacia; pero, la expresión "persona acusada" incluye a
la persona condenada en contumacia (Schedule I, c.20). Y respecto de
condenas in absentia finales, permite denegar el pedido si la
autoridad competente considera que no será en interés de la justicia
hacer lugar a la entrega (artículo 6.2).
Las consecuencias que genera esta distinción entre condenas finales y
no finales, que termina por favorecer a aquél a quien el sistema
jurídico del estado requirente impone obligatoriamente una nueva
audiencia penal en su presencia, han sido morigeradas. Así, por
ejemplo, en Australia, cuyos tribunales asignaron un alcance amplio a
la cláusula de su derecho interno ‑el art. 4.3. del Acta de
Extradición de 1966‑ al hacer extensiva la situación procesal del
condenado in absentia (sea o no final la sentencia) a la del imputado
al solo efecto del trámite de extradición. Este criterio fue
legislativamente consagrado en la Extradition (Foreign States)
Amendment Bill de 1985 (confr. evolución de la cuestión en el
pronunciamiento de la Corte Federal de Australia Weist v. Director of
Public Prosecutions and Others ‑1988‑ 86 ALR 464).
22) Que análoga práctica adoptan los Estados Unidos de Norteamérica.
En estos casos, si de los antecedentes surge "causa probable" de que
el hecho fue cometido por el acusado, se lo entrega en tal carácter
para que sea juzgado de novo. Si la persona estuvo presente y huyó
antes de que los procedimientos concluyesen, una consiguiente condena
no es generalmente reconocida como in absentia y, entonces, puede ser
entregada como condenada.
El tratado de extradición vigente entre ese país y la República de
Italia establece que "si la persona requerida fue condenada en
ausencia o en contumacia, todas las cuestiones relativas a este
aspecto del pedido serán decididas por el Poder Ejecutivo de los
Estados Unidos de Norteamérica o las autoridades competentes de
Italia. En este caso, el Estado requirente acompañará la documentación
necesaria tanto para acusados como para condenados y una declaración
concerniente a los procedimientos, si los hubiere, que estén al
alcance de la persona requerida en caso de que fuera extraditada"
(artículo 10.5.).
En el informe presentado ante el Senado norteamericano para la
aprobación del tratado, el miembro informante del Comité de Relaciones
Exteriores explicó que el artículo contempla la condena in absentia
(quien nunca compareció en conexión con el procedimiento) o en
contumacia (habiendo comparecido, voluntariamente se ausentó con
posterioridad). Aclaró que ha sido la política del Secretario de
Estado permitir la extradición en estos casos sólo cuando la persona
requerida tenga o haya tenido la oportunidad de ser oída sobre los
cargos en su contra en el estado requirente o a sabiendas no haya
tomado ventaja de esta posibilidad (confr. Kavass and Sprudzs,
"Extradition Laws and Treaties‑United States", Tomo I).
23) Que en el Acta de Extradición de los Países Bajos de 1967, si bien
dictada en un contexto histórico en que las limitaciones a la
extradición no eran a la sazón aceptadas como lo son en la actualidad,
ya se preveía en su artículo 5º, parágrafo 3º, la negativa de la
extradición con el propósito de ejecutar una condena in absentia, si
la persona requerida no había estado en condiciones de estar presente
en el juicio ni hubiese tenido la oportunidad de tener el caso
reeditado en su presencia.
24) Que en el Reino de España, la Ley de Extradición Pasiva 4/1985
prevé que si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada
en rebeldía del reclamado, en la que éste haya sido condenado a pena
que con arreglo a la legislación española no puede ser impuesta a
quien no haya estado presente en el juicio oral, se concederá la
extradición condicionándola a que el país requirente, en el plazo que
se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será
sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente
defendido (artículo 2º, párrafo 3º).
