ANEXO ÚNICO AVISO En Cumplimiento A Lo Ordenado En

ANEXO ÚNICO AVISO En Cumplimiento A Lo Ordenado En

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ANEXO ÚNICO
AVISO
En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo emitido por el Pleno del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en
sesión plenaria ordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, con toda atención hago de su conocimiento que este Órgano
Colegiado determinó autorizar la publicación de los “Lineamientos para
la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades
Federativas de la República Mexicana”, en los siguientes términos:
“LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE FACILITADORES JUDICIALES
ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN MATERIA PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES Y SUPREMOS DE JUSTICIA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.”
El Consejo de Certificación en Sede Judicial, integrado por los
Directores de Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Sede Judicial de las Entidades Federativas de las
siguiente regiones: Noroeste: Sonora; Occidente: Guanajuato; Noreste:
Tamaulipas; Centro: Distrito Federal; y Sureste: Oaxaca, con
fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, CUARTO
Transitorio y demás aplicables de la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y ante la
necesidad de establecer los criterios mínimos de certificación de
facilitadores judiciales en materia penal, para cuya realización se
han tomado en cuenta los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.- Que los Poderes Judiciales locales del país se organizaron
en una Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos, A.C. (CONATRIB), cuyo propósito fundamental
es el mejoramiento de la impartición de justicia.
SEGUNDO.- Que la CONATRIB tiene entre otros fines, la consolidación de
la impartición de justicia, a través de los principios de
independencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, excelencia y
profesionalismo; y de la actualización y modernización de las
instituciones, procedimientos y sistemas, para impartir justicia de
manera pronta, completa e imparcial, con absoluto respeto a los
derechos humanos.
TERCERO.- Que la CONATRIB se encuentra en permanente diálogo y
análisis que permite la participación de sus Órganos Jurisdiccionales
y de Mecanismos Alternativos, para enriquecer, con sus aportaciones,
la transición a nuevas modalidades procesales y así, buscar soluciones
que fortalezcan la calidad, excelencia y modernización de la
impartición de justicia, con un enfoque ético.
CUARTO.- Que por mandato Constitucional relativo al artículo 17,
existe la obligación de que todas las leyes preverán Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias.
QUINTO.- Que el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el
Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se prevén las
diferentes Soluciones Alternativas y formas de terminación anticipada
al procedimiento penal.
SEXTO.- Que el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que tiene
como objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones
de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia
penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la
legislación procedimental penal aplicable.
SÉPTIMO.- Que el artículo 40 de la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece
que los Poderes Judiciales Estatales podrán contar con órganos
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal, en el que dicho Órgano deberá contar con
Facilitadores debidamente certificados.
OCTAVO.- Que el artículo 41 de la Ley Nacional establece que la
certificación será un requisito fundamental para poder ser designado
como Facilitador Judicial en materia penal adscrito al órgano.
NOVENO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal, los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas
que cuenten con un Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal, conformarán un Consejo de
Certificación en sede Judicial.
DÉCIMO.- Que según lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de
la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, el Consejo de Certificación en sede
Judicial establecerá los criterios mínimos en los temas de
capacitación, evaluación, certificación y renovación de certificación,
de Facilitadores de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternos
de Solución de Controversias en Materia Penal de la Federación y de
las Entidades Federativas; que de conformidad con el artículo cuarto
transitorio del Decreto por el que se expide dicha Ley Nacional,
deberá elaborar dentro de los sesenta días siguientes a su
publicación.
DÉCIMO PRIMERO.- Que en fecha 06 de marzo de 2015, en la Ciudad de
Morelia Michoacán, en el marco de la Primera Asamblea Plenaria
Ordinaria, los titulares de los Poderes Judiciales Locales aprobaron
el proyecto de los Lineamientos de Certificación de Facilitadores en
Materia Penal, y que a la fecha han surgido nuevas necesidades y
propuestas de mejoras a dichos Lineamientos por parte de los Órganos
especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal.
Por tal razón y para la adecuada aplicación de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,
se realizan modificaciones a dichos lineamientos y se expiden las
siguientes modificaciones creando los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE FACILITADORES JUDICIALES
ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN MATERIA PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES Y SUPREMOS DE JUSTICIA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de interés general y de
observancia obligatoria para todos los Tribunales Superiores de
Justicia de las Entidades Federativas y corresponde a cada Estado su
aplicación, teniendo los siguientes objetos:
I.
Establecer los criterios mínimos para las capacitaciones
orientadas a cubrir los requisitos de certificación o renovación
de la misma;
II.
Determinar los procedimientos técnicos de evaluación y de
certificación de Facilitadores Judiciales en materia penal;
III.
Instituir los lineamientos de renovación de la certificación de
Facilitadores Judiciales en materia penal; y
IV.
Constituir los criterios mínimos de capacitación continua para los
Facilitadores Judiciales en materia penal.
V.
Establecer los lineamientos en materia de difusión para promover
la utilización de los Mecanismos Alternativos; y
VI.
Determinar la base de datos.
Artículo 2.- Para los efectos de los presentes lineamientos, se
entenderá por:
I.
La CONATRIB.- La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos;
II.
El Órgano.- El Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Sede Judicial;
III.
La Ley.- La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal;
IV.
El Consejo.- El Consejo de Certificación en sede Judicial;
V.
La Secretaría Técnica.- La Secretaría Técnica del Consejo de
Certificación en sede Judicial;
VI.
El Comité de Certificación.- La instancia encargada en cada
Tribunal Superior o Supremo de las Entidades Federativas de llevar
a cabo el proceso de capacitación, certificación o renovación de
la certificación de Facilitadores Judiciales en materia penal;
VII.
El Facilitador.- El Facilitador Judicial especializado en
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en
materia Penal;
VIII.
Lista Oficial de Facilitadores.- La lista oficial de Facilitadores
Judiciales Certificados;
IX.
Capacitación Continua.- Los programas de estudio teórico-práctico
impartidos a los Facilitadores certificados en funciones
pertenecientes al Órgano;
X.
Difusión.- La promoción de la utilización de los Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, a través de los
diversos medios o canales de comunicación; y
XI.
Base de datos.- La información que generen los asuntos sometidos a
la competencia de los Órganos, contendida en sistemas electrónicos
e informativos.
CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN
Artículo 3.- El proceso de certificación iniciará con la convocatoria
que para tal efecto emita el Comité de Certificación, la cual, podrá
ser abierta o en las que sólo puedan participar los servidores
públicos de los Poderes Judiciales.
Artículo 4.- La convocatoria será publicada en los medios de
comunicación oficial del Poder Judicial convocante o del Órgano, por
lo menos con veinte días de anticipación a la fecha de la evaluación
previa.
Artículo 5.- La convocatoria deberá contener por lo menos los
siguientes requisitos:
I.
Los requisitos de ingreso e inscripción;
II.
Lugar, fecha y hora para la recepción de documentos;
III.
Fecha límite para participar en el proceso de certificación;
IV.
Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer a los aspirantes que
fueron seleccionados para continuar con la siguiente etapa del
proceso de certificación;
V.
Etapas del proceso que deberán acreditar para la certificación
correspondiente; y
VI.
Datos del área respectiva para atender dudas y aclaraciones de los
aspirantes.
Artículo 6.- Publicada la convocatoria, así como durante el proceso de
certificación, los participantes deberán abstenerse de realizar
directa o indirectamente gestión personal alguna tendiente a verse
favorecidos en el proceso de certificación ante el Órgano y el Comité
de Certificación. Para el caso de los aspirantes que colaboren dentro
del Órgano, deberán atender las disposiciones que el Comité de
Certificación emita para esos efectos. Hacerlo en contravención de
esta disposición, ameritará la descalificación inatacable del
participante en el proceso de certificación.
CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
Artículo 7.- Los aspirantes a Facilitador que deseen ingresar al
proceso de certificación, además de los requisitos señalados en el
artículo 48 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en Materia Penal, deberán presentar ante el
Órgano, los siguientes documentos:
I.
Formato de solicitud de registro que estará a su disposición en la
página virtual del Poder Judicial del Estado así como en el
Órgano, con firma autógrafa y acompañada de los documentos que se
indican en las siguientes fracciones;
II.
Copia y original para su cotejo del título profesional de
licenciatura en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación
o cualquier área relacionada con las ciencias humanísticas y/o
sociales; y de la cédula profesional con registro federal;
III.
Copia y original para su cotejo del acta de nacimiento con mínimo
seis meses de expedición, con la que acredite contar con
veinticinco años de edad como mínimo;
IV.
Copia y original para su cotejo de identificación oficial, en la
que podrán mostrar cualquiera de los siguientes documentos:
a.
Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral;
b.
Identificación vigente con fotografía y firma, expedida por la
Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios;
c.
Pasaporte vigente;
d.
Cédula profesional;
e.
Cartilla del Servicio Militar Nacional; y
f.
Certificado de Matrícula Consular.
V.
Curriculum Vitae;
VI.
Exposición de Motivos, en la que manifieste su interés en la
obtención de la certificación;
Escrito original en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste
expresamente:
a.
Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos;
b.
Gozar de buena reputación;
c.
No haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena
corporal; y
d.
No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, comisiones o
cargos públicos.
VII.
Acreditar que no ha sido sentenciado por delito doloso;
VIII.
Escrito de conformidad para que se le practiquen exámenes de
evaluación, así como examen de competencias y habilidades, como
parte del procedimiento para certificarse; y
IX.
Los demás que establezcan los Comités de Certificación.
La presentación de la solicitud de registro implica, necesariamente,
que el aspirante conoce los requisitos exigidos para su registro y
participación en el proceso de certificación, así como su conformidad
con ellos.
Artículo 8.- La documentación señalada con anterioridad deberá ser
presentada en los términos y plazos establecidos en la convocatoria.
Artículo 9.- El Comité de Certificación formará el expediente
respectivo y procederá a examinar los documentos presentados, a efecto
de verificar el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo
7 de este ordenamiento, asignándole a cada solicitud, una clave de
identificación. En caso de incumplimiento, se hará saber al aspirante
mediante notificación por lista publicada en el órgano, cuáles son los
documentos faltantes a fin de que subsane la omisión en el término de
tres días hábiles a partir de la notificación para continuar con el
trámite respectivo.
En caso de que el aspirante sea omiso al requerimiento o no cumple
debidamente con el mismo, se certificará dicha circunstancia y será
rechazada su solicitud de registro; hecho lo anterior, se emitirá la
lista de aspirantes seleccionados a que se refiere la fracción IV del
artículo 5 de estos lineamientos, debiendo utilizar la clave de
identificación asignada.
Artículo 10.- Cumplida la etapa de registro, el Comité de
Certificación continuará con el proceso de certificación de
conformidad con las etapas señaladas en la convocatoria.
CAPÍTULO IV
DE LA ETAPA INICIAL
Artículo 11.- Los aspirantes que acrediten contar con los requisitos
señalados en la fecha y términos establecidos, accederán a la etapa
inicial de certificación consistente en una evaluación previa mediante
la presentación y aprobación de un examen de habilidades,
características de la personalidad y competencias, el cual será
aplicado y calificado por especialistas en evaluación de perfiles
profesionales, en base al perfil siguiente:
I.
Honestos;
II.
Asertivos;
III.
Empáticos;
IV.
Confiables;
V.
Creativos como habilidad cognitiva;
VI.
Perseverantes;
VII.
Flexibles;
VIII.
Pacientes;
IX.
Capacidad de Comunicarse;
X.
Capacidad para ser neutral e imparcial; y
XI.
Capacidad de Escuchar Activamente.
Artículo 12.- El Comité de Certificación dará a conocer, a través de
la lista a que se refiere la fracción IV del artículo 5 de este
ordenamiento, el lugar, fecha y hora en que deberá realizarse esta
evaluación.
Para el ingreso a la evaluación previa, los aspirantes deberán
identificarse con documento oficial con fotografía, que deberán
exhibir en original.
Artículo 13.- El Comité de Certificación documentará toda incidencia
que se presente durante la evaluación previa, así como la inasistencia
de los aspirantes convocados.
En caso de inasistencia del aspirante con causa justificada a criterio
del Comité de Certificación, se le podrá reprogramar la fecha por una
sola ocasión, de lo contrario quedará descalificado del proceso.
Artículo 14.- El Comité de Certificación dará a conocer, a través de
los medios de comunicación oficial del Poder Judicial convocante o del
Órgano, el resultado del examen de habilidades, características de la
personalidad y competencias, utilizando la clave de identificación
asignada.
En contra de la formulación de la lista de los aspirantes considerados
aptos para el perfil, no procederá recurso alguno.
CAPÍTULO V
DE LA CAPACITACIÓN
Artículo 15.- Publicada la lista definitiva de aquellos que hayan
resultado aptos para el perfil, el Comité de Certificación los citará
para la etapa siguiente de capacitación, la cual cubrirá ciento
ochenta horas teóricas-prácticas en los temas siguientes:
I.
Desarrollo conceptual e histórico de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias;
II.
Teoría del Conflicto;
III.
Técnicas y procesos para la transformación de Conflictos y
construcción de paz;
IV.
Teoría y habilidades comunicacionales;
V.
Habilidades y Técnicas para Mediadores y Conciliadores;
VI.
Ética de Mediadores y Conciliadores;
VII.
Fundamentos de Derecho Penal;
VIII.
Técnicas para la redacción de convenios y acuerdos;
IX.
Teoría y técnicas de negociación;
X.
Manejo de la ira y control de crisis;
XI.
Programación Neurolingüística;
XII.
Modelos de Mediación y Conciliación;
XIII.
Teoría y Modelos de Justicia Restaurativa;
XIV.
Etapas del Proceso Penal Acusatorio; y
XV.
Soluciones Alternas previstas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
El Comité de Certificación tendrá a su cargo la elaboración de los
exámenes y programas de capacitación correspondientes, en coordinación
con la Escuela, Instituto o área de capacitación de los Tribunales
Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas,
asimismo, será el responsable de vigilar que los docentes
seleccionados para capacitar y formar a los Facilitadores tengan la
formación académica y la práctica requerida para tal efecto.
Artículo 16.- Respecto a la capacitación práctica, el aspirante deberá
como mínimo acreditar sesenta horas prácticas con la que se
complementará el desarrollo de habilidades para el Facilitador. El
área práctica debe realizarse, dependiendo del fundamento teórico, a
través de ejercicios escritos, discusión de casos, juego de roles y
demostración de casos.
Artículo 17.- En el caso de que los aspirantes aprobados cuenten con
capacitación teórica-práctica total de ciento ochenta horas, en los
últimos cinco años anterior a la fecha de la convocatoria, debidamente
acreditada y relacionada con los temas previstos en el programa de
capacitación diseñado, o sean Especialistas mediadores-conciliadores
adscritos al Órgano con experiencia en materia penal por más de 2
años, podrán presentar directamente cuando corresponda, la evaluación
final sin necesidad de cumplir con la etapa de capacitación.
Para ello, deberán presentar escrito motivado de esta decisión y los
documentos que avalen la capacitación, además de los requisitos que
establezca la convocatoria, relacionados con lo previsto en el
artículo 7 de estos lineamientos.
Artículo 18.- Corresponde al Comité de Certificación, decidir si lo
presentado por el aspirante, cubre y acredita la capacitación exigida.
Contra esta determinación, no procede recurso alguno.
Artículo 19.- Los Facilitadores certificados en funciones que
pertenecen al Órgano, deberán de recibir capacitación continua, la
cual deberá de tener como mínimo cien horas en un periodo de tres
años, en temas relacionados a las áreas de estudio al que se refiere
el artículo 31 fracción II de estos lineamientos, que formará parte
del programa de actividades anual del Instituto o área de capacitación
en sede Judicial.
CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN FINAL
Artículo 20.- Una vez culminado el programa de capacitación con el
ochenta por ciento de asistencia de los aspirantes a Facilitador, o
bien, haber acreditado que cuenta con la capacitación teórica practica
de ciento ochenta horas en los últimos cinco años anterior a la fecha
de la convocatoria, con respecto a las áreas de estudio previstas en
el programa, el Comité de Certificación, mediante acuerdo que emita al
respecto, señalará el lugar, fecha y hora para la presentación del
examen final que hará del conocimiento a los aspirantes, a través del
medio de comunicación oficial del Poder Judicial convocante o del
Órgano.
Artículo 21.- La evaluación final consistirá:
I.
Examen escrito teórico aprobado previamente por el Comité de
Certificación, con base a los temas vistos en la capacitación
brindada por el Órgano;
II.
Caso práctico consistente en la simulación de un proceso de
mediación, conciliación o justicia restaurativa, bajo el siguiente
esquema:
a.
Previo a la simulación, al aspirante se le entregará una narración
breve del asunto;
b.
Participarán en la simulación:
1.
El aspirante como Facilitador; y
2.
Dos especialistas en la materia como intervinientes;
c.
El aspirante llevará la pauta en el desarrollo de la simulación;
d.
La simulación no podrá exceder de noventa minutos y podrá ser
video grabado para su análisis posterior.
Para el ingreso a las evaluaciones, los aspirantes deberán
identificarse con documento oficial con fotografía, que deberán
exhibir en original.
Artículo 22.- El Comité de Certificación será el encargado de
calificar el examen escrito teórico y caso práctico.
La aprobación de ambos exámenes requerirá la obtención cada uno de un
mínimo de ocho de calificación, en una escala de uno a diez.
Para el caso práctico se aplicarán las plantillas que para tal efecto
se aprueben por el Comité de Certificación de manera previa sobre los
puntos a calificar.
La evaluación del caso práctico, se podrá realizar con el auxilio de
instituciones externas.
Artículo 23.- El Comité de Certificación valorará los resultados de la
evaluación final practicada a los aspirantes y levantará acta
circunstanciada en la que hará constar el promedio obtenido en los dos
exámenes; dichos resultados serán publicados en los medios de
comunicación oficial del Poder Judicial convocante o del Órgano,
utilizando la clave de identificación asignada.
Para que los aspirantes obtengan la certificación motivo de este
proceso, el Comité de Certificación tomará en cuenta el promedio
derivado de los dos exámenes, que no podrá ser menor a ocho. Este
resultado será irrecurrible.
CAPÍTULO VII
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 24.- Los aspirantes que resultaron aprobados en la evaluación
final en términos de los artículos del capítulo anterior, obtendrán la
certificación como Facilitador en materia penal y les será expedido el
certificado correspondiente, que contendrá las firmas autógrafas del
Comité de Certificación.
De autorizarse la certificación, el Comité de Certificación expedirá
el certificado correspondiente con vigencia de tres años, en un
término no mayor a sesenta días contados a partir de la fecha en que
sean publicados en los medios de comunicación oficial del Poder
Judicial convocante o del Órgano, los resultados.
Los nombres de quienes obtengan la certificación serán publicados en
los medios oficiales del Poder Judicial de que se trate o del Órgano,
según lo establezca la convocatoria.
Artículo 25.- La certificación tendrá una vigencia de tres años a
partir de la fecha de la resolución en que se haya concedido, al
término de la cual, los interesados habrán de someterse al
procedimiento de renovación de la certificación a que se refieren
estos lineamientos.
Artículo 26.- En materia penal, los Facilitadores, Mediadores o
Conciliadores adscritos al Órgano, que cuenten con anterior
certificación del Poder Judicial de que se trate o del Órgano, estarán
exentos de someterse al procedimiento de certificación señalado, sin
embargo una vez que ésta fenezca, el Facilitador, Mediador o
Conciliador deberá someterse al proceso de renovación de certificación
en los plazos establecidos en los presentes lineamientos.
Artículo 27.- El Comité de Certificación integrará y actualizará una
lista oficial de Facilitadores Judiciales en materia penal, que para
el efecto se elabore en cada entidad federativa.
Artículo 28.- Los Facilitadores estarán sujetos a la responsabilidad
civil, penal y administrativa y, en su caso, a los procedimientos
disciplinarios establecidos en los ordenamientos correspondientes, de
acuerdo a la dependencia o institución a la que pertenezcan.
Artículo 29.- El Órgano llevará un registro digital y físico de las
personas que hayan obtenido la certificación como Facilitador en
materia penal, debiendo asentar los siguientes datos: nombre completo,
fecha de nacimiento, profesión, número de cédula, domicilio, fecha de
la resolución que concedió la certificación, vigencia de la
certificación, así como cualquier otro dato que el Consejo considere
relevante.
CAPÍTULO VIII
DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 30.- Con sesenta días de anticipación al vencimiento de la
certificación en materia penal, el Facilitador deberá iniciar el
procedimiento de renovación ante el Comité de Certificación.
Artículo 31.- El Facilitador interesado en la renovación de su
certificación deberá solicitar por escrito, el inicio del proceso de
renovación. Al escrito de referencia deberá de acompañar los
documentos que acrediten lo siguiente:
I.
Haber ejercido como Facilitador por lo menos el último año del
lapso en el que estuvo vigente su certificación;
II.
Acreditar fehacientemente capacitación de cien horas en los
últimos tres años en materias relacionadas con los mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal o bien
cualquiera de los siguientes temas:
a.
Desarrollo conceptual e histórico de los Mecanismos Alternativos
de solución de Controversias;
b.
Teoría del Conflicto;
c.
Técnicas y procesos para la transformación de Conflictos y
construcción de paz;
d.
Teoría y habilidades comunicacionales;
e.
Habilidades y Técnicas para Mediadores y Conciliadores;
f.
Ética de Mediadores y Conciliadores;
g.
Fundamentos de Derechos Humanos;
h.
Fundamentos de Derecho Penal;
i.
Fundamentos de Derecho Público;
j.
Fundamentos en legislación de Justicia para Adolescentes;
k.
Técnicas para la redacción de convenios y acuerdos;
l.
Teoría y técnicas de negociación;
m.
Manejo de la ira y control de crisis;
n.
Violencia y Equidad de Género;
o.
Programación Neurolingüística;
p.
Modelos de Mediación y Conciliación;
q.
Teoría de la Justicia Restaurativa, sus Modelos y Prácticas
Restaurativas;
r.
Estrategias para la recuperación del Trauma y aumentar la
Resiliencia;
s.
Fundamentos de Victimología;
t.
Fundamentos de Penología;
u.
Fundamentos de Antropología Criminal; y
v.
Fundamentos de Psicología Criminal.
Artículo 32.- Recibida la solicitud, el Comité de Certificación, a
través de un acuerdo, aprobará o denegará el inicio del trámite de la
renovación.
En los casos que falte alguno de los requisitos señalados en el
artículo anterior, se podrá dictar prevención para que en un término
de tres días hábiles siguientes, se aclare o corrija alguna parte del
escrito o en su caso, se exhiba algún documento o dato que tenga
relevancia.
Artículo 33.- La aprobación de la renovación de la certificación del
Facilitador, corresponderá al Comité de Certificación, quien emitirá
un dictamen a través del cual fundará el acuerdo de renovación o en su
caso, la negativa de ésta.
De autorizarse la renovación, el Comité de Certificación expedirá el
certificado correspondiente con vigencia de tres años, en un término
no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de
presentación del escrito de solicitud.
La renovación de la certificación será notificada al Facilitador a
través de los medios de comunicación oficial del Poder Judicial de que
se trate o del Órgano.
Artículo 34.- Se hará del conocimiento de la renovación de la
certificación del Facilitador al Órgano para que mantenga el registro
digital y físico actualizado de la lista oficial de Facilitadores.
Artículo 35.- En caso de que el dictamen determinara la negativa para
renovar la certificación del Facilitador, se otorgará un plazo de
sesenta días hábiles contados a partir de que se notifique esta
decisión, para que subsane las inconsistencias que hubieren fundado
dicha negativa, y se realice de nueva cuenta el procedimiento para la
renovación de su certificación.
Esta oportunidad para subsanar inconsistencias, incluyendo los
exámenes con resultados negativos, sólo podrá llevarla a cabo el
Facilitador una sola vez en forma inmediata al dictamen negativo. De
lo contrario, deberá esperar seis meses a partir del dictamen
negativo, para volver a solicitar la renovación de su certificación.
CAPÍTULO IX
DE LA REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 36.- Son causas de revocación de la certificación, las
siguientes:
I.
Que el Facilitador deje de reunir alguno de los requisitos
establecidos en estos lineamientos;
II.
Desempeñar su función sin ajustarse a los principios de los
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia
penal exigidos por la ley de la materia;
III.
Haber concluido la vigencia de la certificación sin realizar o
cumplir con el procedimiento para su renovación; y
IV.
No haber obtenido la renovación de la certificación.
Artículo 37.- El procedimiento para la revocación de la certificación
otorgada en términos de los presentes lineamientos, podrá iniciarse
oficiosamente o a petición de parte interesada, ante el Comité de
Certificación.
Artículo 38.- Las circunstancias no previstas en los presentes
lineamientos, serán resueltas por el Comité de Certificación.
Artículo 39.- Si fuera el caso de que los presentes lineamientos
tuvieran que sufrir reformas, éstas deberán de ser realizadas y
aprobadas por los integrantes del Consejo, en reunión plenaria
convocada para tal efecto.
CAPÍTULO X
DE LA DIFUSIÓN
Artículo 40.- El Órgano promoverá en los medios masivos y oficiales de
comunicación, la utilización de los Mecanismos Alternativos,
atendiendo a los principios básicos establecidos en la ley, de manera
coordinada con el área de Comunicación Social o equivalente en sede
Judicial, debiendo formar parte del programa de actividades anuales de
dicha dependencia.