25) Que entre los países que, al resolver en trámites de extradición,
remiten a los criterios vigentes en el derecho internacional de los
derechos humanos, se encuentra la República de Portugal cuya Acta de
Extradición (artículo 3º, parágrafo 1º), así como sus reservas a la
Convención Europea de Extradición (artículo 1.b de la reserva
portuguesa del 12 de febrero de 1990), prohíbe la entrega si el juicio
no cumple con los principios y garantías internacionalmente aceptados
por la Convención Europea de Derechos Humanos.
En igual sentido se pronuncia la Loi fédérale sur l'entraide
internationale en matiére pénale de Suiza (artículo 2.a.) y la Ley de
Extradición y Mutua Asistencia austríaca (Sección 19, números 1 y 2 y
Sección 51, número 1) (confr. Revue Internationale de Droit Pénal de
la Association Internationale de Droit Pénal, 65a. année, 1 y 2
trimestre de 1994, páginas 109/114, 151/156, 409/426 y 447/475,
Editions Éres, France, 1994).
26) Que asimismo el Código de Procedimientos Penal italiano, con las
reformas introducidas en el año 1988, admite limitaciones a la
extradición fundadas en la "violación de uno de los derechos
fundamentales de la persona", según surge de sus artículos 698,
párrafo 1 in fine y 705.
Con anterioridad a esa reforma, en el año 1988, la Corte de Casación
italiana admitió, al resolver el caso Drivas, a raíz del pedido de
extradición formulado por el Reino de Grecia de un condenado en
contumacia, que un título ejecutivo de condena puede ser examinado en
el marco del Segundo Protocolo Adicional a la Convención Europea de
Extradición a los fines de determinar si "il procedimento del giudizio
reso in contumacia si sio svolto in violazione dei 'diritti minimi
della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di una
infrazione'", entendidos estos "diritti minimi" como los contenidos en
la Resolución Nº 11 del año 1975 del Consejo de Europa sobre los
criterios a seguir en caso de ausencia del requerido (confr. Revue
Internationale... antes citada, págs. 567/568 y texto del fallo con
comentario de Giuseppe Di Chiara Note minime in tema di estradizione
passiva: verso un nuovo indirizzo giurisprudenziale en 28 Cassazione
Penale II ‑1988‑ págs. 1882/1887).
En este contexto, entre los compromisos bilaterales asumidos por el
estado requirente, regulativos del criterio a seguir en materia de
pedidos de extradición vinculados a condenas en ausencia, existen
cláusulas que requieren un nuevo procedimiento contradictorio o que no
admiten que la extradición pueda fundarse en una sentencia in
contumacia, de acuerdo con lo estipulado por el primer tratado de
extradición entre Gran Bretaña e Italia celebrado el 5 de febrero de
1873 que preveía en su artículo 9º que "El juicio por contumacia no
puede, por sí solo, servir de fundamento a una demanda de extradición"
(confr. Marchetti, María Riccarda "L'Estradizione: Profili Processuali
de Principio di Specialitá", páginas 156/160, Casa Editrice Dott.
Antonio Milani, Padova, 1990).
27) Que la República de Francia elaboró jurisprudencialmente la
excepción para preservar los derechos humanos en decisiones de
extradición, a partir de considerar que el Convenio Europeo de
Salvaguarda de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales
integraba el orden jurídico interno y que, en consecuencia, la
violación de un derecho allí reconocido con motivo de la entrega
dispuesta por el gobierno francés sería contraría "a l'ordre public
francais" (confr. Conseil d'Etat, 27 février 1987, Arrêt Fidan en
Recueil Dalloz Sirey, 1987, Nº 21, 28 de mayo de 1987, págs. 305/310).
En ese precedente, el Consejo de Estado hizo referencia a que, con
apoyo en la regla de orden público, se habían denegado extradiciones
por considerarse contrario a la defensa en juicio el hecho de que el
reclamado hubiese sido condenado par défaut y su causa no pudiera ser
reeditada. Asimismo, subrayó que frente a las divergencias que
existían sobre el punto entre las cortes de apelación francesas, la
práctica de su gobierno había sido la de denegar la extradición en
estos casos por considerarla contraria al orden público francés,
conforme lo resuelto en el caso Pétalas, en que el nombrado había sido
condenado en Grecia par défaut y la condena era irrevocable, a pesar
de que había una decisión favorable de la Corte de Apelaciones de
París.
28) Que en la República Federal de Alemania el Tribunal Constitucional
sostuvo que si bien las cortes alemanas básicamente no están
habilitadas para examinar la legalidad de la condena criminal
extranjera para cuya ejecución se requiere al extradido, ello no las
veda del análisis acerca de si la extradición y los actos que le dan
sustento son compatibles con el artículo 25 de la Constitución Alemana
que impone la observancia de los estándares mínimos vinculantes del
derecho internacional ‑"die völkerrechtlich verbindlichen
Mindeststandards"‑ como así también con el parágrafo 73 del Estatuto
Alemán sobre Asistencia Legal Internacional en Materia Criminal, del
23 de diciembre de 1982 ‑Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in
Strafsachen‑ que prohíbe la asistencia en asuntos criminales si con
ella se violentan los principios esenciales del orden público alemán.
Sobre el particular, expresó ese máximo tribunal judicial extranjero
que las bases esenciales sobre las que se asientan tanto el orden
público alemán como los mínimos principios bajo la ley pública
internacional (BVerfGE 59, 280, 283 s.s.), incluyen la garantía de ser
oído ya que una persona no puede ser mero objeto de los procedimientos
estatales conducidos contra él y su dignidad humana sería violada por
semejante acción estatal (BVerfGE 7, 53, 57‑58; BVerfGE 9, 89, 95;
BVerfGE 39, 156, 168; BVerfGE 46, 202, 210; BVerfGE 55, 1, 5‑6). Y
que, particularmente en los procedimientos criminales, que pueden
conducir a las interferencias más severas en la libertad personal del
individuo, es aplicable el precepto según el cual un acusado, dentro
del marco de reglas de procedimiento apropiadas, debe tener la
posibilidad de poder efectivamente influir en los procedimientos, de
comentar personalmente respecto de la acusación dirigida en su contra,
de presentar circunstancias exculpantes y de obtener una revisión que
comprenda todos estos aspectos (confr. BVerfGE 41, 246, 249; BVerfGE
46, 202, 210; BVerfGE 54, 100, 116).
Por todo ello este Tribunal concluyó en que la extradición para
ejecutar una condena criminal extranjera dictada en ausencia origina,
por aplicación de estos principios, reservas constitucionales cuando
el requerido no fue informado del hecho de que el juicio iba a
sustanciarse ni fue provisto con una efectiva oportunidad de obtener
una nueva audiencia luego de tomar conocimiento de estas
circunstancias para defenderse efectivamente (confr. texto de las
sentencias en Neue Juristische Wochenschrift 35. Jahrgang 1982, 1214 y
36. Jahrgang 1983, 1726, respectivamente. Asimismo, Oehler, Dietrich
"Internationales Strafrecht", págs. 465 y 591/592, Ed. Carl Heymanns
Verlag KG, Köhln, 1983; Lagodny, Otto en "Die Rechtsstellung des
Auszuliefernden in der Bundesrepublik Deutschland", página 245 y sus
citas, Freiburg in Breisgau, 1987 y Harmen G. van der Wilt Apres
Soering: The relationship between extradition and human rights in the
legal practice of Germany, the Netherlands and the United States en
Netherlands International Law Review, XLII, páginas 53‑80, 1995).
A ello cabe agregar, que los tratados celebrados por ese país en la
materia contienen cláusulas opcionales en el sentido de que frente a
condenas in absentia la extradición sólo deviene obligatoria si el
estado requirente garantiza un nuevo juicio sobre los puntos de hecho
y de derecho (confr. Theo Vogler, The Protection of Human Rights in
International Cooperation in Criminal Proceedings en Revue
Internationale... antes citada, págs. 311/334).