CAPÍTULO XI
DE LA BASE DE DATOS
Artículo 41.- La información que generen los asuntos tramitados en el
Órgano, se conservará en sistemas electrónicos e informáticos, que
conformarán una base de datos.
Artículo 42.- La base de datos contendrá el número de asuntos
ingresados, el estatus en que se encuentran, el resultado final y el
resultado del seguimiento para cumplimiento del acuerdo reparatorio.
Esta base servirá para llevar a cabo estudios estadísticos en torno al
funcionamiento del servicio, al porcentaje de cumplimiento e
incumplimiento de los acuerdos y los asuntos de reiteración de las
controversias entre los intervinientes.
Artículo 43.- El Órgano, enviará el contenido de la base de datos a la
Procuraduría o Fiscalía General de Justicia del mismo Estado, para lo
cual se celebraran convenios de homologación de sistemas entre estos y
el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que sean
compatibles para la transferencia y consulta de dichos datos por el
Órgano.
Los datos que se conserven por el Órgano y sean transferidos a la
Procuraduría o Fiscalía Estatal, servirán para alimentar la base de
datos nacional administrada por el Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 44.- La homologación de sistemas informáticos, para la
conservación, transferencia y consulta de datos, será realizada en
coordinación por el área de informática en sede Judicial o del órgano,
la Procuraduría o Fiscalía del Estado y el Centro Nacional de
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, quienes además, serán los encargados de preservar
dichos datos, mantener y actualizar los sistemas informáticos que se
utilizan de manera óptima.
CAPÍTULO XII
DE LA CAPACITACIÓN CONTINUA
Artículo 45.- Los Facilitadores certificados adscritos al Órgano,
deberán de recibir capacitación continua, la cual deberá de tener como
mínimo cien horas en los últimos tres años, en temas relacionados a
las áreas de estudio a que se refieren el artículo 15 y 31 fracción II
de estos lineamientos, que formarán parte del programa de actividades
anual de la Escuela, Instituto o área de capacitación de los
Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, o del
propio Órgano.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en los medios oficiales de cada Tribunal que
cuente con un Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal o su equivalente.
SEGUNDO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a los sesenta
días de su publicación.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente documento.
CUARTO.- Los Facilitadores, Especialistas Mediadores, Prestadores de
Servicios o cualquier calidad con que se haya certificado a operadores
adscritos al Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Sede Judicial, podrán conocer asuntos en
materia penal, hasta en tanto se emita la certificación conforme a los
presentes lineamientos.
Con el objetivo de brindar mayores condiciones para la implementación
de la Ley, en el primer proceso de certificación que se efectúe por
los Comités de Certificación, se tomarán en cuenta los siguientes
aspectos:
I.
Todas las personas que cuenten con certificaciones previstas en
las leyes de Mecanismos Alternativos o de justicia alternativa
vigentes en las entidades federativas, estarán exentos de
someterse al procedimiento de certificación señalado en estos
lineamientos;
II.
Quienes no cuenten con certificación alguna y estén interesados en
obtener la que establece la Ley y estos Lineamientos, deberán
someterse al procedimiento respectivo, no obstante, a efecto de
quedar exentos de la capacitación como parte del proceso, se
tomarán en cuenta las horas de capacitaciones previas que hayan
cursado y acreditado fehacientemente en los últimos tres años
contados a partir de la publicación de la convocatoria.
Una vez que fenezca la certificación emitida en base en las
consideraciones anteriores, los Facilitadores, Mediadores o
Conciliadores se someterán a la Renovación de Certificación conforme
al proceso correspondiente.
Los subsecuentes procesos de certificación se ejecutarán conforme a lo
dispuesto en los presentes Lineamientos.
QUINTO.- Si fuera el caso de que los presentes lineamientos tuvieran
que sufrir reformas, éstas deberán de ser propuestas por el Consejo y
aprobadas en reunión plenaria de la CONATRIB.
SEXTO.- En lo no previsto, será aplicable la legislación que regule
los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia
penal; y los acuerdos emitidos por el Consejo de Certificación.
ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, MAGISTRADO LIC. CARLOS FELIPE ORTEGA
RUBIO.- (RÚBRICA).
LA ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS, MTRA. JAQUELINE DEL
CARMEN ESTRELLA PUC.- (RÚBRICA).
A v. Patricio Trueba y de Regil No. 236, Col. San Rafael, C.P.
24090, San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. (981) 81 3-06-64, ext. 1016 y fax 1286.
www.poderjudicialcampeche.gob.mx
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