29) Que los órganos instituidos en el ámbito internacional con
competencia para la aplicación e interpretación de los instrumentos
internacionales que regulan los derechos humanos y cuya jurisprudencia
debe servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales (confr. Fallos: 318:514 , cons. 11), han examinado la
cuestión referente a la tensión que se produce, para los estados
miembros de la comunidad internacional, entre las obligaciones para
ellos emergentes de los tratados sobre derechos humanos y los demás
compromisos jurídicos asumidos, incluidos los previstos en materia de
extradición.
Así, se ha sostenido que un estado parte de un pacto de derechos
humanos tiene la obligación de asegurar que cumple sus demás
compromisos jurídicos de una forma compatible con ese pacto y que, en
consecuencia, su responsabilidad internacional podría verse
comprometida si la decisión de entrega sometiera al sujeto requerido
al sufrimiento o al riesgo de sufrir, en el proceso penal extranjero,
una flagrante denegación de justicia o un riesgo efectivo
(consecuencia necesaria y previsible) de que sus derechos humanos
fundamentales sean violados en jurisdicción del país requirente
(confr. decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los
casos Soering el 7 de julio de 1989 ‑E.H.R.R. Serie A, v.161‑ y Drozd
and Janowsek v. France and Spain el 26 de junio de 1992 ‑14 E.H.R.R.
745, Serie A Nº 240‑ y observaciones formuladas por el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Comunicación Nº 486/1992
caso Kindler, C. contra el Canadá, el 29 de julio de 1992 y en la
Comunicación Nº 469/1991, Charles Chitat Ng c. el Canadá el 5 de
noviembre de 1993).
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
resolvió, el 4 de febrero de 1992, en el caso Tajudeen, que no era
violatoria del Pacto de San José de Costa Rica la entrega dispuesta
por ese estado con motivo de un pedido formulado por la República de
Francia para el cumplimiento de una condena dictada en ausencia del
requerido. Para ello valoró que el hecho de que la extradición se
basara en una sentencia dictada en rebeldía, en un país no miembro de
la Organización de los Estados Americanos, no implicaba de por sí un
atentado a las garantías del debido proceso ya que el gobierno de
Francia había aceptado y se había comprometido a realizar un nuevo
juicio en caso de que el requerido hiciera oposición al anterior
(Informe Nº 2/92 Caso 10.289 Costa Rica, del 4 de febrero de 1992,
publicado en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 1991, páginas 77/84, Secretaría General, Organización de los
Estados Americanos, Washington D.C., 1992).
30) Que establecido el alcance del compromiso bilateral asumido por
las partes contratantes, como excluyente del condenado en ausencia
cuando el país requirente no ofrezca garantías bastantes para un nuevo
juicio, y luego de haber examinado el estado de la cuestión en el
marco del derecho internacional, corresponde considerar las
circunstancias de hecho que concurren en autos a la luz de los
principios antes expuestos.
31) Que, en tal sentido, los antecedentes que se acompañaron a este
trámite se revelan insuficientes para considerar cumplida la condición
a nuevo juicio exigida por la jurisprudencia del Tribunal, ya que ni
la República de Italia, ni el señor Procurador General, han demostrado
o alegado que el régimen procesal aplicable a Nardelli se ajuste ‑por
vía legal o jurisprudencial‑ a esa condición, con el alcance que surge
de la práctica bilateral de ambos estados.
32) Que, por lo demás, tampoco se desprende de esos instrumentos que
Nardelli haya tenido la efectiva posibilidad de ejercer su derecho a
ser oído en tiempo y forma oportunos, toda vez que los documentos
agregados sólo permiten conocer que de su condición de latitante ‑tal
como quedó reseñado en el considerando 8º‑ se infirió su conocimiento
del proceso en su contra.
Sin embargo, esa simple presunción no está suficientemente basada en
la restante documentación adjunta al pedido, de la que surge que, para
diciembre de 1988 el requerido no podía ser encontrado en el país
requirente, lo cual motivó que en 1991 se hiciera extensiva su
búsqueda al campo internacional, y no se desprende de las demás
constancias de la causa de qué modo, pese a no ser habido, Pietro
Antonio Nardelli pudo haber tenido aquel conocimiento para así ejercer
su derecho a ser oído (fs. 45 y 206/208; fs. 161 y 255 de la causa que
corre por cuerda).
33) Que lo expuesto determina a este Tribunal a mantener su
jurisprudencia en casos como el presente ya que no existe una norma
convencional o del jus cogens (artículos 27 y 53 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados) que lo habilite a resignar la
invocación del orden público interno como medida del sacrificio
necesario para satisfacer el propósito de colaboración que como
criterio rector rige en trámites de extradición.
34) Que la solución aquí adoptada, lejos de atentar contra ese
principio de colaboración, lo reafirma, ya que la realización de los
altos fines de la justicia penal, instituida en todos los países
civilizados para garantía de sus habitantes (Fallos: 154:157, pág.
162; 154:333, pág. 336; 156:169, pág. 180; 166:173, pág. 177), se
vería frustrada y aquéllos privados de contenido, si so pretexto de
aquel principio el Tribunal acudiera a razones extralegales genéricas,
como son las atinentes a la conveniencia universal del enjuiciamiento
y castigo de todos los delitos y al interés y a la seguridad de las
sociedades humanas (Fallos: 261:94 y 311:1925 antes citado, consid.
11), para apartarse de su inveterada jurisprudencia consagrada en
salvaguarda del derecho humano a la defensa en juicio.
35) Que la existencia de mecanismos de tutela supranacional a los que
el país requirente se encuentra sometido, no parece suficiente
protección para que el Tribunal adopte una decisión favorable a la
extradición, ya que en supuestos como el de autos es precisamente la
entrega lo que habilitaría la ejecución de la condena in absentia,
exponiendo al sujeto requerido al riesgo de una violación de uno de
sus derechos fundamentales. Peligro que el derecho internacional
actual tiende a prevenir, y no precisamente a inducir, y por cuya
vigencia efectiva debe seguir velando el Tribunal en ejercicio de su
elevada misión de administrar justicia (Fallos: 317:1881,
considerandos 10 y 12 del voto de la mayoría, considerando 9º del voto
de los jueces Belluscio y Petracchi y considerando 18 del voto del
juez Fayt), con la contribución que ello también importa a la
realización del interés superior de la comunidad internacional.
Por lo expuesto y habiendo dictaminado el señor Procurador General, el
Tribunal resuelve: Modificar parcialmente la resolución de fs. 344/351
y condicionar la decisión de entrega a que el país requirente ofrezca
garantías suficientes de que el requerido será sometido a nuevo juicio
en su presencia, a cuyo fin, deberá hacerse saber a la República de
Italia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 13 del acuerdo de
voluntades aprobado por ley 23719 , que de subsistir su interés en la
entrega, acompañe en el plazo de 45 días información complementaria
que ajuste el pedido a la condición impuesta. Así también, para que en
igual plazo y de mantener los términos de la nota verbal Nº 676 del 18
de julio de 1994, mediante la cual extendió las causales de
extradición a la ejecución de la orden de penas concurrentes Nº
2663/93 R.E. de la Fiscalía de la República ante el Tribunal Ordinario
de Milán (fs. 241), agregue los documentos justificativos de ese nuevo
pedido con respecto a cada una de las restantes condenas que allí
concurren a los efectos de que se imprima el trámite de ley conforme
fue resuelto en el punto dispositivo V de la resolución de fs.
344/351.
Notifíquese y devuélvase para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el párrafo anterior y se prosiga con el trámite de la causa según lo
aquí resuelto, con la observación de que los jueces intervinientes
deberán evitar postergaciones que dilaten sin término la decisión
referente al caso controvertido.
CARLOS S. FAYT ‑ ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI ‑ GUSTAVO A. BOSSERT.
FALLO IN EXTENSO AR_JA004 JJTextoCompleto CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN